El decreto ley para ahorrar energía impulsado por el gobierno español, y que tiene como medida estrella la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 grados en invierno entra en vigor hoy, con la intención de que sirva para recortar sustancialmente la factura energética y de cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Las asociaciones de comerciantes de Barcelona ven muy precipitadas las medidas y piden "flexibilidad" a la hora de aplicarlas. Además, las entidades de tiendas lamentan que 27 grados "es una temperatura demasiado elevada" con la que "los clientes se encontrarán incómodos en las tiendas".
Las limitaciones no se aplicarán en los espacios laborales como cocinas o bares o cualquier trabajo en el que los trabajadores estén en movimiento. En estos casos, se respetará la normativa laboral que marca el máximo de temperatura en 25 grados. Sin embargo, el gobierno español insiste en que la medida seguirá siendo efectiva porque "no es lo mismo 25 que 19 grados", insistía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada. Según los cálculos de la ministra, cada grado de cambio de temperatura supone un ahorro del 7 por ciento del consumo.
El control de temperatura deberá aplicarse a la administración pública, comercios, supermercados, espacios culturales como cines o teatros y también en estaciones de transportes. Tampoco tendrán que regular el termostato a 27 grados hospitales, centros educativos y peluquerías y las habitaciones de hotel, que se consideran un espacio privado. En casas particulares no se introduce ningún límite de temperatura.
Otro de los cambios a aplicar a partir de esta noche es la obligación de apagar las luces de los escaparates a las 22:00 h. La resolución también se aplica al alumbrado de los edificios públicos que estén desocupados pero, en cambio, no obliga a los monumentos como la Sagrada Família a apagar las luces que le iluminan. En ese caso, será el patronal que la gestiona quien decidirá qué hacer con el alumbrado. Este decreto también obliga a los edificios públicos a mejorar su eficiencia energética, ya sea con obras de rehabilitación, sustituyendo el alumbrado o instalando sistemas de autoconsumo.
Por su parte, la Cambra de Barcelona lamenta la precipitación y la falta de diálogo con los sectores empresariales afectados en la aprobación de las medidas para el ahorro energético del Estado. En este sentido, para la entidad se echan de menos, por ejemplo, ayudas al tejido productivo para la renovación de equipos de climatización obsoletos por otros más modernos y eficientes, así como una mayor concreción de las propuestas provenientes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).