Ya son más de 1.400 los municipios de todo Europa que se han declarado "localidades libres del TTIP", el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos que sigue en plena negociación. Barcelona, que este jueves y viernes acoge el primer Encuentro Paneuropea de Autoridades Locales y la Nueva Generación de Tratados de Libre Comercio, ya se va autoproclamar ciudad libre de TTIP el pasado septiembre. Otros grandes municipios como Múnich, Bremen, Milà, Sevilla o Valencia también lo han hecho en un movimiento que abraza básicamente España, Francia, Alemania, Austria y el Reino Unido.
"No somos los salvadores de nada, pero era necesario que el hecho que 1.400 municipios se hayan declarado libres de TTIP tuviera una continuidad", asegura a VÍA Emprendida Pablo Sánchez, director del área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. "Queremos reorientar la política internacional de la ciudad en el marco europeo, y este es un tema importante", añade.
Por qué no gusta el TTIP a escala municipal?
"No somos anti TTIP, no estamos en contra del libre comercio o del comercio internacional", aclara Sánchez para evitar confusiones. "Estamos pidiendo que la voz de los municipios sea escuchada de una manera mucho más inclusiva. Hay entidades locales que son más grandes que algunos estados: Londres es más grande que Letonia", insiste.
Pero qué problemas ven todos estos municipios al acuerdo de libre comercio? El estudio La amenaza global asalta lo local. El TTIP en municipios y comunidades autónomas, coordinado por Ecologistas en Acción, resume ocho puntos básicos donde, a su entender, el TTIP perjudicaría las administraciones locales: vivienda y urbanismo, agua, sanidad, medio ambiente, educación y servicios sociales, alimentación, defiende del consumidor y género.
En la apertura de la jornada este jueves en Barcelona, el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello ha celebrado que "las ciudades levantamos la voz"; y ha exigido "democracia y una transparencia y publicidad en la negociación de este tratado que hasta ahora no ha existido". De hecho, la acusación de secretismo en la negociación es un argumento habitual en el movimiento contrario al TTIP, a pesar de que las propuestas que ha realizado la UE se pueden consultar en el web de la Comisión Europea (CE).
VÍA Emprendida se ha puesto en contacto con la representación de la CE en Barcelona, desde donde se ve injustificado este temor. Sobre el hecho que tantos municipios se hayan declarado zona libre de TTIP, el portavoz Daniel Rosario señala que "en esencia todo Europa es una zona libre de TTIP, puesto que todavía no tenemos un acuerdo y las negociaciones no están acabadas". Por el portavoz de la CE "sólo tendremos un acuerdo cuando llegamos a un buen pacto por Europa, que es el que los 28 Estados miembros han pedido que hiciéramos repetidamente a la Comisión". Además, recuerda Rosario, "sólo tendremos un acuerdo cuando los 28 y el Parlamento Europeo den su sí".
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, pero, Pablo Sánchez indica que "si no nos declaramos en contra del TTIP, la Comisión Europea no nos escucha. Es un problema de la Unión Europea el hecho que sólo aquella gente que se opone acaba sentando a la mesa". Sánchez insiste que "la crítica en Europa es que sólo escucha siempre a los mismos. No escuchar Londres, París o Amsterdam es no escuchar lugares con un alto porcentaje de población europea".
El responsable del área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona recuerda que "traemos 12 rondas de negociación y hay el sentimiento que sólo se escucha los que dicen que esto es muy bueno, pero todo es futurible". A su entender, no hay ninguna garantía que el TTIP tenga que implicar la creación de muchos puestos de trabajo. "Tenemos estudios que lo confirman y otros que dicen el contrario", evidencia.
Los servicios públicos, en el punto de mira
Una de las grandes controversias del TTIP gira en torno a los servicios públicos, de lo contrario llamados servicios de interés económico general. "Querríamos una protección explícita con definiciones claras del que son los servicios municipales esenciales", dice Sánchez. "Pedimos a la CE la misma exclusión que ha hecho del sector audiovisual francés. No tienen que prometer que los protegerán, tiene que quedar clara por ley una exclusión legal y horizontal de todos los servicios de interés económico general", añade.
Ignacio García-Bercero, ningún negociador y directivo de laCE , ya decía hace unos meses en Barcelona que "los servicios públicos no se tratarán en la negociación. Se llama que se liberalizarán y se impedirá su regulación, pero esto no entra a cabeza de nuestros acuerdos". Desde la misma Comisión Europea en Barcelona también remiten a las diez principales ideas erróneas sobre el TTIP. Realidad y Ficción, uno de los documentos que han elaborado para dar a conocer el tratado al gran público.
En el documento, aseguran que "todos los acuerdos comerciales que ha firmado la UE incluyen garantías específicas sobre los servicios públicos". Además, dejan claro que "ninguna disposición del TTIP impediría en ningún gobierno volver a hacer público un servicio externalizado"; y explicitan que "el hecho de no renovar el contrato a una empresa que haya sido cubriendo un servicio público en ningún caso podría otorgar a esta empresa el derecho de pedir ninguna indemnización".
Unos argumentos que no parecen convencer al entorno municipalista. "La apertura, más allá de la que ya existe hoy, es poner en peligro la capacidad de regular de mucha gente sólo por el miedo de la liquidación futura", dice Sánchez.
Los tribunales de arbitraje
Justamente la resolución de conflictos entre gobiernos y grandes empresas es otro de los puntos más polémicos del TTIP. "Que los inversores europeos o americanos no puedan confiar en sus propios órganos de arbitraje no nos parece lógico. No nos hacen falta unos tribunales ad hoc por esta legislación", denuncia Pablo Sánchez.
El responsable del Ayuntamiento de Barcelona aventura que "la apertura a tribunales internacionales de arbitraje de sectores donde las grandes empresas te puedan denunciar por los futuribles beneficios perdidos es muy peligrosa". Sánchez pone un ejemplo. "Si quisiéramos hacer el tranvía de la Diagonal con un acuerdo público-privado para compartir costes, cuando el día de mañana decidimos que queremos tener el control directo, los inversores nos podrían denunciar porque ven que perderían beneficios con la inversión que ya han hecho".
Un razonamiento basado en casuísticas como la de la nacionalización del sistema de salud en Bolivia, que un fondo de inversión norteamericano denunció a la OMC y recibió una jugosa recompensa para retirar la demanda. "Nos tienen que asegurar que esto no puede pasar, porque si no, están ligando de manso y pies la futura política municipal", asegura Pablo Sánchez. "No es que seamos unos soviéticos que lo queremos todo público, el que pasa es que te toman una de las herramientas que tienes como municipio para trabajar, que es volver a la gestión directa", insiste.
Actualmente Europa ya tiene unos 3.500 acuerdos de inversión con los Estados Unidos. "Si ya tienes un grueso de cosas, no tienes que poner una capa de más. Primero hay que arreglar el que tienes y después, salir afuera con un sistema europeo", reflexiona Sánchez. "En lugar de hacer un estándar europeo claro, la Comisión se quiere ir al mundo a ver si el estándar mundial lo puede imponer sobre los otros. Y esta es una muy mala manera de hacer las cosas porque deseuropeïtza el debate europeo", sentencia.
Importar el que es bueno
Sea como fuere, el responsable municipal de la capital catalana abre la puerta al acuerdo. "Si quedara clara la exclusión de los servicios públicos ya sería un gran paso adelante, a pesar de que quizás entonces a algunos ya no los interesaría el tratado", ironiza.
Ahora bien, el hecho de negociar con una potencia mundial como los Estados Unidos también permite mirar de aprovechar el potencial de las dos bandas en la creación de estándares. "Tenemos criterios muy diferentes, ni mejores ni peores. Ya firmaríamos la importación de la regulación de mercados financieros de los Estados Unidos posterior a la crisis, porque aquí no hemos hecho nada", dice Sánchez. "Podríamos importemos esto y que ellos importen las cuestiones de derecho laboral", concluye.
"No somos los salvadores de nada, pero era necesario que el hecho que 1.400 municipios se hayan declarado libres de TTIP tuviera una continuidad", asegura a VÍA Emprendida Pablo Sánchez, director del área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. "Queremos reorientar la política internacional de la ciudad en el marco europeo, y este es un tema importante", añade.
Por qué no gusta el TTIP a escala municipal?
"No somos anti TTIP, no estamos en contra del libre comercio o del comercio internacional", aclara Sánchez para evitar confusiones. "Estamos pidiendo que la voz de los municipios sea escuchada de una manera mucho más inclusiva. Hay entidades locales que son más grandes que algunos estados: Londres es más grande que Letonia", insiste.
Pero qué problemas ven todos estos municipios al acuerdo de libre comercio? El estudio La amenaza global asalta lo local. El TTIP en municipios y comunidades autónomas, coordinado por Ecologistas en Acción, resume ocho puntos básicos donde, a su entender, el TTIP perjudicaría las administraciones locales: vivienda y urbanismo, agua, sanidad, medio ambiente, educación y servicios sociales, alimentación, defiende del consumidor y género.
En la apertura de la jornada este jueves en Barcelona, el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello ha celebrado que "las ciudades levantamos la voz"; y ha exigido "democracia y una transparencia y publicidad en la negociación de este tratado que hasta ahora no ha existido". De hecho, la acusación de secretismo en la negociación es un argumento habitual en el movimiento contrario al TTIP, a pesar de que las propuestas que ha realizado la UE se pueden consultar en el web de la Comisión Europea (CE).
VÍA Emprendida se ha puesto en contacto con la representación de la CE en Barcelona, desde donde se ve injustificado este temor. Sobre el hecho que tantos municipios se hayan declarado zona libre de TTIP, el portavoz Daniel Rosario señala que "en esencia todo Europa es una zona libre de TTIP, puesto que todavía no tenemos un acuerdo y las negociaciones no están acabadas". Por el portavoz de la CE "sólo tendremos un acuerdo cuando llegamos a un buen pacto por Europa, que es el que los 28 Estados miembros han pedido que hiciéramos repetidamente a la Comisión". Además, recuerda Rosario, "sólo tendremos un acuerdo cuando los 28 y el Parlamento Europeo den su sí".
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, pero, Pablo Sánchez indica que "si no nos declaramos en contra del TTIP, la Comisión Europea no nos escucha. Es un problema de la Unión Europea el hecho que sólo aquella gente que se opone acaba sentando a la mesa". Sánchez insiste que "la crítica en Europa es que sólo escucha siempre a los mismos. No escuchar Londres, París o Amsterdam es no escuchar lugares con un alto porcentaje de población europea".
El responsable del área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona recuerda que "traemos 12 rondas de negociación y hay el sentimiento que sólo se escucha los que dicen que esto es muy bueno, pero todo es futurible". A su entender, no hay ninguna garantía que el TTIP tenga que implicar la creación de muchos puestos de trabajo. "Tenemos estudios que lo confirman y otros que dicen el contrario", evidencia.
Los servicios públicos, en el punto de mira
Una de las grandes controversias del TTIP gira en torno a los servicios públicos, de lo contrario llamados servicios de interés económico general. "Querríamos una protección explícita con definiciones claras del que son los servicios municipales esenciales", dice Sánchez. "Pedimos a la CE la misma exclusión que ha hecho del sector audiovisual francés. No tienen que prometer que los protegerán, tiene que quedar clara por ley una exclusión legal y horizontal de todos los servicios de interés económico general", añade.
Ignacio García-Bercero, ningún negociador y directivo de laCE , ya decía hace unos meses en Barcelona que "los servicios públicos no se tratarán en la negociación. Se llama que se liberalizarán y se impedirá su regulación, pero esto no entra a cabeza de nuestros acuerdos". Desde la misma Comisión Europea en Barcelona también remiten a las diez principales ideas erróneas sobre el TTIP. Realidad y Ficción, uno de los documentos que han elaborado para dar a conocer el tratado al gran público.
En el documento, aseguran que "todos los acuerdos comerciales que ha firmado la UE incluyen garantías específicas sobre los servicios públicos". Además, dejan claro que "ninguna disposición del TTIP impediría en ningún gobierno volver a hacer público un servicio externalizado"; y explicitan que "el hecho de no renovar el contrato a una empresa que haya sido cubriendo un servicio público en ningún caso podría otorgar a esta empresa el derecho de pedir ninguna indemnización".
Unos argumentos que no parecen convencer al entorno municipalista. "La apertura, más allá de la que ya existe hoy, es poner en peligro la capacidad de regular de mucha gente sólo por el miedo de la liquidación futura", dice Sánchez.
Los tribunales de arbitraje
Justamente la resolución de conflictos entre gobiernos y grandes empresas es otro de los puntos más polémicos del TTIP. "Que los inversores europeos o americanos no puedan confiar en sus propios órganos de arbitraje no nos parece lógico. No nos hacen falta unos tribunales ad hoc por esta legislación", denuncia Pablo Sánchez.
El responsable del Ayuntamiento de Barcelona aventura que "la apertura a tribunales internacionales de arbitraje de sectores donde las grandes empresas te puedan denunciar por los futuribles beneficios perdidos es muy peligrosa". Sánchez pone un ejemplo. "Si quisiéramos hacer el tranvía de la Diagonal con un acuerdo público-privado para compartir costes, cuando el día de mañana decidimos que queremos tener el control directo, los inversores nos podrían denunciar porque ven que perderían beneficios con la inversión que ya han hecho".
Un razonamiento basado en casuísticas como la de la nacionalización del sistema de salud en Bolivia, que un fondo de inversión norteamericano denunció a la OMC y recibió una jugosa recompensa para retirar la demanda. "Nos tienen que asegurar que esto no puede pasar, porque si no, están ligando de manso y pies la futura política municipal", asegura Pablo Sánchez. "No es que seamos unos soviéticos que lo queremos todo público, el que pasa es que te toman una de las herramientas que tienes como municipio para trabajar, que es volver a la gestión directa", insiste.
Actualmente Europa ya tiene unos 3.500 acuerdos de inversión con los Estados Unidos. "Si ya tienes un grueso de cosas, no tienes que poner una capa de más. Primero hay que arreglar el que tienes y después, salir afuera con un sistema europeo", reflexiona Sánchez. "En lugar de hacer un estándar europeo claro, la Comisión se quiere ir al mundo a ver si el estándar mundial lo puede imponer sobre los otros. Y esta es una muy mala manera de hacer las cosas porque deseuropeïtza el debate europeo", sentencia.
Importar el que es bueno
Sea como fuere, el responsable municipal de la capital catalana abre la puerta al acuerdo. "Si quedara clara la exclusión de los servicios públicos ya sería un gran paso adelante, a pesar de que quizás entonces a algunos ya no los interesaría el tratado", ironiza.
Ahora bien, el hecho de negociar con una potencia mundial como los Estados Unidos también permite mirar de aprovechar el potencial de las dos bandas en la creación de estándares. "Tenemos criterios muy diferentes, ni mejores ni peores. Ya firmaríamos la importación de la regulación de mercados financieros de los Estados Unidos posterior a la crisis, porque aquí no hemos hecho nada", dice Sánchez. "Podríamos importemos esto y que ellos importen las cuestiones de derecho laboral", concluye.
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