El Gobierno de Catalunya ha planteado desplegar de manera progresiva el impuesto a los cruceros hasta 2026. El anteproyecto de ley presentado este martes grabará las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas de los grandes barcos –aquellos que tienen un arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas– que pasen por los puertos catalanes. Así, el Departamento de Economía prevé recaudar 9,7 millones de euros el 2023, e ir aumentando la cifra hasta los 34 millones el 2026. La ley todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento.
La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, avanzó que el impuesto afectará especialmente aquellas embarcaciones más contaminantes bajo el principio "quien más contamina, más paga", y grabará la cantidad de óxidos de nitrógeno o de partículas emitidas por los barcos. En 2023 el recaudo será de 1 euro/kg de óxidos de nitrógeno y de partículas y la idea es incrementarlo con los años. Así, en 2024 la cifra aumentará hasta los 1,5 euros/kg de óxidos de nitrógeno, 2,5 euros en 2025 y finalmente 3,5 euros en 2026.
La ley también contempla bonificaciones del 10% de la cuota para los barcos que dispongan de un sistema de conexión eléctrica al muelle o que hagan escala, dispongan de esta conexión y no se puedan conectar por falta de disponibilidad. Además, aquellos cruceros acreditados con certificados de mejora energética también tendrán una bonificación del 5%.
Los barcos que presten servicios públicos, los que se vean obligados a atracar o fondear por peligro o fuerza mayor y los que hagan actividades de ayuda humanitaria están exentos de pagar el impuesto según recoge la nueva normativa que se someterá a votación en el Parlamento durante los primeros meses de 2023.