La Unión Europea (UE) ha traído al continente la libertad de movimientos para personas, capitales o mercancías. Ahora bien, "la movilidad laboral es el que más le ha costado a la UE" según Fernando Álvarez, profesor de Economía Pública de la UOC. En habla en una de las sesiones de la Jornada de los Economistas 2016, centrada en el que implica la movilidad laboral. Las trabas a la hora de moverse por el continente por motivos laborales son una mala noticia si se tiene en cuenta que "el capital humano es un elemento fundamental para el crecimiento de las economías. La movilidad de trabajadores es básica porque funcione una área monetaria", dice Álvarez.
Porque se pueda producir, reivindica la necesidad de disponer de un "mercado de trabajo europeo" inexistente actualmente. "Ahora es un mercado muy heterogéneo", evidencia el profesor de la UOC poniendo sobre la mesa las grandes diferencias en abandono de los estudios, tasas de paro o perfiles de los trabajadores. En España, recuerda, se produce una dualidad entre un alto abandono de los estudios y una tasa de universitarios de las más altas del continente, con la consecuente carencia de perfiles técnicos. "Esto genera un problema de sobrecalificación que provoca que muchos emigren", constata. Desde el 2012 ha ido cayendo la población que vive en España, sobre todo en la franja de 25 a 34 años, donde en cuatro años han marchado 1,3 millones de personas.
Para mejorar la situación de los trabajadores que se mueven por el territorio comunitario, la Comisión Europea (CE) ha hecho este diciembre una propuesta de revisión de la normativa de la UE. De este modo, por ejemplo se propone que las prestaciones de paro se puedan exportar durante seis meses, en lugar de los tres actuales. "Así tendrán más posibilidades de encontrar trabajo y se contribuirá a luchar contra el paro", aseguran desde la CE.
El profesor de la UOC, pero, también quiere poner el foco sobre un perfil de trabajador bien a menudo olvidado: el transfronterizo. "Alrededor de 1,6 millones de personas en Europa viven en un país y trabajan en otro. No queda claro quién cubre las prestaciones sociales de estos trabajadores", lamenta. Álvarez explica que "la Seguridad Social acostumbra a dar prestaciones a sus residentes. Un trabajador fronterizo estará grabado como trabajador residente en su país y a la vez estará pagando una tributación de no residentes en el país vecino".
Para aclarar algo más estas situaciones, la última propuesta de la CE apuesta porque sea el Estado donde la persona ha trabajado los últimos doce meses el responsable de hacer frente a las prestaciones de paro. De este modo se quiere evidenciar el principio que las prestaciones las pague el Estado que ha recibido las cotizaciones.
El papel de la Seguridad Social
Júlia López, catedrática Derecho del Trabajo de la UPF, recuerda que la movilidad laboral no se puede separar del derecho de libre circulación. "Todo el mundo se mueve como persona. Por lo tanto, hay que hablar de fronteras geopolíticas, de las políticas que estamos implementando". López apunta que "los ordenamientos laborales han dejado de ser nacionales, hay normas internacionales y europeas. Esto es un punto de complejidad a la hora de regular los derechos sociales".
Sea como fuere, resalta que "la movilidad laboral no se puede regular sólo desde una óptica económica". Cuando se circula la regulación es diferente en función del tipo de movimiento. "No es el mismo un estudiante que va al extranjero que alguien que se ve obligado a emigrar", dice López. A su entender, sacado del sector sanitario o de alta tecnología, "los jóvenes emigran a trabajar en trabajos que no son el que desearían".
En cualquier caso, López destaca que la UE ha creado un sistema de Seguridad Social "coordinado donde el beneficiario no pierde. Cuando marchas en otro país totalizas tus periodos de cotización, la composición de la carrera única del trabajador". Por lo tanto, un golpe jubilado y establecido en un país, se tiene que recibir el que corresponda por la carrera laboral completa con la única condición de "cumplir los requisitos nacionales" de donde se ha fijado la residencia.
"Los desplazamientos de trabajadores están regulados por directiva europea y se basan en el principio de no discriminación y norma más favorable. Si un trabajador marcha y después vuelve, o si se desplaza, no tiene que perder nada", insiste la catedrática de la UPF. En este sentido, la CE, además de seguir reforzando la coordinación de la Seguridad Social de los estados, asegura en su última propuesta que "se establecerán procedimientos más claros para la cooperación entre los estados miembros a la hora de tratar los posibles casos de prácticas desleales o abusos".
La fiscalidad
Uno de los principales problemas que comporta la movilidad laboral entre diferentes países es la gestión de la fiscalidad. "La política fiscal hasta ahora ha residido en los estados y son muy reticentes a cederla", indica Josep Maria Duran, investigador del Instituto Económico de Barcelona (IEB) y profesor de la UB. Una actitud "lógica" en un contexto de movilidad reducida de las personas, pero que parece más cuestionable en un mundo global como el actual.
Duran explica que los principios básicos que se siguen aplicando en este ámbito son los de residencia y territorialidad, surgidos después de la 1a Guerra Mundial, a raíz de la Sociedad de Naciones, y en un momento donde "no se planteaba la movilidad laboral". "Son sostenibles en un mundo global estos principios?", se pregunta Duran retóricamente. "Con la movilidad puedes evitar bastante la progresividad del impuesto", responde.
El académico del IEB pone sobre la mesa la contradicción que se vive en este espacio. "Ahora hay tratamientos especiales para la movilidad pero, a la vez, elementos que también juegan en contra como la exit tax". Por todo ello, asegura, "los sistemas fiscales ponen en evidencia las contradicciones del mundo actual".
Duran lamenta que a la UE "se ha avanzado muy poco en la armonización y cada estado hace el que quiere". A pesar de valorar positivamente el impulso comunitario de una base común para el impuesto sobre sociedades, anima a "revisar los principios generales de residencia y territorio y ver hasta qué punto tienen sentido en el mundo actual". Por el profesor, "haría falta más armonización a la UE y la cooperación más allá de Europa. Todos los países quieren atraer mano de obra cualificada y exportar, pero a la vez recaudar. Se tiene que conjugar todo ello".
Políticas migratorias
La denominada "crisis de los refugiados" mantiene de triste actualidad el fenómeno de la inmigración involuntaria, la de los que tienen que marchar de casa suya a la fuerza. Ferran Camas, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UdG, indica que la parte más importante de movimientos migratorios son de carácter económico. "La mayoría de inmigrantes van a otro país para ganarse la vida. 150 de 250 millones de inmigrantes el que buscan es trabajar", explica.
Según el profesor, "la tendencia de la UE es la de aceptar inmigrantes cualificados". En este caso, el problema surge con la transferencia de competencias. Ahora bien, que hacemos con la inmigración no cualificada? "Planteo dar una política de visados para buscar trabajo durante un tiempo", propone después de advertir que su visión puede ser polémica.
Porque se pueda producir, reivindica la necesidad de disponer de un "mercado de trabajo europeo" inexistente actualmente. "Ahora es un mercado muy heterogéneo", evidencia el profesor de la UOC poniendo sobre la mesa las grandes diferencias en abandono de los estudios, tasas de paro o perfiles de los trabajadores. En España, recuerda, se produce una dualidad entre un alto abandono de los estudios y una tasa de universitarios de las más altas del continente, con la consecuente carencia de perfiles técnicos. "Esto genera un problema de sobrecalificación que provoca que muchos emigren", constata. Desde el 2012 ha ido cayendo la población que vive en España, sobre todo en la franja de 25 a 34 años, donde en cuatro años han marchado 1,3 millones de personas.
Para mejorar la situación de los trabajadores que se mueven por el territorio comunitario, la Comisión Europea (CE) ha hecho este diciembre una propuesta de revisión de la normativa de la UE. De este modo, por ejemplo se propone que las prestaciones de paro se puedan exportar durante seis meses, en lugar de los tres actuales. "Así tendrán más posibilidades de encontrar trabajo y se contribuirá a luchar contra el paro", aseguran desde la CE.
El profesor de la UOC, pero, también quiere poner el foco sobre un perfil de trabajador bien a menudo olvidado: el transfronterizo. "Alrededor de 1,6 millones de personas en Europa viven en un país y trabajan en otro. No queda claro quién cubre las prestaciones sociales de estos trabajadores", lamenta. Álvarez explica que "la Seguridad Social acostumbra a dar prestaciones a sus residentes. Un trabajador fronterizo estará grabado como trabajador residente en su país y a la vez estará pagando una tributación de no residentes en el país vecino".
Para aclarar algo más estas situaciones, la última propuesta de la CE apuesta porque sea el Estado donde la persona ha trabajado los últimos doce meses el responsable de hacer frente a las prestaciones de paro. De este modo se quiere evidenciar el principio que las prestaciones las pague el Estado que ha recibido las cotizaciones.
El papel de la Seguridad Social
Júlia López, catedrática Derecho del Trabajo de la UPF, recuerda que la movilidad laboral no se puede separar del derecho de libre circulación. "Todo el mundo se mueve como persona. Por lo tanto, hay que hablar de fronteras geopolíticas, de las políticas que estamos implementando". López apunta que "los ordenamientos laborales han dejado de ser nacionales, hay normas internacionales y europeas. Esto es un punto de complejidad a la hora de regular los derechos sociales".
Sea como fuere, resalta que "la movilidad laboral no se puede regular sólo desde una óptica económica". Cuando se circula la regulación es diferente en función del tipo de movimiento. "No es el mismo un estudiante que va al extranjero que alguien que se ve obligado a emigrar", dice López. A su entender, sacado del sector sanitario o de alta tecnología, "los jóvenes emigran a trabajar en trabajos que no son el que desearían".
En cualquier caso, López destaca que la UE ha creado un sistema de Seguridad Social "coordinado donde el beneficiario no pierde. Cuando marchas en otro país totalizas tus periodos de cotización, la composición de la carrera única del trabajador". Por lo tanto, un golpe jubilado y establecido en un país, se tiene que recibir el que corresponda por la carrera laboral completa con la única condición de "cumplir los requisitos nacionales" de donde se ha fijado la residencia.
"Los desplazamientos de trabajadores están regulados por directiva europea y se basan en el principio de no discriminación y norma más favorable. Si un trabajador marcha y después vuelve, o si se desplaza, no tiene que perder nada", insiste la catedrática de la UPF. En este sentido, la CE, además de seguir reforzando la coordinación de la Seguridad Social de los estados, asegura en su última propuesta que "se establecerán procedimientos más claros para la cooperación entre los estados miembros a la hora de tratar los posibles casos de prácticas desleales o abusos".
La fiscalidad
Uno de los principales problemas que comporta la movilidad laboral entre diferentes países es la gestión de la fiscalidad. "La política fiscal hasta ahora ha residido en los estados y son muy reticentes a cederla", indica Josep Maria Duran, investigador del Instituto Económico de Barcelona (IEB) y profesor de la UB. Una actitud "lógica" en un contexto de movilidad reducida de las personas, pero que parece más cuestionable en un mundo global como el actual.
Duran explica que los principios básicos que se siguen aplicando en este ámbito son los de residencia y territorialidad, surgidos después de la 1a Guerra Mundial, a raíz de la Sociedad de Naciones, y en un momento donde "no se planteaba la movilidad laboral". "Son sostenibles en un mundo global estos principios?", se pregunta Duran retóricamente. "Con la movilidad puedes evitar bastante la progresividad del impuesto", responde.
El académico del IEB pone sobre la mesa la contradicción que se vive en este espacio. "Ahora hay tratamientos especiales para la movilidad pero, a la vez, elementos que también juegan en contra como la exit tax". Por todo ello, asegura, "los sistemas fiscales ponen en evidencia las contradicciones del mundo actual".
Duran lamenta que a la UE "se ha avanzado muy poco en la armonización y cada estado hace el que quiere". A pesar de valorar positivamente el impulso comunitario de una base común para el impuesto sobre sociedades, anima a "revisar los principios generales de residencia y territorio y ver hasta qué punto tienen sentido en el mundo actual". Por el profesor, "haría falta más armonización a la UE y la cooperación más allá de Europa. Todos los países quieren atraer mano de obra cualificada y exportar, pero a la vez recaudar. Se tiene que conjugar todo ello".
Políticas migratorias
La denominada "crisis de los refugiados" mantiene de triste actualidad el fenómeno de la inmigración involuntaria, la de los que tienen que marchar de casa suya a la fuerza. Ferran Camas, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UdG, indica que la parte más importante de movimientos migratorios son de carácter económico. "La mayoría de inmigrantes van a otro país para ganarse la vida. 150 de 250 millones de inmigrantes el que buscan es trabajar", explica.
Según el profesor, "la tendencia de la UE es la de aceptar inmigrantes cualificados". En este caso, el problema surge con la transferencia de competencias. Ahora bien, que hacemos con la inmigración no cualificada? "Planteo dar una política de visados para buscar trabajo durante un tiempo", propone después de advertir que su visión puede ser polémica.
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