La ley de cámaras catalana es la eterna asignatura pendiente de la última década. En el año 2010, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó la obligatoriedad de pagar el llamado recurso cameral permanente, conocido como "cuota cameral", al cual estaban sometidas todas las empresas, causando un grave problema para estas entidades, ya que más del 60% de los ingresos de las cámaras provenían de esta cuota. En 2014, la ley básica de cámaras española mantuvo las funciones que tenían, pero no estableció una forma de financiamiento para respaldar las actividades públicas que prestan estas entidades, posiblemente a la espera de que las comunidades autónomas regularan el ámbito cameral. Cambios posteriores de gobierno, diferentes valoraciones de los partidos políticos y otras entidades como las patronales, nuevas elecciones, incluidas las cámaras del 2023, y la pandemia de la covid-19, no han permitido avanzar en una futura ley que busca más financiamiento público y potenciar la fuerza de las cámaras de comercio de Catalunya.
La decisión "precipitada" de Zapatero fue "letal" para muchas cámaras del país, según explican diversas fuentes a VIA Empresa. Por ejemplo, Ramon Talamàs, presidente de la Cambra de Comerç de Terrasa, confiesa que en Terrassa se perdió "el 77% de los ingresos y no se dio ninguna alternativa a la situación". Mientras otras comunidades autónomas adaptaban las directrices de la ley de cámaras española (exceptuando el País Vasco), en Catalunya sigue en stand-by.
Más del 60% de los ingresos de las cámaras provenían de la cuota cameral a la cual estaban sometidas todas las empresas y que se suprimió el 2010
Todo comenzó en 2017, cuando el entonces consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, presentó un anteproyecto que quedó detenido. Posteriormente, en otoño de 2019, la entonces consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, tenía claro que era esencial "definir como funcionaban las cámaras, su relación con los entes socioeconómicos y con la administración, y desarrollar el equilibrio territorial". La voluntad estaba presente con la convocatoria de elecciones camerales después de nueve años y se dio el primer paso, pero no fue fácil. Aunque las 13 cámaras debían consensuar las propuestas para la nueva ley, el cese de Chacón por parte del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, retrasó aún más el impulso definitivo. Un 2020 marcado por la pandemia de la covid-19 que contó con la entrada de Ramon Tremosa como nuevo consejero de Empresa, aunque duró pocos meses porque la legislatura terminó con nuevas elecciones. Pere Aragonès fue elegido nuevo presidente de la Generalitat en 2021 y Roger Torrent, nuevo consejero de Empresa y Trabajo.
Entre 2022 y 2023 se comenzó a trabajar en un nuevo borrador de la ley de cámaras catalana, liderado principalmente por la Cambra de Barcelona, Sabadell y Terrassa. De hecho, el mismo Alberich explica que "en Catalunya está vigente una ley de cámaras que no está adecuada a la ley básica española y hay desajustes y disfunciones". Todo tiene que ver con la única forma de financiarse de las cámaras, que es a través de los ingresos que provienen de la prestación de servicios a las empresas y las administraciones públicas, aunque estas últimas no las "cuentan lo suficiente para encargarles trabajos".
La aceptación mayoritaria de la propuesta, excepto Pimec
Desde las 13 cámaras y en conjunto con el Departamento de Empresa se llegó a un acuerdo sobre un borrador con los temas fundamentales, excepto el monto del financiamiento, fijándose, sin embargo, la metodología de un importe por empresa censada. Desde el Departamento de Empresa se solicitó que ingresara como proposición parlamentaria, y mejor si contaba con el respaldo de las patronales, como Foment, Pimec, Cecot, el Cercle d'Economia y Femcat. "Encontramos una buena sintonía y aceptación prácticamente con todas, aunque con Pimec teníamos puntos de vista diferentes y no fue posible acercar posiciones", continúa Alberich. Sin embargo, "todo se frenó debido a los diversos procesos electorales", continúa Talamàs. "Cuando entras en unas elecciones municipales, españolas y también de las diversas cámaras durante el otoño de 2023, todo queda parado". Talamàs también afirma que, para una tramitación rápida en los próximos meses, la soberanía del Parlament debe estar por encima de posicionamientos legítimos.
En declaraciones durante septiembre de 2023, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, reclamó que la nueva ley de cámaras que debe tramitar el Parlament defina "perfectamente" la función de estas entidades. Cañete subrayó que según el Estatuto de Autonomía de Catalunya, las cámaras "son entidades consultivas, no participativas en el diálogo social". Aseguró que Pimec trabajará para evitar que la ley pueda "pervertir la funcionalidad" de las corporaciones de derecho público y apuntó que, al depender directamente de la administración pública, las cámaras podrían defender una parte en las negociaciones y no el conjunto de los empresarios. Sin embargo, subrayó que Pimec "expresa su opinión" y que debe ser el Parlament el que decida el texto final de la norma.
Desde las cámaras piden agilidad en las próximas semanas por el temor a otro período electoral a principios del 2025 que podría significar una nueva parada
En estos momentos, el mencionado texto consensuado antes de las últimas elecciones cameral entre el Departamento de Empresa y Trabajo y las trece cámaras, contempla un equilibrio en la gobernanza del Consell General de Cambres para hacer frente a la "fuerte asimetría" entre ellas por el número de empresas representadas, está pendiente de la valoración de los nuevos plenarios, especialmente la Cambra de Barcelona de la mano de Josep Santacreu al frente.
"Desde las cámaras estamos haciendo promoción económica en todos los territorios con recursos limitados, ya que no tenemos ayudas directas", continúa Talamàs. "Nos mantenemos con el sistema de ingresos diversos, desde convenios concretos con la Generalitat, hasta ayudas de ayuntamientos y fondos derivados de proyectos europeos a los que concursamos. Son financiamientos parciales finalistas en los que debes invertir todo en los proyectos además de aportar la parte no financiada que sale de la aplicación de otros recursos privados y del margen de otras gestiones como son la tramitación de los certificados de origen, mientras tenemos una serie de obligaciones a las que atendemos por nuestra razón de ser, como la colaboración con las administraciones para fomentar la actividad socioeconómica de nuestras demarcaciones y de Catalunya en general, como estar presentes activamente en muchos foros o comisiones para aportar la visión del tejido empresarial que representamos. La reconocida aportación cameral al Pacto Nacional por la Industria es un claro ejemplo", concluye el presidente de la Cambra de Comerç de Terrassa.
Por ahora, parece que una vez los nuevos mandatarios lo hayan estudiado a fondo, se buscaría hablar de nuevo directamente con los grupos políticos y con el mismo Govern para que la propuesta de ley se tramite en el Parlament. Desde las cámaras piden agilidad en las próximas semanas por el temor a otro período electoral a principios de 2025 que podría significar una nueva parada de todo el proyecto. Y un clamor final: mejorar el financiamiento público de unas "entidades capitales" y la fuerza de todas las cámaras de comercio de Catalunya.