La Agencia Tributaria de Catalunya ha publicado este lunes una lista con 58 contribuyentes que sumaban una deuda de 152,98 millones de euros el 31 de diciembre del año pasado. En la lista, constan aquellas personas físicas o jurídicas que tienen pendiente abonar sanciones o deudas pendientes con la hacienda pública catalana correspondientes a impuestos propios o cedidos. En primer lugar, aparece por primera vez Yosef Faradhi, que solo él ya acumula una deuda de 52,3 millones de euros, seguido de otros habituales en la lista como PlayBadalona S.A. (9,29 millones), la compañía Riera de Cabanyes (8,1 millones) y la compañía Rec Madral (7,9 millones de euros).
Ocupa el quinto lugar, Adrià Camp Buendía, con 4,38 millones de deuda, seguido de Jordi Dalmau Orriols (4,23 millones), Anna Maria Borrell Marín (3,39 millones), la sociedad Moramar SA (3,3 millones), Michel de Haro Romano (3,03 millones) y Nancy Janneth Suárez Cáceres (2,65 millones).
Otros que repiten en la lista son Víctor Juan Fontfreda Puig, con 2,48 millones de euros, o las hermanas Maria Carmen Ballbé Anglada (938.797,4 euros) y Maria del Mar Anglada (870.599,7 euros).
La Generalitat precisa que la lista no tiene en cuenta las actuaciones a futuro posteriores al 31 de diciembre relacionadas con el pago de las deudas, excepto si ya ha abonado la totalidad del importe
Las deudas y sanciones tributarias corresponden a tributos propios o cedidos que gestiona y recauda la ATC y están relacionados, mayoritariamente, con los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y patrimonio; la tasa sobre el juego, y liquidaciones procedentes de la Agencia Catalana del Agua, relacionadas con el canon del agua.
La Generalitat precisa que la lista no tiene en cuenta las actuaciones a futuro posteriores al 31 de diciembre relacionadas con el pago de las deudas, excepto si ya ha abonado la totalidad del importe. Asimismo, se han incorporado todas las deudas que establece la normativa reguladora, incluidos los que están en proceso de estudio o los que se puedan trasladar a otras administraciones y/o autoridades.
Según la Generalitat, el objetivo de la publicación de la lista es que sea un instrumento de transparencia y de concienciación cívica y tributaria para la prevención y reducción del fraude fiscal.