El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha afirmado que "Catalunya no es un infierno fiscal", al contrario, ha anunciado que quiere convertir el país en "un infierno para los defraudadores fiscales". En su opinión, el fraude fiscal es un delito que "no se dirige contra una única persona, como la mayoría, sino contra toda la sociedad". Por esta razón, lo ha definido cómo "el comportamiento social más insolidario y potencialmente más corrosivo que se puede dar en el seno de una sociedad". Giró hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de los resultados del Plan de prevención y reducción del fraude fiscal de 2021, que permitió descubrir, el año pasado 338,5 millones de euros, un 55 % más que durante el ejercicio anterior.
Giró, que ha defendido la necesidad de disponer de un "régimen fiscal robusto, que grave las rentas de los que más tienen" para poder prestar servicios básicos a las personas más desprotegidas, ha asegurado que "hasta hoy día no se ha inventado ninguna fórmula más eficiente que los impuestos para combatir la desigualdad y promover la justicia social". En este sentido, el consejero ha destacado que "si creemos que el estado del bienestar es la mejor forma de organizar una comunidad política, pagar los impuestos dejará de ser una obligación para convertirse en un deber". Así, y partiendo de esta base, Giró ha puesto de manifiesto la voluntad de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) de presentarse ante los ciudadanos como "un organismo de servicio público más que como una entidad recaudatoria", ha concluido.
Jaume Giró: "Si creemos que el estado del bienestar es la mejor forma de organizar una comunidad política, pagar los impuestos dejará de ser una obligación para convertirse en un deber"
Listado de deudores del año 2021
Por otro lado, la Generalitat ha dado a conocer, a través de la sede electrónica de la ATC, la relación de personas que, a 31 de diciembre del 2021, tenían deudas y sanciones tributarias pendientes de pagar con la hacienda pública catalana. De acuerdo con la modificación que hace la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de la Ley general tributaria, se ha rebajado a 600.000 euros el umbral de deudas pendientes, que hasta ahora era de un millón de euros, para aparecer en la lista. También según este cambio normativo, se tendrían que hacer constar a las personas que hayan sido declaradas responsables solidarias, es decir, las que comparten la obligación de hacerse cargo del pago de una deuda determinada, pero, en el caso de Catalunya no hay ningún deudor que cumpla los requisitos para ser incluido.
Se trata de deudas y sanciones tributarias que se refieren a tributos propios o cedidos, la aplicación de los que corresponde a la ATC. Básicamente, tienen que ver con los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, patrimonio, la tasa sobre el juego y liquidaciones procedentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en relación con el canon del agua. En concreto, el 31 de diciembre del 2021 había 51 personas deudoras, con deudas y/o sanciones pendientes de pago por un importe total de 88.504.965,21 euros. La publicación de esta lista no tiene en cuenta las actuaciones que hayan podido llevar a cabo las personas deudoras relacionadas con el pago de las deudas y sanciones, con posterioridad al 31 de diciembre, excepto los casos en que se haya acreditado el pago íntegro de la totalidad del importe que había determinado su inclusión a la lista.
La brecha fiscal, un 14,5 % de la recaudación potencial
El año 2018, el tax gap o brecha fiscal de los cuatro principales impuestos que gestionaba la ATC se estima que fue de 511,3 millones de euros. La brecha fiscal se define como la diferencia entre la cuota impositiva que los contribuyentes tendrían que pagar y lo que realmente pagan dentro del periodo voluntario, es decir, la diferencia entre la recaudación potencial y la recaudación real. Normalmente, se expresa en términos relativos respecto a la recaudación potencial. En este sentido, el trabajo calcula que la brecha fiscal del 2018 fue de un 14,5 %.
La brecha fiscal se define como la diferencia entre la cuota impositiva que los contribuyentes tendrían que pagar y lo que realmente pagan dentro del periodo voluntario
Esta es la principal conclusión del segundo estudio sobre el análisis teórico y aplicación del tax gap realizado por la ATC, bajo la supervisión metodológica del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), de acuerdo con la metodología definida por este mismo instituto en 2017 para conocer el tax gap correspondiente al ejercicio 2014. Una metodología reproducible, actualizada e inspirada en la que utiliza la agencia fiscal federal de los EE.UU. (IRS).
Los resultados de este estudio se presentaron durante una jornada en la sede del Distrito Administrativo de la Generalitat, que inauguró el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró. Durante su intervención, el consejero destacó que "se trata de un estudio pionero en el Estado español, ya que el Estado no usa este análisis para medir la eficiencia del sistema fiscal". Un trabajo que ha calificado de "laborioso y riguroso" y que se enmarca en la lucha contra el fraude fiscal.