Ada Coláis se pone manso a la obra con la vivienda pública. Y para hacerlo la alcaldesa de Barcelona ha recurrido al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha aprobado financiar con 125 millones de euros la construcción de 2.198 viviendas de alquiler público a la ciudad, cubriendo el 50% del coste del proyecto de 23 promociones de pisos. Esta financiación, pero, es sólo una parte del que prevé el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 del Gobierno municipal y que, entre otras cosas, pretende atacar el problema de los precios desbocats del alquiler a la capital catalana mediante la construcción de 30.000 pisos públicos.
Barcelona, con un 2%, es la última de la clase en cuanto a la vivienda social si la comparamos con otros vecinos europeos. Amsterdam cuenta con un 48% de pisos y casas de alquiler social, Berlín un 30%, Londres un 23% y París un 17%, según datos del estudio Políticas comparadas de vivienda de la profesora de la Etsab, Pilar Garcia-Almirante, unas cifras que "se consiguen gracias a una larga tradición de políticas de vivienda", afirma.
La vivienda social en Europa
En Francia se regula esta modalidad de vivienda desde el 1894, a los Países Bajos se regula la creación de entidades que se ocupan de la provisión de vivienda social desde el 1901, en Alemania y Reino Unido la tradición (y la legislación) de vivienda social se remonta al 1919 y en todos los casos se destina entre un 1% y un 3,4% del PIB.
Esta tendencia toma bastante después de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito europeo con una inversión continua para reconstruir edificios que habían quedado destruidos. Pero no sólo invirtiendo en venta, sino promoviendo el alquiler social.
Para la profesora, esta dinámica tan asentada responde a temas culturales, políticos y econòmico-empresariales. En los países norteños de Europa la cultura de la movilidad laboral está mucho más instaurada, fomentando el alquiler, en cambio a los países del Mediterráneo no es tan presente y siempre se ha incentivado (o subvencionado) la compra y el asentamiento de la población desde las instituciones políticas.
Además, en los países norteños del continente, ha existido una cultura de asociación y de entidades que han promocionado la vivienda social. A guisa de ejemplo, en Amsterdam existen 425 organizaciones que gestionan casi 200.000 viviendas con alquiler regulado. Y esta es una práctica que se incentiva desde las instituciones –en la capital de los Países Bajos el 80% de suelo es público- y, a la vez, al suyo cercando ha nacido una iniciativa empresarial que colabora en la gestión, promoción y rehabilitación de este parque de vivienda.
Al sur de Europa la inversión se destina a protección oficial, mientras más al norte se promueve el alquiler social. Esta dinámica ha hecho que actualmente el parco público de vivienda en estas ciudades se peleen magnitudes de un tercio o casi la mitad del total del parque.
La culpa es de Franco
La situación actual, por Garcia-Almirante, viene heredada de unas dinámicas que se remontan a la dictadura de Franco . El Ministerio de la Vivienda a través del Instituto Nacional de la Vivienda fomentó unas políticas orientadas a la titularidad con la "propiedad diferida". Los inquilinos de los pisos públicos construidos durante la dictadura pagaban cuotas bajas durante 25 años con el objetivo final de adquirir la propiedad, una situación muy similar a la italiana o la griega, que buscaba asentar la población.
Además, la política del dictador desincentivava los alquileres: "La ley que duró entre los 60 y el 84 limitaba el alquiler, que era un arrendamiento estable que no variaba en el tiempo. La seguridad del locatario era tan grande que no necesitaba protección". Esto fomentaba la cultura de la compra hasta tal punto que las políticas posteriores a la Transición se mantuvieron muy orientadas a la propiedad.
Con González, Aznar, Zapatero y posteriormente Rajoy, el mercado del alquiler se ha ido liberalizando. "Hemos sufrido la ley del péndulo, hemos pasado de una situación en que los alquileres estaban fuera de mercado a una actualización que también desincentiva esta modalidad, porque comprar parece una opción más establo", explica la profesora. A la vez, las políticas de promoción de vivienda social se han dirigido a la vivienda de protección oficial o tasado, incentivando la compra con desgravaciones fiscales o mecanismos similares. "Si durante los años 60 el 60-70% de la población vivía de alquiler, hacia la década de los 2000 se llega a la situación contraria en que un 80% vive de compra y un 20% vive de alquiler", denuncia Garcia-Almirante.
Un plan de vivienda ambiciosa
En cuanto a la vivienda pública, la situación empezó a cambiar más adelante con la legislación moderna. "Se ha construido un poco de vivienda pública pero realmente muy poco, quizás porque no hay suelo adecuado todo y las cesiones" y siempre contra viento y marea. Las intenciones del Gobierno Coláis son un claro ejemplo.
El Gobierno municipal prevé poner al mercado unos 18.500 pisos de alquiler asequible y social en nuevo años, en el marco del Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 que se aprobó al mes de enero. Actualmente el parque de vivienda pública es del 1,5% del total, una cifra muy por debajo del que tienen otras ciudades europeas. El consistorio construirá 8.854 pisos de manera directa; unos 4.700 en suelo público pero no sólo por parte del Ayuntamiento, de forma que se abre la puerta a la colaboración público-privada, y unos 5.000 se conseguirán a partir de la compra de edificios y de movilizar viviendas vacíos.
El Ayuntamiento cifra en unos 11.000 los pisos asequibles que hay en la ciudad, 6.500 de los cuales son directamente del Patronato Municipal de la Vivienda y que tienen un alquiler mediano es de 202 euros al mes. Los otros son del Incasòl, La Caixa o el tercer sector, entre otros, a los cuales se podría añadir las ayudas al alquiler que cubren las necesidades de 9.000 viviendas. Así se puede decir que en Barcelona hay unos 20.000 pisos con precio por debajo de mercado.
El consistorio prevé que, al acabar el plan, el número de pisos de alquiler asequible en Barcelona llegue a las 30.000 viviendas, cifra que supondría llegar el 2025 al 4% del parque de vivienda destinada a alquiler social. Una cifra que, aún así, no llega ni mucho menos a que establece la Ley catalana de vivienda del 2007 y que nos equipararía a los estándares europeos. Para ir bien, en Cataluña tendría que haber unos 400.000 pisos con alquiler social, unos 100.000 en la ciudad Condal.
Objetivos europeos
La legislación catalana actual pone como objetivo llegar a tener un parco público de vivienda similar al de países de nuestro entorno. Pero estas políticas todavía distan mucho la realidad más próxima: "Intentar potenciar organizaciones non-provecho como las que existen en los Países Bajos son un buen inicio, pero también hay que poner atención a la inversión y ayudas por parte de la Administración para hacer su actividad viable", apunta la profesora. La creación de una banca pública dedicada a este aspecto podría ser un "puntal" para fomentar la vivienda pública.
París quiere llegar a tener el 25% de parco público de vivienda el 2025, la ley Catalana indica un 15%, "pero partiendo de un 2%, hay mucho trabajo a hacer", lamenta la profesora. "Llegar al 3% o al 5% sería un gran hito para salir de una situación de debilidad", añade. Ahora bien, el Gobierno español ha destinado a vivienda público en el periodo del 2006 al 2010 un 0,23% del PIB, una cifra que ha caído al 0,08% en 2011. La perspectiva de revertir la situación (o cambiar esta cultura) es bastante negra, sobre todo teniendo en cuenta que el último Plan de Vivienda de Rajoy subvenciona la compra de vivienda a los jóvenes.
Barcelona, con un 2%, es la última de la clase en cuanto a la vivienda social si la comparamos con otros vecinos europeos. Amsterdam cuenta con un 48% de pisos y casas de alquiler social, Berlín un 30%, Londres un 23% y París un 17%, según datos del estudio Políticas comparadas de vivienda de la profesora de la Etsab, Pilar Garcia-Almirante, unas cifras que "se consiguen gracias a una larga tradición de políticas de vivienda", afirma.
La vivienda social en Europa
En Francia se regula esta modalidad de vivienda desde el 1894, a los Países Bajos se regula la creación de entidades que se ocupan de la provisión de vivienda social desde el 1901, en Alemania y Reino Unido la tradición (y la legislación) de vivienda social se remonta al 1919 y en todos los casos se destina entre un 1% y un 3,4% del PIB.
Esta tendencia toma bastante después de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito europeo con una inversión continua para reconstruir edificios que habían quedado destruidos. Pero no sólo invirtiendo en venta, sino promoviendo el alquiler social.
Para la profesora, esta dinámica tan asentada responde a temas culturales, políticos y econòmico-empresariales. En los países norteños de Europa la cultura de la movilidad laboral está mucho más instaurada, fomentando el alquiler, en cambio a los países del Mediterráneo no es tan presente y siempre se ha incentivado (o subvencionado) la compra y el asentamiento de la población desde las instituciones políticas.
Además, en los países norteños del continente, ha existido una cultura de asociación y de entidades que han promocionado la vivienda social. A guisa de ejemplo, en Amsterdam existen 425 organizaciones que gestionan casi 200.000 viviendas con alquiler regulado. Y esta es una práctica que se incentiva desde las instituciones –en la capital de los Países Bajos el 80% de suelo es público- y, a la vez, al suyo cercando ha nacido una iniciativa empresarial que colabora en la gestión, promoción y rehabilitación de este parque de vivienda.
Al sur de Europa la inversión se destina a protección oficial, mientras más al norte se promueve el alquiler social. Esta dinámica ha hecho que actualmente el parco público de vivienda en estas ciudades se peleen magnitudes de un tercio o casi la mitad del total del parque.
La culpa es de Franco
La situación actual, por Garcia-Almirante, viene heredada de unas dinámicas que se remontan a la dictadura de Franco . El Ministerio de la Vivienda a través del Instituto Nacional de la Vivienda fomentó unas políticas orientadas a la titularidad con la "propiedad diferida". Los inquilinos de los pisos públicos construidos durante la dictadura pagaban cuotas bajas durante 25 años con el objetivo final de adquirir la propiedad, una situación muy similar a la italiana o la griega, que buscaba asentar la población.
Además, la política del dictador desincentivava los alquileres: "La ley que duró entre los 60 y el 84 limitaba el alquiler, que era un arrendamiento estable que no variaba en el tiempo. La seguridad del locatario era tan grande que no necesitaba protección". Esto fomentaba la cultura de la compra hasta tal punto que las políticas posteriores a la Transición se mantuvieron muy orientadas a la propiedad.
Con González, Aznar, Zapatero y posteriormente Rajoy, el mercado del alquiler se ha ido liberalizando. "Hemos sufrido la ley del péndulo, hemos pasado de una situación en que los alquileres estaban fuera de mercado a una actualización que también desincentiva esta modalidad, porque comprar parece una opción más establo", explica la profesora. A la vez, las políticas de promoción de vivienda social se han dirigido a la vivienda de protección oficial o tasado, incentivando la compra con desgravaciones fiscales o mecanismos similares. "Si durante los años 60 el 60-70% de la población vivía de alquiler, hacia la década de los 2000 se llega a la situación contraria en que un 80% vive de compra y un 20% vive de alquiler", denuncia Garcia-Almirante.
Un plan de vivienda ambiciosa
En cuanto a la vivienda pública, la situación empezó a cambiar más adelante con la legislación moderna. "Se ha construido un poco de vivienda pública pero realmente muy poco, quizás porque no hay suelo adecuado todo y las cesiones" y siempre contra viento y marea. Las intenciones del Gobierno Coláis son un claro ejemplo.
El Gobierno municipal prevé poner al mercado unos 18.500 pisos de alquiler asequible y social en nuevo años, en el marco del Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 que se aprobó al mes de enero. Actualmente el parque de vivienda pública es del 1,5% del total, una cifra muy por debajo del que tienen otras ciudades europeas. El consistorio construirá 8.854 pisos de manera directa; unos 4.700 en suelo público pero no sólo por parte del Ayuntamiento, de forma que se abre la puerta a la colaboración público-privada, y unos 5.000 se conseguirán a partir de la compra de edificios y de movilizar viviendas vacíos.
El Ayuntamiento cifra en unos 11.000 los pisos asequibles que hay en la ciudad, 6.500 de los cuales son directamente del Patronato Municipal de la Vivienda y que tienen un alquiler mediano es de 202 euros al mes. Los otros son del Incasòl, La Caixa o el tercer sector, entre otros, a los cuales se podría añadir las ayudas al alquiler que cubren las necesidades de 9.000 viviendas. Así se puede decir que en Barcelona hay unos 20.000 pisos con precio por debajo de mercado.
El consistorio prevé que, al acabar el plan, el número de pisos de alquiler asequible en Barcelona llegue a las 30.000 viviendas, cifra que supondría llegar el 2025 al 4% del parque de vivienda destinada a alquiler social. Una cifra que, aún así, no llega ni mucho menos a que establece la Ley catalana de vivienda del 2007 y que nos equipararía a los estándares europeos. Para ir bien, en Cataluña tendría que haber unos 400.000 pisos con alquiler social, unos 100.000 en la ciudad Condal.
Objetivos europeos
La legislación catalana actual pone como objetivo llegar a tener un parco público de vivienda similar al de países de nuestro entorno. Pero estas políticas todavía distan mucho la realidad más próxima: "Intentar potenciar organizaciones non-provecho como las que existen en los Países Bajos son un buen inicio, pero también hay que poner atención a la inversión y ayudas por parte de la Administración para hacer su actividad viable", apunta la profesora. La creación de una banca pública dedicada a este aspecto podría ser un "puntal" para fomentar la vivienda pública.
París quiere llegar a tener el 25% de parco público de vivienda el 2025, la ley Catalana indica un 15%, "pero partiendo de un 2%, hay mucho trabajo a hacer", lamenta la profesora. "Llegar al 3% o al 5% sería un gran hito para salir de una situación de debilidad", añade. Ahora bien, el Gobierno español ha destinado a vivienda público en el periodo del 2006 al 2010 un 0,23% del PIB, una cifra que ha caído al 0,08% en 2011. La perspectiva de revertir la situación (o cambiar esta cultura) es bastante negra, sobre todo teniendo en cuenta que el último Plan de Vivienda de Rajoy subvenciona la compra de vivienda a los jóvenes.
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