El Gobierno ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de ocupación pública catalana. El ejecutivo, así, ha llevado a cabo el primer trámite para el establecimiento de un marco legal común para la ocupación en todas las administraciones del país. Un golpe aprobada, será la primera norma catalana de este alcance que regule la función pública al territorio, con el objetivo de adecuarla a "el entorno social, económico y cultural del siglo XXI y al actual contexto cultural y científico".
Según apunta el ejecutivo, la norma servirá para mejorar la calidad institucional de la ocupación pública al país. La ley introduce "elementos básicos de innovación", afirman desde el Gobierno, que servirían para aumentar el grado de profesionalización de la función pública catalana. El Anteproyecto recoge medidas para superar el modelo burocrático y orientar la acción de las administraciones hacia el cumplimiento de objetivos, así como para priorizar nuevos perfiles científicos y tecnológicos.
La memoria aprobada prevé, también, un sistema de evaluación de los empleados públicos que "mesure el grado real de desempeño de objetivos". También se impulsará la promoción interna y la carrera profesional del funcionariado no solo por antigüedad, sino también por criterios de objetivos, competencias y buenos resultados en las evaluaciones continuadas. La ley incluirá, además, medidas para simplificar el sistema de cuerpos y escalas de la función pública.
Antes de la aprobación de esta ley de la función pública, el Gobierno prevé llevar a cabo una consulta pública para recoger aportaciones de la ciudadanía del país mediante el portal Participa Gencat. También se han anunciado consultas específicas a entidades y asociaciones cómo grupos de atención a las personas con diversidad funcionales o sindicatos representativos de la función pública.