La actividad constructora en Catalunya creció el año pasado hasta los 11.359 millones de euros, un 1,6% más que en 2020, pero todavía está lejos de los 12.241 millones del 2019, antes de la pandemia, según datos de la Cambra de Contractistes d'Obrede s Catalunya (CCOC) que preside Joaquim Llansó.
En una rueda de prensa, Llançó subrayó este jueves que, a pesar de la recuperación, el aumento de los precios de los materiales y de la energía, así como una gestión "ineficiente y lenta" de los fondos europeos ponen en riesgo el potencial crecimiento del sector.
Con datos, este crecimiento del 1,6% del sector de la construcción queda por debajo del 5,8% de la media en que lo hizo el conjunto de la economía catalana.
Joaquim Llansó: "el aumento de los precios de los materiales y de la energía, así como una gestión ineficiente y lenta de los fondos europeos ponen en riesgo el potencial crecimiento del sector"
Durante 2021, la licitación pública en Catalunya alcanzó los 2.958 millones de euros, también por debajo de los 3.700 millones de media de los últimos 20 años. Desde la Cambra de Contractistes se reivindica que el volumen de licitación llegue a los 5.000 millones de euros, el equivalente al 2,2 % del PIB, de acuerdo con la tendencia de los principales países europeos durante los últimos 20 años.
En Catalunya, el grado de ejecución de las inversiones reales por parte del Estado es el más bajo de todas las comunidades, con un 35,8%, según los datos expuestos por Llansó. La falta de inversión en Catalunya hace que el déficit acumulado en infraestructuras alcance los 35.000 millones de euros en el periodo 2009-2020.
Falta de actualización de los precios
Llansó advirtió del problema de la falta de actualización de precios en los concursos públicos, lo que provoca que muchas licitaciones queden desiertas. Según la Cambra de Contractistes, el año pasado se declararon desiertas 296 licitaciones en Catalunya por un importe de 66 millones de euros, precisamente porque no se presentó ninguna constructora debido a los desajustes de precios.
En los primer semestre de 2022 se mantiene la tendencia, con 54 obras declaradas desiertas, por un importe de 17 millones. Entre estas obras se encuentran algunas licitadas por Bimsa, la empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona.
La Cambra de Contractistes constata que los reales decretos ley de actualización de precios no son efectivos. "En horas se podrían actualizar los precios de los proyectos, pero no es así", indicó Llansó. Proponen que las administraciones públicas apliquen mecanismos de adaptación de los precios de los proyectos que ya están previstos en la ley (Decreto 1359/2011) y que tengan en cuenta los índices oficiales de precios de los materiales que aprueba periódicamente el Ministerio de Hacienda. Además, reclaman a todos los efectos que, cualquier obra que salga a licitación, incluya al pliego de cláusulas administrativas un mecanismo extraordinario de revisión de precios.
Por lo que se refiere a las previsiones para este 2022, la inversión en obra pública crecerá alrededor del 8,5% gracias a los efectos potenciales del Next Generation y al ciclo electoral municipal. El ferrocarril, por su contribución positiva a la movilidad sostenible, se podrá ver muy beneficiado por el Plan de Recuperación, así como nuevas infraestructuras de comunicación, digitales, electrificación de transportes y energéticas.