Los jóvenes de hasta 35 años que quieran adquirir una vivienda podrán solicitar un préstamo al ICF para financiar la entrada por valor del 20% del piso a partir del 30 de junio. Los préstamos tendrán un tope máximo de 50.000 euros y el 80% restante correrá a cargo de ocho entidades financieras. Sus destinatarios no pagarán intereses y volverán a devolver esta cantidad una vez hayan amortizado la hipoteca, con un plazo máximo de carencia de 30 años. Desde entonces, dispondrán de cinco años más para devolver el préstamo. Por su parte, las viviendas compradas mediante esta fórmula pasarán a ser de protección oficial de forma permanente. El Gobierno prevé destinar 500 millones a este programa hasta 2029, a razón de unos 100 millones anuales.
El 80% restante del importe de la vivienda será aportado por entidades bancarias adheridas a este programa, es decir, Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixa Enginyers, CaixaGuissona, CaixaBank e imagin, LABORAL Kutxa y Bankinter. Las solicitudes en el marco del Préstamos Emancipación se podrán realizar a partir del próximo 30 de junio a través de la web del ICF y si son aprobadas habrá que acordar las condiciones del préstamo, a devolver en un máximo de 30 años, con cualquiera de esta decena de entidades.
Las viviendas compradas mediante esta fórmula pasarán a ser de protección oficial de forma permanente
Podrán optar los jóvenes empadronados en Catalunya de entre 18 y 35 años, incluidos, y los aspirantes deben acreditar que es la primera vivienda que compran y que será su residencia habitual. En el caso de las parejas, hay que tener en cuenta que el préstamo cubre el 20% del valor de la vivienda y los dos integrantes no podrán pedir un 20% cada uno.
Otro de los requisitos es que los ingresos brutos anuales de las personas que vivirán no superen el indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) multiplicado por 6,5. En caso de ser un único comprador, los ingresos brutos no podrán superar los 80.963,31 anuales y, en caso de ser dos, los 83.467,33 euros. Por otra parte, la Generalitat se reserva el derecho de no conceder el préstamo si después de analizar el caso determina que el solicitante no es solvente y no tiene la capacidad asegurada para devolver el importe del préstamo.
Así lo han explicado este martes en una rueda de prensa conjunta la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y la consejera de Economía, Alícia Romero, en la sede del Instituto Catalán de Finanzas. Paneque ha detallado que si se agotan las diferentes convocatorias se beneficiarían unos 2.000 jóvenes cada año, de manera que se podrían incorporar esta cifra de viviendas al régimen de protección oficial. En cualquier caso, Paneque ha dejado claro que estos son al margen de las 50.000 HPO que ha prometido el Gobierno hasta 2030.
La consejera, además, ha destacado que esta medida es un elemento de "dinamismo económico" y que "dinamiza el mercado". Paneque ha dejado claro que en la concesión del crédito para el 20% no se priorizará el orden de llegada de las solicitudes sino que también se analizará la edad o el sueldo, entre otras variantes.
Por su parte, la consejera Romero ha subrayado el carácter "innovador" de este producto y ha dicho que es "pionero" en toda España. Asimismo, se ha felicitado por el acompañamiento de la decena de bancos que se han adherido al programa y con quien los jóvenes negociarán el 80% de la hipoteca después de obtener el visto bueno del ICF para aportar el 20% de la entrada.
El piso deberá venderse por el mismo precio más el IPC y el coste de las reformas
En caso de que los compradores de estas viviendas decidan vender el piso al cabo de unos años, la transacción deberá tener el mismo importe de compra más el incremento del IPC correspondiente y el coste de las reformas, de manera que el propietario podrá recuperar la inversión y el piso continuará incluido dentro del régimen de protección oficial. Las reformas deberán estar hechas en los primeros dos años y superar los 15.000 euros, mientras que si sobrepasan los 50.000 euros sólo se podrá sumar un precio máximo al de venta de 50.000 euros.
El encargado de gestionar los préstamos será el Instituto Catalán de Finanzas y los recursos serán aportados por la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). En total, serán 500 millones entre este año y 2029, a razón de unos 100 millones cada año.