La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha atrasado el nuevo impuesto mínimo a las multinacionales. La tasa, que tenía que homologar la regulación fiscal sobre las grandes empresas, tenía que entrar en vigor en 2023, pero no se aplicará hasta el 2024, según ha informado el secretario general de la entidad Mathias Cormann a los ministros de finanzas del G20.
El "ligero retraso", cómo lo ha descrito el dirigente, responde a la necesidad de establecer un andamio normativo sólido alrededor de la tasa. "Se trata de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos nuevos que reformulan los acuerdos fiscales", explica el australiano, que se marca como objetivo una gestión impositiva "más justa" en el contexto de la economía globalizada y digital que surge de la crisis de la pandemia.
Si bien la tarea está "en gran parte completa", no será hasta final del 2022 que la OCDE publicará el marco de implementación de la norma que permitirá en los países miembros adaptarse a la normativa y coordinar los diversos niveles administrativos. Con este calendario, según Cormann, los Estados "planean una entrada en vigor del impuesto para el 2024".
El otra pata de la nueva regulación fiscal, la asignación de los ingresos de las multinacionales al territorio donde operen, ha registrado "buenos progresos", según el secretario general, y se acerca a la validación. Según los cálculos, esta medida podrá recolocar hasta 122.000 millones de euros en beneficios hasta ahora desviados por las grandes empresas; mientras que el impuesto mínimo podría generar una recaudación mundial de unos 147.264 MEUR.