Montoro, Llarena y Puigdemont y una causa por malversación

Los datos de la economía catalana son positivas mientras las contradicciones entre Hacienda y la causa contra los independentistas pone en entredicho el Estado

Las informaciones de Llarena y Montoro sobre cómo se pagó el 1-O se contradicen Las informaciones de Llarena y Montoro sobre cómo se pagó el 1-O se contradicen

Los datos económicos que han aparecido estas dos últimas semanas confirman la buena salud de la economía catalana tanto durante el 2017 cómo durando el primer trimestre de 2018. De los últimos debe de últimos indicadores económicos publicados, nuevo de ellos son positivos y de estos nuevo hay seis por encima de la media española. Esta semana se han publicado datos de dos indicadores importantes: la tasa de inflación y la confianza empresarial.

La política catalana parece haberse estabilizado después de la entrevista del director de Tv3, Vincent Sanchís, al presidente Carles Puigdemont de esta semana. El mensaje central es que habría Gobierno a principios de mayo. Por otro lado, el tribunal alemán que tiene que tomar una decisión sobre la extradición de Puigdemont descartó el delito de rebelión a pesar de que es incierto si es una decisión definitiva o si la fiscalía alemana la puede recorrer. Tanto en Bélgica como Escocia la fiscalía ha pedido más tiempo, puesto que quiere solicitar más información al Tribunal Supremo español para evaluar el euroordre. En Suiza no tenemos todavía noticias, pero el ministro Alfonso Dastis viajará el día 26 para reunirse con el Gobierno suizo para tratar la extradición de Marta Rovira.

IPC y confianza empresarial

La tasa de inflación de la economía catalana sigue siendo, un mes más -y ya van más de 85- la más elevada del Estado y que se ensarta al 1,5% anual este mes de marzo hacia 1,4% anual del mes de febrero, el que sugiere que la demanda interna catalana es la más robusta de todo el Estado. Si comparamos los datos de febrero con las de marzo, encontramos que está en Cataluña donde menos acelera la tasa de inflación a pesar de mantener la primera posición. Este hecho casa bien con el que los explicaba en la última columna sobre las estimaciones del PIB catalán en tiempo real de Airef: la economía catalana da señales evidentes de desaceleración que aparentemente se materializarán en este segundo trimestre de 2018 pero esta desaceleración es pequeña: 1,4 décimas.

Los datos de confianza empresarial aparentemente son fuerza buenas por la economía catalana. Durante el primer trimestre ha aumentado un 1,8% en Cataluña mientras que en todo el Estado lo ha hecho un 0,4%. Destacan las Islas Baleares, donde la confianza empresarial ha aumentado un 8%, una cifra inusualmente elevada y que habrá que ver las próximas semanas si se traduce en más crecimiento económico. A pesar de que los datos de confianza empresarial son buenas, hay que contextualizarlas un poco. Cataluña ocupa la cuarta posición en todo el Estado en términos de confianza empresarial y la primera en inflación.

La confianza de los empresarios es bastante sensible a corto plazo a la tasa de inflación (pueden percibir más facturación cuando en realidad el que existe es más inflación) el que sugiere que este aumento de la confianza podría no ser suficientemente elevado para mantener el ritmo de crecimiento económico actual (0,7% para el primer trimestre).

La carta de Puigdemont

La política catalana empieza a mejorar un poco últimamente -a pesar de que no sé si tendría que poner esto por escrito: cada vez que lo hago tenemos un descalabro-. La entrevista a Puigdemont nos ha dado dos ideas importantes: habrá Gobierno y, en caso de no haber, será porque el Estado impide la investidura. En este sentido, las últimas noticias que tenemos es que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, se ha dirigido al Tribunal Constitucional para pedir que las cautelares de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sean garantizadas para que Jordi Sánchez pueda ser investido.

El cierto es que España tiene seis meses para hacerlo y el Parlamento sólo un mes para investir un presidente, cosa que sugiere que Sánchez no tiene ninguna posibilidad de ser Presidente. Es por eso que Juntos por Cataluña ha impulsado ya la reforma de la Ley de Presidencia para permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont.

El escenario principal es que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la ley para analizar si es constitucional y, por lo tanto, llegamos a principios de mayo con todos los caminos bloqueados. Será entonces el momento de tomar una decisión sobre quien tiene que ser el Presidente. Las fuentes que he consultado apuntan a Elsa Artadi o Marta Madrenas como las principales candidatas, siendo Ernest Maragall descartado. Aparentemente, sólo Ferran Mascarell está maniobrando para ser el presidente, pero el cierto es que Puigdemont no ha tomado ninguna decisión en firme sobre quién será el candidato en el escenario de bloqueo.

Las contradicciones de Montoro y Llarena

Los exiliados continúan mejorando su posición día a día. La semana pasada el juez alemán decretó libertad con cautelares para Puigdemont, el que implica que todos los exiliados están fuera de la prisión, situación que contrasta con la de los presos en España.

A las democracias avanzadas los políticos catalanes viven en libertad, pero no en España, el que en mi opinión abre interrogantes importantes sobre el Estado español: pertenece España en Occidente? A pesar de que a estas alturas es incierto si el tribunal alemán ha descartado definitivamente la extradición por rebelión, la prensa alemana explica que hay serias dudas sobre el delito de malversación. Estas dudas se han trasladado también en España, puesto que el Juez Pablo Llarena ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, documentación en lo referente a sus declaraciones al Mundo donde afirma que no se ha gastado ni un euro de dinero público en el referéndum de autodeterminación.

El ministerio de Hacienda emitió un comunicado miércoles por la noche anunciando que enviaría la Contabilidad Nacional al Supremo porque Llarena pudiera verificar que ha sido así. El cierto es que los datos que aporta la Guardia Civil no casan con las de la Intervención General del Estado, condición imprescindible para poder armar una acusación de malversación. Llarena tendrá que decidir qué hacer con esta acusación. Tanto Bélgica como Escocia han decidido pedir más información al Tribunal Supremo y por eso han suspendido las vistas programadas para la semana pasada. La credibilidad de las instituciones españolas empeora notablemente día a día y, el que es peor, es que ni siquiera consiguen sus objetivos.

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