¿Podremos pagar para ponernos la vacuna contra la covid-19 en un centro privado de salud? De momento, no. El Ministerio de Sanidad responde a esta pregunta con rotundidad: "La estrategia europea de vacunación solo contempla que sean los estados que compren las dosis; queremos asegurar que todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas tengan igual acceso", indican fuentes del ministerio a VIA Empresa. De momento, es la sanidad pública quién se ha encargado de administrar las tres vacunas que ha comprado el Estado español: la de Pfizer y BioNTech, la de Moderna y la de Oxford y AstraZeneca, a la espera de que llegue la de Johnson & Johnson en abril y otras más adelante. Pero una parte de clínicas privadas reclama crear un circuito de vacunación paralelo al oficial.
En concreto, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a 1.300 entidades, pide al Gobierno central autorización para poder negociar directamente con las farmacéuticas la compra de vacunas. Entre sus argumentos principales, consideran que, "teniendo en cuenta el ritmo actual de vacunación, es imprescindible que la sanidad privada se involucre para acelerarlo" y que este modelo ya existe con otras campañas de vacunación, como la de la gripe.
La asociación lanzó la propuesta a finales de enero, pero todavía no ha concretado cómo sería este "apoyo" que darían a la sanidad pública, que llegaría, eso sí, una vez superado el periodo de escasez de vacunas. "Queremos generar este debate", afirman fuentes de ASPE, que aseguran que algunas comunidades autónomas se han mostrado abiertas a incluir a los centros privados en la estrategia de vacunación: Murcia, Andalucía y Catalunya. De momento, el gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha sido el único que ha dado orden de incorporar a los sanitarios de la privada al circuito de vacunación. Uno de los ejemplos que ponen de esta ayuda de la salud privada en la vacunación es el Reino Unido.
Allí, los sanitarios que no pertenecen al servicio nacional de salud (NHS, por sus siglas en inglés) también vacunan, coordinados por la salud pública. Hasta los tripulantes de cabina de algunas aerolíneas, como Easyjet y Virgin Atlantic, se han formado para poder suministrar vacunas a la población, puesto que muchos están sin trabajar ante el parón de la movilidad internacional. Si bien desde la Generalitat rechazan comentar este tema en profundidad y se limitan a remitir a las ruedas de prensa del Departament de Salut, la sanidad privada catalana se ofrece, pero no lo ve tan claro como la ASPE.
"No hay ninguna duda de que la sanidad privada podría participar en la vacunación si nos lo pidiera Salut Pública, pero no lo ha considerado oportuno", indica la Associació Catalana d'Entitats de Salut
El director general de la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), el doctor Lluís Monset, considera que no llegará el momento en que un usuario podrá pagar para ponerse una vacuna contra la covid-19 en la salud privada, como mínimo, en un futuro más o menos próximo. "La complicada estrategia de vacunación en nuestro entorno viene dada por las decisiones que se toman en la Unión Europea, y esta decidió que la distribución sería a través de los estados miembro y de manera gratuita para los ciudadanos, sin excepciones", indica. Pero algunos países de la UE ya se han empezado a desmarcar de la estrategia conjunta establecida: Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría y Eslovaquia negocian comprar las vacunas producidas en Israel, China y Rusia para acelerar la vacunación a sus ciudadanos.
La experiencia de los hospitales
Esta primera ruptura con la hoja de ruta comunitaria puede ser un precedente para otras acciones de los estados miembro. A pesar de que la ACES no lo ve cercano, deja la puerta abierta a participar en la vacunación: "No hay ninguna duda de que podríamos hacerlo si nos lo pidiera Salut Pública, pero no lo ha considerado oportuno". Y el doctor Monset añade: "Si nos lo pidiera, nos pondríamos a trabajar inmediatamente para que nuestros conciudadanos recibieran la vacunación sin ningún coste para ellos y lo más rápidamente posible". No contemplan, sin embargo, comprar dosis a las farmacéuticas y venderlas a los pacientes.
El primer modelo privado de compra y suministro de vacunas contra la covid-19 en todo el mundo ha sido en Indonesia. La presión de las empresas ha llevado al gobierno del país a autorizar que las compañías de cualquier sector puedan comprar dosis a la sanidad pública para vacunar a los trabajadores y sus familias. Esta alternativa al circuito oficial de vacunación es gratuita para los empleados; es la empresa quien se tiene que hacer cargo del precio de la vacuna.
Los centros de sanidad privada sí pueden comprar vacunas de la gripe y el usuario puede pagar para ponérselas, como cualquiera otro servicio recibido
Fuentes del Hospital General de Catalunya, del grupo Quirónsalud, califican cualquiera de estas posibilidades de "ciencia ficción". Recuerdan que hay escasez de vacunas y creen que esto impide pensar en este escenario. Si se diera el caso, los hospitales privados están preparados. Las condiciones atmosféricas que necesitan algunas de las vacunas han sido uno de los principales retos a la hora de distribuirlas, almacenarlas y suministrarlas. En concreto, la de Pfizer se tiene que conservar a entre -80ºC y -60ºC durante hasta seis meses, unas temperaturas poco habituales para los congeladores y refrigeradores farmacéuticos.
"Algunos hospitales privados ya se han adelantado y han empezado a comprar maquinaria", aseguran las fuentes de la ASPE. En cambio, desde el Hospital General indican que "ya tenemos las neveras adecuadas porque hemos tenido que poner vacunas a nuestros sanitarios".
Las implicaciones éticas
El sector privado también tiene experiencia en la adquisición directa de otras vacunas, como la de la gripe. El director general de la ACES recuerda que esta sí se vende a los usuarios "como un servicio recibido". Aún así, desvincula los dos casos. "Si hay una epidemia como la actual, en la que de momento las vacunas covid son muy escasas, las coordenadas lógicamente son y tienen que ser diferentes que con las demás vacunas, por un criterio de eficiencia y de equidad entre toda la población", añade.
Así pues, el hecho de que las clínicas privadas pudieran comercializar vacunas contra la covid-19 también tiene implicaciones éticas. El catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joan-Ramon Laporte considera que "los centros privados tienen que mantenerse al margen, puesto que generan desigualdades y multiplican las existentes". En este sentido, indica que la vacunación de toda la población para frenar la pandemia del coronavirus es "un reto colectivo" y que la solución que propone la ASPE supondría "vacunar a personas que no lo necesitan tanto pero que lo pueden pagar, en detrimento de las personas que más lo necesitan". Si esto acaba pasando, continúa, "fracasaremos todos".