"En la administración pública catalana hay islas de excelencia incomunicadas, pero enmedio hay magma". El decano del colegio de Engineria de Caminos Oriol Altisench lamenta las dificultades que plantea el modelo de gestión pública a Cataluña para el desarrollo y el dinamismo del país. Los estragos de la crisis de la Covid 19 agravan la necesidad, en su opinión, de hacer "un salto adelante" en cuanto a la administración y la colaboración entre el ente público y el sector privado. Con este salto en mente, la entidad ha acogido la presentación de un dodecàleg conjunto con los colegios de Economistas y Abogacía con propuestas para crear unas administraciones "sensibles, eficientes y competitivas". Más allá del magma, defensa Altisench, hay las aspiraciones económicas y sociales de la Barcelona post-olímpica, que, afirma, todavía siguen vivas.
La administración pública catalana como estructura funciona, según el decano de la Junta Provisional del Colegio de la Abogacía de Barcelona Josep Balcells, como una "telaraña" que dificulta los procesos, limita el dinamismo económico y social y cierra posibilidades de crecimiento. En este sentido, el jurista posa sobre la tabla a la sociedad civil la presa de "medidas urgentes y contundentes" para deshacerla. Las posibilidades se encuentran, plantea, en el talento de unos profesionales públicos que trabajan sin una estructura a favor. La sociedad catalana, según Balcells, "tiene capacidad y talento para superar cualquier dificultad", y esto aparece reflejado en unos trabajadores públicos "esenciales, sin los cuales los objetivos no se pueden lograr". El coordinador del grupo de trabajo que ha desarrollado el documento, el ingeniero Andreu Ulied, comparte este análisis. "A pesar de que la capacidad de los profesionales de las administraciones es alta – afirma Ulied – el rendimiento colectivo es insuficiente".
La formación y la preparación del personal es, aún así, uno de los problemas que identifica el documento. El grupo de trabajo teme los efectos del relevo generacional en los profesionales de las administraciones, ante la carencia de una suerte de academia de cuadros de gestión de la cosa pública. La solución, para el grupo de trabajo, recae en la formación de una dirección pública profesional, con una definición clara del modelo de enseñanza y la formación continuada que se tiene que ofrecer a los trabajadores de la administración.
Balcells: "La sociedad tiene capacidad y talento para superar cualquier dificultad"
Dotar de oportunidades a la función pública para ejecutar correctamente los planes es una cuestión capital, según el decano del Colegio de economistas Oriol Amat, que ha posado el foco en la gestión de los Fondos Next Generation – EU. Según el economista, la financiación europea supone "una prueba decisiva para mesurar la madurez de nuestras administraciones públicas", que tienen que dotar sus técnicos y trabajadores de "todos los recursos necesarios que coadyuven a la canalización eficiente del plan".
La digitalización como oportunidad y reto
Tanto el grupo de trabajo como los ponientes de la presentación posan èmfasi en el proceso de digitalización, que más que necesario consideran "imperativo". Josep Balcells posa èmfasi en la oportunidad en cuanto a dinamismo económico, accesibilidad y transparencia de las administraciones que supone un proyecto masivo de digitalización del ente público. El proyecto, pero, comporta limitaciones y problemas. El jurista observa posibles incompatibilidades entre una administración completamente digital y los derechos de las personas. Un ejemplo, el acceso a trámites de personas grandes o con competencias TIC limitadas. "En esta transición – alerta Balcells – se tiene que encontrar el equilibrio entre el proceso de digitalización y el mantenimiento de todos los derechos de las personas".
Ulied, por su parte, enfatiza la necesidad del factor humano incluso en una administración completamente digitalizada. "La toma de decisiones no puede dejarse a un algoritmo, hace falta una sensibilidad humana que tiene que ver con el conocimiento de la situación y el reglamento que tienen los técnicos". Esta sensibilidad humana tiene que ir acompañada, tal como recoge el documento del Grupo de Trabajo, de un compromiso social por parte de administración y trabajadores en cuanto que servidores públicos.
Una visión común
El documento presentado por los tres colegios profesionales lamenta la "separación creciente entre los discursos políticos y los problemas sociales concretos". En este sentido, Ulied exige a los decisors políticos una cierta mirada larga a la hora de abordar los problemas de fondos, una perspectiva que tienen que adoptar tanto los cargos electos como el funcionariado. El representante del colegio de ingenieros destaca, en este sentido, que el papel de técnico y electo tiene que ser complementario. "El técnico sabe más de su responsabilidad que el político, pero tiene una visión parcial".
Ulied: "El técnico sabe más de su responsabilidad que el político, pero tiene una visión parcial"
Esta investigación de perspectivas comunes se aplica también a la organización territorial de las administraciones catalanas. Entre las propuestas presentadas destaca la integración del contínuum urbano del CON, que consideran "incompleta". Ulied destaca la necesidad, en este sentido, de "nuevas formas de gobierno en red, alejadas de la rigidez y las competencias exclusivas". Un modelo que, consideran, puede favorecer modelo de colaboración público-privada a diferentes niveles, entre administraciones, empresa y tercer sector – una colaboración que Oriol Amat destaca como uno de los "factores que diferencia entre los países que generan más bienestar entre los ciudadanos y los que no". La generación de bienestar público, consideran los ponientes, tiene que ser el objetivo principal de unas administraciones que pueden hacer de motor o de telaraña, dinamizar o frenar la actividad del país.