La Cecot ha presentado un recurso contra el Gobierno por no haber devuelto a los particulares y empresas consumidoras de gas el coste del mantenimiento de la plataforma Castor. Según la patronal, el Estado reconoce haber percibido 34,5 millones de euros, pero no los ha devuelto a los consumidores, sino que los ha destinado a mejorar otras instalaciones a través de Enagás.
La entidad empresarial advierte que el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias, la última a finales de mayo, que obligan el ejecutivo de Pedro Sánchez a abonar estos importes. A la vez, se queja que en una respuesta escrita al grupo parlamentario de ERC en el Congreso, el Gobierno español dijera que "se puede considerar que la devolución de estas cantidades a los consumidores ya ha sido ejecutada".
Para el presidente de Cecot, Antoni Abad, esta decisión es "injusta" y no responde al mandato del Tribunal Supremo, que ha dictaminado que se tiene que devolver a los consumidores todo el sobrecoste que tuvieron que soportar entre el 2014 y el 2018 "por una gestión incorrecta del Estado".
Abad: "En vez de devolverles aquel dinero de más que pagaron por una infraestructura fallida, les dicen que los utilizarán para otras finalidades, se desconocen cuáles son y si se podrán beneficiar"
Abad recuerda que los mayores consumidores de gas son las empresas. "En vez de devolverles aquel dinero de más que pagaron por una infraestructura fallada, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo, les dicen que los utilizarán para otras finalidades, se desconocen cuáles son y si se podrán beneficiar", señala.
En la respuesta al grupo parlamentario de ERC, el Gobierno español también afirma que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió el mes de julio de 2019 el reintegro a sistema gasista de las cantidades abonadas y que cuantificó de 209.721.751 euros de Escal, 34.553. 812 euros de Enagás y 141.163.269 euros a entidades financieras. Con todo, no explicita que se haya llevado a cabo el reintegro a sistema gasista de los 4,5 millones de euros pagados a la empresa Escal UGS en 2016, o los 141.163.269 euros cobrados por las entidades financieras.
Quién asume el coste?
La Cecot, juntamente otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertéxtil Español y el Centro Metalúrgico, con el apoyo de Fepime, inició el 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor, que no se llegó a poner en funcionamiento. La cantidad de la compensación prevista era de 1.350 millones de euros que los consumidores tenían que pagar en la factura en los 30 años posteriores.
A finales de abril del año 2015, la Eurocámara instó la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que pagar este importe en compensaciones para un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". El año 2017 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que constituyó un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes órdenes ministeriales publicadas a partir de Real decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot al Tribunal Supremo.
El almacén de gas submarino Castor, levantado por la empresa Escal (controlada en dos terceras partes por la constructora ACS, la empresa de Florentino Pérez), tuvo que cerrar el 2014 por los movimientos sísmicos que provocaba a los municipios más próximos. Desde entonces, el Estado se encarga de su mantenimiento, con un coste millonario que la empresa pública Enagás repercute en los recibos tanto de los ciudadanos como de las empresas españolas.
La Cecot impugnó las órdenes ministeriales para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 aprobadas en el desarrollo del Real decreto ley 13/2014 donde se preveía, por vía de los peajes de sistema gasista, recaudar las cantidades necesarias para los costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones del Castor, así como para sufragar parte de los 1.350 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la totalidad de las cuatro impugnaciones de las órdenes ministeriales, todas con un veredicto positivo para la Cecot.