El Ajuntament de Barcelona y el Departament d'Empresa de la Generalitat han firmado un acuerdo en virtud del cual la Guardia Urbana de la capital catalana y la Inspección de Trabajo de Catalunya establecerán mecanismos de coordinación para detectar irregularidades laborales en la ciudad. En virtud del acuerdo, se establece un canal directo para "detectar, investigar y erradicar prácticas incorrectas e infracciones" en el mundo laboral, con una vía "rápida y efectiva", según indican fuentes del consistorio barcelonés. Se trata de un protocolo que tiene que permitir una planificación más esmerada de las intervenciones conjuntas, y la tramitación más ágil de las actas, de acuerdo con el circuito establecido para la gestión de documentos.
El acuerdo permitirá la Guardia Urbana, con 3.500 agentes, informar a la Inspección de Trabajo de Catalunya de las irregularidades que identifique, aprovechando así sus capacidades y su conocimiento de la ciudad.
Entre las conductas infractoras que la Guardia Urbana puede constatar destacan la carencia de alta y afiliación en la Seguridad Social; la contratación de personas extranjeras no autorizadas; el encuadre incorrecto de falsos autónomos, o los incumplimientos de las normativas sobre tiempos de trabajo, seguridad y salud laboral, entre otros.