Un total de veinte instituciones de la sociedad civil y empresarial catalana han publicado una declaración en que exigen medidas "ambiciosas" para mejorar sustancialmente el sistema de financiación territorial, o bien a través de una profunda reforma del actual o bien con uno de nuevo. El documento está firmado por las trece Cambres de Comerç Catalunya, Foment, Pimec, Femcat, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Racc, Barcelona Global i el Cercle d'Economia
Para este conjunto de asociaciones, la alternativa pasa por dos soluciones: implantar un modelo federado similar al de los Estados Unidos o lograr un pacto fiscal. La primera "permitiría al Estado y a las comunidades autónomas compartir las mismas bases imponibles", hecho que, según aseguran, podría "redefinir la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección" de cada comunidad autónoma. Por otro lado, la segunda aportaría "transparencia" a la vez que "suficiencia financiera" para Catalunya.
Las veinte entidades firmantes reclaman un nuevo modelo federado estilo Estados Unidos o bien un pacto fiscal
Por otro lado, la veintena de instituciones también contempla mantener el sistema actual, pero con cambios profundos. Según argumentan, hace más de diez años que este se tendría que haber actualizado, dado que "no tiene en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios". Por este motivo, apuntan que habría que ampliar de forma sustancial la cesta tributaria y también la capacidad normativa de las comunidades autónomas, además de reformar el actual sistema de anticipos. En caso de no hacerlo, advierten que continuará "el debate permanente y confuso sobre los desequilibrios financieros a nivel territorial".
Una vez trazado el plan de ruta, los organismos exigen mecanismos que garanticen la "lealtad institucional" y que definan y blinden las competencias de cada administración. Según denuncian, el sistema actual es poco concreto y genera confusiones entre las comunidades autónomas. El documento posa como ejemplo el caso de la ley de dependencia, que "ha generado un fuerte aumento del gasto de las comunidades autónomas, que no ha sido debidamente dotada".
"Las comunidades que más aportan no tendrían que ser las que menos reciben"
El cuarto punto de la declaración remarca que las soluciones adoptadas se tienen que regir por el principio de ordinalidad. Es decir, que las comunidades que más contribuyen no tendrían que ser las que menos perciben. Un hecho que actualmente no se está cumpliendo, bajo el parecer de estas instituciones, puesto que a pesar de tener en cuenta ciertas variables, no se valora el diferencial en el coste de vida a los territorios. El nuevo modelo "tiene que asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir unos servicios públicos básicos similares con independencia del lugar donde residen. Tiene que garantizar que las comunidades que más aportan no pierden posiciones en el ranking una vez han operado los mecanismos de solidaridad, y tiene que asignar los recursos teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios", subrayan. El ejemplo es nuevamente Catalunya: en la actualidad es la segunda comunidad (excluyendo las forales) en términos de PIB per cápita, pero se sitúa en el décimo lugar en recursos recibidos y cae al decimocuarto lugar si se tiene en cuenta la diferencia del coste de la vida.
Catalunya es la segunda comunidad en términos de PIB per cápita, pero solo la décima en recursos recibidos
En esta línea, el documento también recoge que aquellos territorios que cuentan con más potencial tienen que recibir un volumen de inversiones "proporcional y adecuado" a sus necesidades, y "en consonancia al peso en términos de PIB en el del conjunto de la economía española". Nuevamente, las instituciones consideran que el actual sistema de financiación no es eficiente porque "las inversiones no siempre se planifican y ejecutan por parte de las administraciones públicas con criterios transparentes de coste-beneficio". Para el tejido empresarial catalán, la carencia de correspondencia entre el que se presupuesta y se ejecuta afecta a territorios como Catalunya, que "se sitúa sistemáticamente por debajo de su peso en el PIB y también del que le correspondería por índice de población".
Reproches al Gobierno central por la falta de transparencia
El informe concluye con una crítica hacia el Gobierno del Estado por haber dejado de notificar la distribución territorial de la inversión del sector público central. En este sentido, las 20 instituciones firmantes de esta declaración reclaman que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –el órgano encargado del control de las finanzas públicas– publique los datos de inversión territorialitzada que se esperaban en mayo del 2023, y que las continúe publicando con el mismo formato y periodicidad.