La aprobación en el Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vital supone "un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa". Así lo señala Càritas Catalunya en un comunicado, donde subrayan que esto "nos dignifica como país, refuerza nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos", pero alertan de que se excluya a las personas en situación irregular, que se restrinja el acceso a los jóvenes a partir de los 23 años o que se limite a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio, entre otros.
Por otro lado, Càritas ve "esencial" que la Generalitat mantenga la inversión que actualmente destina a la Renta Garantizada de Ciudadanía, y que, por un lado sea un complemento al IMV, y de la otra, amplíe la cobertura a colectivos que en la actualidad no tienen acceso.
Hacía años que Càritas pedía que se aprobara una renta mínima estatal porque consideran que una medida como esta "aliviará la situación de centenares de miles de hogares que viven en extremas condiciones de vida". De este modo, apuntan, "familias que no tienen ingresos y que podrán acceder a una medida protectora capaz de garantizar sus derechos básicos".
Precisamente por todo esto, Càritas insiste en que el ingreso mínimo "supone un salto adelante en la garantía de los derechos y en la protección de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad", al mismo tiempo que añaden que "cumplirá, además, una función de factor estabilizador automático en las épocas de crisis, generando una base mínima de protección para las personas que no tengan ingresos, que se reducirá en momentos de bonanza, cuando el empleo pueda recuperarse".