El gobierno español ha fijado el gasto no financiero del 2026 en 212.026 millones de euros, un 8,5% más que el límite de este año (195.353 millones). De esta manera, el Ejecutivo da un nuevo paso para tener presupuestos de cara al año que viene, unas cuentas que serán "expansivas y responsables", según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si se tienen en cuenta los recursos provenientes de los fondos europeos, la cantidad máxima que podrán gastar el conjunto de las administraciones se eleva hasta los 216.177 millones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero también ha presentado la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 y ha pedido "especialmente" al PP que la apruebe porque si no las comunidades perderán 5.485 millones.
El techo de gasto y la senda de estabilidad se han acompañado de un nuevo cuadro macroeconómico, que ha presentado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Unos presupuestos que "continuarán reforzando el estado del bienestar"
Montero ha asegurado que los presupuestos que presentará el Ejecutivo "continuarán reforzando el estado del bienestar". "Abordarán problemas como el acceso a la vivienda, pero también serán acordes con las reglas fiscales, continuando con la reducción del déficit y la deuda pública", ha afirmado la ministra.
El incremento del 8,5% del techo de gasto se traduce, en cifras absolutas, en 16.673 millones más. El gobierno español lo ha defendido como un "aumento significativo, pero prudente".
El incremento del 8,5% del techo de gasto se traduce, en cifras absolutas, en 16.673 millones más
El techo de gasto presentado contempla cerca de 23.000 millones en transferencias a la Seguridad Social, que asume "íntegramente" la administración del Estado.
En la presentación, Montero también ha recordado que 2026 será el último ejercicio que incluirá recursos procedentes de los fondos europeos creados a raíz de la pandemia de la covid-19.
En cuanto a los objetivos de estabilidad para el período 2026 – 2028, Montero ha situado el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 2,1% del PIB en 2026. Para 2027 se reducirá hasta el 1,8% y en 2028 en el 1,6%.