La reciente aprobación de la reforma del diseño del mercado eléctrico de la Unión Europea (UE) supone un primer hito necesario para la transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente. La crisis energética y la necesidad de proteger a los ciudadanos ante futuros escenarios de escalada de precios hizo incrementar la urgencia en la agenda política de emprender esta renovación. Sin embargo, subyacían por debajo dos grandes tendencias a las cuales Europa tiene que dar respuesta: la necesidad de conseguir una ratio de electrificación del sistema energético alrededor del 60%-70% en 2050 -actualmente estamos un poco por encima del 20%- y, por lo tanto, también la de establecer los mecanismos que permitan reincentivar la construcción de generación de capacidad renovable. Y, por otro lado, la necesidad de digitalización.
La reforma ha centrado sus esfuerzos iniciales -no hay que obviar que se ha llevado a cabo en poco más de un año- en reducir la volatilidad de los precios impulsando los contratos por diferencia y aumentando el compromiso de los gobiernos alrededor de la promoción y facilitación de las PPAs. Define por primera vez a escala europea el concepto de pobreza energética y prohíbe la desconexión de los colectivos más vulnerables. La reforma, en el que es quizás uno de sus éxitos más grandes, fija un mecanismo común de respuesta en caso de emergencia que estará supervisado por la Unión Europea.
Las bases para un sistema más descentralizado, flexible y digital
El camino para construir un mercado eléctrico capaz de dar respuesta a una Europa descarbonizada es extremadamente complejo. Hay que garantizar la capacidad y estabilidad del sistema favoreciendo el almacenamiento y las cuotas de flexibilidad más grandes, pero la reforma establece ya algunas iniciativas. La velocidad de adopción de las cuales y cómo acaben concretándose resultará clave.
En primer lugar, facilita las comunidades energéticas entre pequeños generadores y ya aparece la figura del organizador de consumo compartido. Aun así, deja a decisión de los países la posibilidad que grandes empresas puedan entrar a formar parte de comunidades energéticas, clave en un mercado con tanta solar como el español, y que favorecería el crecimiento de las microgrids - dando así mayor capacidad y a la vez almacenamiento y flexibilidad al sistema.
Se estima que en Europa podremos ahorrar entre 11,1 y 29,1 billones de euros anuales de inversión en la red si conectamos los activos de flexibilidad y las DSO tienen capacidad para recomprar y almacenar energía
Otro punto importante que recoge la normativa es la remuneración de mecanismos que ayuden a allanar los picos de generación y demanda, pudiendo acogerse a partir de los 100kW. Si bien esta medida es clave para la flexibilidad, el gobierno tendrá que simplificar los procesos para que los pequeños actores se puedan acoger.
Uno de los grandes retos para emprender la modernización de la red -es decir, dotarla de más inteligencia, software, automatización para poder gestionar el aumento exponencial de recursos distribuidos y con alta variabilidad- era el modelo tarifario. La adopción de un modelo tarifario basado en el TOTEX -en los gastos totales y no solo en las inversiones CAPEX- era totalmente necesario para poder emprender estas modernizaciones. Es importante que, cuanto antes mejor, se dé visibilidad, transparencia y se detalle cómo se implementará para que no se posterguen los esfuerzos de modernización que nos permitirán tener una red preparada para la transición energética. Además, se estima que en Europa podremos ahorrar entre 11,1 y 29,1 billones de euros anuales de inversión en la red si conectamos los activos de flexibilidad y las DSO tienen capacidad para recomprar y almacenar energía.
La necesidad de hacer converger incentivos y regulación hacia unos mismos objetivos: más descentralización, flexibilidad y digitalización
Los gobiernos de la UE han gastado 750 billones de euros para proteger los consumidores de la subida de precios, el equivalente al 4% del PIB. La mayoría de estos subsidios han sido proporcionales al volumen de consumo, una cosa ineficiente desde nuestro punto de vista, dado que no incentiva que baje la demanda, premiando a los que menos esfuerzo hacen para gestionar mejor sus consumos. También es injusto, puesto que da más a los que ya se pueden permitir el lujo de gastar más. Sin ir más lejos, el gobierno español creó una "excepción ibérica" para que las centrales eléctricas de gas pudieran continuar quemando.
Si España es capaz de redirigir los fondos que se generen con la implementación de los contratos por diferencia, a premiar la reducción del consumo y a crear un fondo de eficiencia energética que permita a los consumidores acceder a ayudas para la renovación de la gestión energética de edificios, optimización de consumos en pequeñas y medianas empresas, electrificación de bombas de calor, cargadores inteligentes para vehículos eléctricos, sistemas de gestión energética o generación solar en el techo (por mencionar algunas), tendríamos una transición realmente justa, asegurando que los beneficios de la modernización en un sistema flexible no se limiten a aquellos que se pueden permitir la inversión inicial.
