"La economía tiene mucho filosofía", razona Miquel Roca i Junyent. Miembro destacado del contingente catalán que participó en la redacción de la Constitución Española, el abogado reivindica una concepción ancha, conflictiva incluso, de la actividad económica. Los problemas fiscales, productivos y monetarios se tienen que identificar y priorizar, y estas formas garantizan la diversidad en las posiciones que se defienden. Con un especial valor en la flexibilidad y la capacidad de adaptación normativa, Roca defiende la Carta Magna tal como está operativa ante los llamamientos a su reforma para la aplicación de medidas necesarias para dirigir la presente crisis. "Con la Constitución lo hicimos muy bien; sus aspectos económicos son buena demostración, y lo son todavía hoy en día", opina.
En una conversación con el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, sobre la arquitectura económica de la norma central de la democracia a laEstado , Roca y Junyent se ha mostrado convencido que, cuando se habla de actividad empresarial, de factores productivos, con el actual marco regulador se puede hacer todo. "La Constitución permite una política económica diversa, y ha dado amparo en gobiernos de todo color", razona, reclamando un talante "moderno" ligado a esta flexibilidad normativa. Especialmente habilidoso, según el ponente, es la Carta en su capacidad de adaptación a los golpes coyunturales –se puede encabir dentro de circunstancias adversas de todo tipo, que pidan cualquier tipo de hoja de ruta económica, según Roca–.
Roca: "En la mayoría de casos, una simple actualización de la Constitución a las cuestiones sociales es suficiente"
"Las soluciones económicas tienen que tener capacidad de respuesta a la coyuntura", explica el exdiputado, que lanza a la azotea de la voluntad de los representantes políticos la aplicación de las soluciones necesarias en momentos de incertidumbre cómo el actual. En la última crisis económica, pero, las exigencias de la Unión Europea llevaron a una reforma constitucional exprés que priorizaba la reducción del déficit y el regreso de los intereses de la deuda por encima de esta voluntad. Si bien Roca coincide en la necesidad momentánea de aquella reforma, así como al exceder los límites de déficit en la actualidad para combatir los efectos perniciosos de la crisis sobre la ciudadanía, critica la carencia de transparencia. "La economía doméstica entiende poco de razones, pero tiene que hacerse comprender el que está pasando", reclama, en una reivindicación de una pedagogía que "haga entender el alcance y las consecuencias de las crisis".
Todo y las "dificultades" que una arquitectura constitucional laxa puede generar, especialmente en un sistema de partidos en que la tendencia a los grandes consensos está más que desgastada, Roca anima la ciudadanía a estar "satisfecha" con el marco regulador. El único vínculo institucional real es, vuelve, filosófico: dónde otros documentos constitutivos se limitan a exigir respeto por los derechos de la ciudadanía, el ponente opina que la CE exige "una actitud activa" a unas instituciones obligadas a "remover los obstáculos a la cohesión social y la garantía del progreso". La cuestión reitera, es de voluntad. En Estado un cómo el que proyecta el presidente de la SEBAP, donde "no hay ningún obstáculo económico que no tenga previsión al texto constitucional", las vallas que limitan las intervenciones políticas son autoimposades, de querer y no de poder. "En la mayoría de casos, una simple actualización de la norma a las cuestiones sociales es suficiente".
Una sola economía
Una de las grandes críticas a la literalidad constitucional en la gestión de los recursos económicos de loEstado es la de la centralización. Roca, pero, mantiene que el problema no se encuentra a la Carta. "Existe capacidad suficiente en nuestra organización autonómica porque se coordine todo en el ámbito nacional", discute, apuntando de nuevo hacia las decisiones y negociaciones de los representantes políticos como valla para la aplicación completa de las posibilidades que deja la Constitución. Esta propuesta de gestión descentralizada, pero, no se aplica a la economía real de las comunidades autónomas –una realidad, según el ponente, que no responde a un problema estrictamente normativo–. "Si no se produce esta coordinación, será por otros asuntos, pero no por la Constitución".
Roca acompañado de dos ponientes constitucionales, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón | EP
Aún así, para el abogado, una excesiva descentralización no puede ser operativa para el buen funcionamiento de la economía española. El Estado, lamenta, "no tendría que tener regímenes tributarios diferentes" para sus territorios. Si bien una atención flexible a las necesidades productivas de cada Comunidad es necesaria, una gestión impositiva demasiado fragmentada puede favorecer una "competencia" territorial" que debilita el andamio productivo. "Otra cosa es que haya matices fiscales en cuestiones puntuales, pero las bases tendrían que tender hacia una coordinación básica".
Un polo fiscal único que atienda las necesidades del conjunto de la economía de laEstado , según Roca, lo coloca en una mejor posición ante "un mercado que tiende por todas partes hacia la globalización". Fragmentaciones económicas cómo las que atribuye a la rasgada fiscalidad española puede "tener costes a largo plazo que perjudican la economía". Contrario a "feudos" que separen artificialmente los flujos comerciales y monetarios, alerta contra "tesis que ignoren el precio de la globalización".
Pacto de rentas
El contexto económico es todo menos favorable al progreso tal como lo reclama Roca. Aún así, se muestra optimista a la hora de encontrar soluciones colectivas –soluciones, además, que no profundicen las desigualdades existentes–. "En época de crisis, los acuerdos son una exigencia", espeta, emplazando administraciones y agentes sociales delEstado a una alianza que supere el pacto de rentas para estar a la altura de los retos macro que lastran las condiciones de vida de la ciudadanía y posan en entredicho la supervivencia de las empresas.
"El rigor presupuestario tiene que exigirse, pero leído de tal manera que asegure la cohesión económica"
El padre de la Constitución enfatiza la necesidad de una batería de políticas que cubran las necesidades del conjunto de la población, en un combate cada vez más urgente contra "una desigualdad que se lleva mal a la vida colectiva". En este sentido, agradece el giro hacia el expansivitat de una Europa que viene de una tradición de ortodoxia que a menudo ha hecho más mal a la justicia social del que ha solucionado al mercado. Frente a la respuesta a la crisis financiera del 2008, la Unión avisa que "el rigor presupuestario tiene que exigirse, pero leído de tal manera que asegure la cohesión económica". Si bien las medidas extraordinarias estarán presentes, Roca reclama un regreso del "fantástico Estado del Bienestar europeo".
Para implementar estos cambios, los vínculos entre la administración y ecosistema empresarial tienen que ser basta fuertes –tanto en cuanto a la colaboración estrictamente productiva y financiera cómo en cuanto a la confianza institucional–. Así, el ponente reclama un modelo más profundo de cooperación entre empresa y frente Estado de la noción "demodé" de la gestión exclusiva de la cosa pública por parte de la burocracia. "A menudo la gestión privada de intereses públicos se traduce en un mejor servicio a las personas", opina, defendiendo un modelo de concertación que rompa el "monopolio del sector público". El pacto, augura, está próximo, y las negociaciones entre actores encuentran mejores condiciones de las que enfrentaron interlocutores en tablas anteriores. "Cuando negociábamos los pactos de la Moncloa, la situación era de mucha más tensión", rememora. "Hágase el que se tenga que hacer", concluye un tajante Roca, que no puede "aceptar que el encuentro es imposible".