La concreción del nuevo impuesto de CO2 para los vehículos de tracción mecánica que se empezará a aplicar en 2020 y que está incluido en la Ley del cambio climático aprobada el 2017 y ahora modificada no convence. Fabricantes, concesionarios, gestores administrativos y la patronal Foment del Treball advierten de que puede derivar en una sensible reducción de las matriculaciones en territorio catalán, que penaliza la posesión del coche y no su uso, además de generar más desigualdad fiscal entre autonomías. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), órgano consultivo del Govern en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales, también ha levantado la voz para alertar el Ejecutivo de que con su aplicación no obtendrá el resultado esperado, que no es otro que reducir las emisiones de CO2, y que en cambio sí puede tener un impacto negativo sobre la industria del automóvil y la de componentes de la automoción, y sobre los sectores de la distribución y la gestión de flotas de vehículos. Queda claro, pues, que la tasa se aplicará con más pros que contras, como también ha sucedido con el impuesto sobre las bebidas azucaradas que impulsó el Govern.
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El tributo a las emisiones de los vehículos, que está pendiente de la aprobación del Govern en las próximas semanas, es una tasa pionera en el Estado que tiene que grabar los vehículos según el grado de contaminación calculado en función del volumen de partículas de dióxido de carbono (CO2) que el motor emite a la atmósfera. Siguiendo la máxima de "quien más contamina más paga", el impuesto se implantará de manera progresiva, y el primer año, 2020, los vehículos que emitan entre 95 y 120 gramos por kilómetro quedarán exentos, para que la adaptación sea gradual. Los coches más contaminantes -que emiten más de 160 gramos/Km- podrían pagar en torno a 80 euros el año, y los de menos emisiones –por debajo de 140 gramos/km- unos cinco euros.
El rechazo patronal, corroborado por un dictamen del CTESC, se fundamenta en el hecho de que mediante el gravamen no se conseguirá una medida disuasoria para que la población reduzca el uso del vehículo y por lo tanto deje de contaminar, y menos a que se desprenda de los vehículos más viejos y contaminantes para adquirir nuevos y así ir renovando el parque automovilístico y avanzar hacia una movilidad descarbonitzada, hecho que sí que haría disminuir las emisiones de CO2. Según datos de un informe de la patronal de concesionarios Faconauto, elaborado por la consultora MSI, la edad media de los coches que circulan por las carreteras de Catalunya se sitúa ya en 11,3 años y no se prevé que se reduzca porque el sector automovilístico empieza a notar los signos de la desaceleración económica: de enero a junio de este año se matricularon 91.175 vehículos, un 7,2% menos en comparación al primer semestre de 2018. Mientras, la misma Faconauto prevé que en el conjunto del año las transferencias de vehículos usados crezca un 3,5%.
El CTESC alerta de que con la aplicación del impuesto no se obtendrá el resultado esperado de reducir las emisiones de CO2 y que puede tener un impacto negativo sobre la industria del automóvil y la de componentes de la automoción
Tanto es así que fabricantes y concesionarios creen que la mejor manera de conseguir el objetivo de reducción de emisiones de CO2 es transformar el impuesto de circulación para añadirle verdaderos criterios medioambientales, de forma que sea un gravamen más enfocado al uso del vehículo y común para todos los territorios para evitar posibles distorsiones en el mercado.
Otros impuestos
Desde el CTESC, la propuesta considera que la base imponible del tributo tendría que tener en cuenta los kilómetros reales recorridos para cumplir con el fin de grabar las emisiones de CO2 de forma proporcional a su volumen de emisión y también aboga por integrarla en alguno de los impuestos ya existentes, sea la tasa sobre la matriculación, el impuesto de vehículos de tracción mecánica o los impuestos sobre los combustibles y, por qué no, la Euroviñeta, la posible nueva tasa que el Govern también está pensando para grabar el uso de las infraestructuras viarias.
Pero como la antigüedad del parque es un problema de todo el territorio español, Faconauto y la patronal Foment advierten de que sólo con un plan de renovación intensivo, ambicioso en su presupuesto y que se extienda en los próximos cinco años, se puede parar el envejecimiento de la flota actual y, por lo tanto, piden como mal menor a la Generalitat que destine lo que prevé recaudar con este impuesto –unos 70 millones de euros- de manera íntegra a medidas para facilitar la compra de nuevos vehículos.
Mientras, desde el Govern aseguran que los ingresos fiscales se destinarán a nutrir dos grandes fondos económicos: el fondo contra el cambio climático y el del medio natural y la biodiversidad. En el primer caso, haciendo actuaciones de mitigación y de adaptación para la mejora del transporte público y ayudas a la ambientalización de flotas, para modernizar los vehículos que emitan por encima de determinados valores, según aseguró recientemente el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En cuanto al segundo fondo, servirá para gestionar mejor los espacios naturales protegidos de Catalunya y luchar contra la pérdida de biodiversidad, uno de los efectos más dramáticos del cambio climático.