Desde el anuncio de la convocatoria de elecciones por parte del presidente Aragonès el pasado 13 de marzo hasta la primera reunión del nuevo gobierno liderado por el presidente Illa, el 13 de agosto, han transcurrido cinco meses. Casi medio año. La renovación del gobierno contrasta con la persistencia, desde hace tiempo, de los mismos desafíos que enfrenta el país, desafíos que hasta el momento no han sucumbido al paso del tiempo ni a la rotación de consejeros -algunas carteras han pasado hasta 7 consejeros en 10 años, tantos como los entrenadores del Barça. Entre los retos ineludibles a los que este Govern deberá dar respuesta, se encuentran:
- La vivienda: solo hasta 2025, el Banco de España pronostica un déficit de 140.000 viviendas en Catalunya para satisfacer la formación de hogares. A los problemas de oferta disponible, hay que sumar los de accesibilidad a estas, especialmente para los jóvenes, y los múltiples factores que inciden en ello (sueldos, precios, crecimiento de la demanda...).
- Educación: los informes PISA evidenciaron indicadores alarmantes, como que el 29% de los alumnos no tienen el nivel de comprensión lectora mínimo que les correspondería. Además, la tasa de abandono escolar sigue siendo sustancialmente superior a la de la UE (14% vs. 9,5%).
Catalunya ha pasado de un PIB per cápita un 12% superior a la media europea (2002) a un 1% inferior (2022)
- Pobreza: el 24% de la población de Catalunya se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del Idescat. Estos niveles de pobreza, que a menudo tienden a concentrarse en zonas geográficas concretas, representan un importante riesgo para la cohesión social, imprescindible para la prosperidad de un país.
- Productividad y sostenibilidad del modelo productivo: Catalunya ha pasado de un PIB per cápita un 12% superior a la media europea (2002) a un 1% inferior (2022). Esta caída en la productividad es consecuencia de varios factores, entre otros: la estructura sectorial, el crecimiento demográfico, los niveles de formación, la infrafinanciación, la inversión en I+D+I, la burocracia... ¡Y tiene una consecuencia directa en el bienestar de la sociedad!
- Demografía: la población de Catalunya ha crecido más de un 30% en menos de 40 años, principalmente como resultado de diversas olas migratorias; estamos a punto de presenciar el proceso de jubilación masiva de la generación del baby boom, la tasa de natalidad está rozando mínimos históricos (1,1 hijos por mujer), y actualmente el 20% de la población tiene 65 años o más.
Es importante saber utilizar bien la caja de herramientas de instrumentos de política pública que el nuevo gobierno tiene ahora a su disposición
- Transición energética y adaptación al cambio climático: quedan muchos deberes por hacer en relación con los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias, entre ellos el cambio del modelo de producción y suministro de energía (solo el 15% de la energía que se produce es de fuentes renovables), o las infraestructuras de resiliencia ante la aridez estructural causada por la falta de lluvias.
He querido destacar algunos retos a modo de ejemplo, aunque la lista es larga, y me parecen igualmente prioritarios y estratégicos los vinculados con la situación de la lengua, el régimen de financiación o la contribución de Catalunya a la autonomía estratégica de la UE. Todo ello evidencia la complejidad a gestionar, ante la cual es importante saber utilizar bien la caja de herramientas de instrumentos de política pública que el nuevo gobierno tiene ahora a su disposición.
El Govern de Pere Aragonès: un 40% de los miembros del ejecutivo eran juristas, seguido de un 30% que eran politólogos, y solo un 13% tenían formación en economía o empresa
En un artículo anterior, me fijé en la importancia de la transversalidad disciplinaria de los miembros del Govern como algo que condiciona su aproximación a los problemas, sus políticas y posicionamientos a la hora de dar respuesta a los diferentes retos. De hecho, si observamos la composición del Gobierno saliente, un 40% de los miembros del ejecutivo eran juristas, seguido de un 30% que eran politólogos, y solo un 13% tenían formación en economía o empresa.
El mismo ejercicio para el gobierno actual denota una reducción de la "sobrerrepresentación" de juristas hasta ahora, y un mayor equilibrio entre las diferentes disciplinas representadas en el gobierno, aunque cabe destacar ausencias importantes: ¿dónde están los arquitectos e ingenieros? ¿Y los maestros o psicólogos?
- 24% juristas
- 24% de humanidades (historia, filología, filosofía, historia del arte...)
- 18% politólogos
- 18% científicos (biología, química, medicina)
- 12% economistas
- 6% técnico superior (deportes)
En todo caso, hay dos hechos que me parece interesante destacar. En primer lugar, que el 50% de los miembros del gobierno tienen una experiencia insignificante o nula en el sector privado. En algunas ocasiones esto se debe a perfiles que provienen de ámbitos como la academia o de trabajadores públicos; mientras que en otras, está vinculado a trayectorias profesionales exclusivamente en la política. Sin embargo, la inexperiencia en el sector privado es un hecho, y a menudo nos condena a no entender su funcionamiento, dinámicas, valor y necesidades, o simplemente, a no considerarlo como un aliado necesario con el que colaborar y no rivalizar a la hora de hacer política para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
El 50% de los miembros del nuevo gobierno de Illa tienen una experiencia insignificante o nula en el sector privado
Por otro lado, sorprende que con este equilibrio de perfiles profesionales (24% de juristas) no se haya asignado la cartera del ramo (Justicia) a un jurista, mientras que las dos principales carteras económicas del gobierno (Economía, y Empresa y Trabajo) hayan recaído en juristas que tendrán que ser los máximos responsables, entre otras cosas, de orientar la política industrial o de asignar los más de 40.000 millones de euros del presupuesto de la Generalitat.
En los últimos años, hemos asistido a un incremento de la desafección política, a menudo atribuida a la incapacidad de esta de dar una respuesta satisfactoria a problemas que tienen un gran impacto en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Para recuperar esta confianza, conviene que la rendición de cuentas, la actuación sobre las causas y no sobre las consecuencias de los problemas, y la política sin dogmatismos inspiren la legislatura que acaba de comenzar. El tiempo lo demostrará.