La Unión Europea ha pagado 53,5 millones de euros desde 2015 a un total de 309 funcionarios que ya no trabajan en las instituciones europeas. Los ex trabajadores reciben 8.227 euros al mes de media, aunque algunos alcanzan los 20.000 euros mensuales, según publica el diario 'Ara', después de haber hecho una petición de transparencia a los órganos comunitarios. La institución que cuenta con más beneficiados es la Comisión Europea, que en los últimos ocho años ha destinado 31 millones de euros a 174 empleados. A continuación aparece en el Parlamento Europeo, con un gasto de 9,2 millones de euros para 58 funcionarios, mientras que el Consejo de la Unión Europea ha invertido 7,1 millones de euros en un total de 36 trabajadores.
El resto de instituciones que han efectuado pagos de este tipo son el Servicio Europeo de Acción Exteriores, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Centro de Traducción de la UE, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Oficina Comunitaria de Variedades Digitales.
El motivo principal por el cual existe este colectivo es "la rápida implementación de las nuevas tecnologías" y las "dificultades" que tienen algunos funcionarios para "adaptarse a un entorno sin papel y totalmente digitalizado en un plazo oportuno adecuado"
Según detallaron fuentes comunitarias al diario, la figura con la que se bautiza esta beneficencia es la "de excedencia por interés de servicio". La UE niega que sea equiparable a una prejubilación. Puede acogerse personal que, como muy pronto, le queden cinco años para llegar a la edad de jubilación y que hayan prestado servicios a las instituciones europeas durante al menos diez años. Por otra parte, existe un límite de plazas reservadas -no puede ser superior al 5% de los funcionarios totales- y es el jefe de cada administración quien decide aquellas que se pueden aprovechar.
Las mismas fuentes comunitarias aseguran que el motivo principal por el que existe este colectivo es "la rápida implementación de las nuevas tecnologías" y las "dificultades" que tienen algunos funcionarios para "adaptarse a un entorno sin papel y totalmente digitalizado en un plazo oportuno adecuado". Es decir, que cuando la institución cree que formar a un empleado con pocos años laboral en un entorno modernizado requiere "una inversión desproporcionada", opta por prescindir del trabajador pero manteniéndole el sueldo. Asimismo, se le sustituye por otro empleado con las competencias necesarias.
Si bien los funcionarios se encuentran en excedencia y pueden reincorporarse al puesto trabajo, la información publicada por el Ara señala que esta situación nunca se ha dado.