El gobierno español ha decidido extender hasta finales de año la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables, que se estableció con la pandemia de coronavirus. En cambio, ha decidido acabar con la prórroga de seis meses extra para los alquileres a los que se acabe el contrato. Esta medida, que expira el 30 de junio, formó parte del paquete anticrisis para el contexto de inflación a consecuencia de la guerra en Ucrania. En cualquier caso, se mantiene la limitación del 2% cuando se actualiza el precio de un contrato de alquiler en vigor, que ya se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023, para desvincular las subidas del Índice de Precios de Consumo (IPC).
"Ya ha entrado en vigor la ley de vivienda, que establece límites máximos para el alza de los alquileres, del 2% este año y el 3% el próximo. Luego referirán un índice que está en elaboración", ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la decisión de no mantener la prórroga de seis meses. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha argumentado que en virtud de la nueva legislación "las personas vulnerables pueden extender un año la duración de los contratos justamente para tener esa protección".
Fuentes del Gobierno insisten también en que la ley de vivienda aprobada ya ofrece una mayor protección para los inquilinos con vulnerabilidad económica y, para el resto, recuerdan que la legislación establece prórrogas obligatorias de cinco años. Sólo después de este período, necesitan, se consideraría que el contrato ha terminado y es posible acordar una subida de precios superior al límite.
Críticas a la medida
El Sindicato de Inquilinos ha lamentado el fin de la congelación de los precios del alquiler que suponía la prórroga de seis meses, una medida que -argumentan- se puso en marcha para regular el mercado hasta que la ley de vivienda estuviera en funcionamiento en todas las comunidades autónomas. "Solo Catalunya ha declarado que la aplicará y otras muchas comunidades se están negando a hacerlo", ha señalado la organización.
Así, el inquilinato aseguró que se va a producir una ola de expulsiones con la caída de la moratoria. "Caseros y fondos que no quieran renovar contratos de alquiler podrán subir el precio antes de que la regulación sea efectiva. Por tanto, veremos una subida en el precio de los alquileres y más desahucios en pleno julio, precisamente lo que pretende combatir la ley de la vivienda", advirtieron. Para Moncloa, en cambio, la medida extraordinaria tenía sentido en el contexto de la pandemia y la alta inflación por la guerra de Ucrania, pero aducen que son efectos que ya se han moderado.