22
de Octubre
de
2014
Act.
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Que este es un país de 'mal pagadores' es una afirmación que se escucha a menudo pero que, en la práctica, se convierte en uno de los principales problemas de viabilidad para las empresas. Y sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas que sufren, muy habitualmente y de manera evidente, la demora en el cobro de las facturas, sean públicas o emitidas por otras empresas.
Y esto, a pesar de que el artículo 3 de la ley 15/2010 determina que en operaciones comerciales, el margen son 60 días después del recibimiento de la mercancía o prestación de los servicios y en cuanto a la Administración pública, el pago tiene que ser a 30 días. Además, la morosidad, a pesar de que siempre ha existido, se ha acelerado con la crisis.
El último informe, presentado este miércoles en Madrid, llega de la mano de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que lidera el catalán Antoni Cañete, a la vez secretario general de Pimec . El estudio muestra que las grandes compañías de la IBEX liquidan sus facturas en un periodo mediano superior a los 160 días, casi lo triple permitido por la ley, que recordamos es de 60 días. Según su estudio, los atrasos suponen unos intereses de demora que superan los 1.200 millones de euros y un ahorro financiero de más de 1.430 millones de euros. Y en conjunto, su morosidad llega a los 47.375 millones de euros.
Exigencia de un régimen sancionador
Para las pymes, el atraso en el cobro de las facturas por bienes o servicios es una causa de asfixia financiera. "La morosidad no te hace viable y si esto lo escales en un país, hace que el nuestro, siendo tan mal pagadores, sea menos viable que otros países en el ámbito empresarial", explica Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de Pimec Cataluña.
En opinión del empresario, urge la activación de un régimen sancionador para multar aquellas organizaciones que ahogan otras empresas. Su propuesta es obligar al pago de hasta 900.000 euros y acordar cierres temporales de un año de las empresas que suman 3 infracciones severas. "El régimen sancionador permitiría homogeneizar los plazos de pago con Europa y, por lo tanto, que nuestras pymes y autónomos ganen en competitividad", ha añadido.
Las empresas de construcción, las más afectadas
Con el análisis de la PMcM se evidencia que el sector de la construcción e inmobiliario continúa siendo el que registra mayor demora en la liquidación de las facturas. Los plazos medios de pago en 2013 son de 288 días, un 10% menos que en 2012 (319 días), pero los tiempos de liquidación continúan estando fuera de la ley.
Los empresarios consultados por VIAempresa coinciden a afirmar que las empresas del sector de la construcción son las que tienen más problemas con las facturas pendientes. Según Hoya, los relacionados con reformas, obra pública y obra civil. "Es donde se nota más y donde las facturas suelen ser más grandes", dice. Por su parte, Cañete mantiene este argumento y añade al grupo las empresas del sector sanitario. "Por ejemplo las farmacéuticas tienen un grave problema con el pago a proveedores que piden efectivo, porque la Administración todavía los diez más de 100 millones de euros. Las estamos matando despacio".
Los atrasos de la Administración
Según el último informe de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos –publicado en septiembre-, la administración pública de Cataluña es la más tardía a la hora de pagar las facturas del sector autónomo: 138 días de media. Después, País Valenciano (135 días) y Andalucía (132 días). "Antes la Administración tenía atrasos pero no era de tantos días. Ahora se ha hecho muy fuerte", apunta Paco Hoya, presidente de la Organización de Autónomos de Cataluña, Autcat, que agrupa el colectivo de autónomos de Cecot desde el 2004.
Porque no son sólo las empresas. También la Administración pública tarde a pagar, motivo por el cual el sector empresarial, cada vez más, opina que no compensa trabajar con ayuntamientos, diputaciones o ministerios. "Nunca compensa. Quién haya continuado posiblemente sea por otros motivos o porque le compense en alguno otro sentido, como una actividad futura, pero financieramente por supuesto que no. Es una barbaridad tardar un año a cobrar una factura cuando tú has tenido que avanzar el IVA en el pago a tus proveedores...", apunta Hoya.
"Nuestra sensación es que el autónomo que trabaja por la Administración pública ya conoce como funciona y quien decide trabajar yacuenta que tardará a cobrar y entonces ya se lo planifica y se financia él mismo. Pero otra parte de los autónomos, un golpe ha descubierto esto, decide que no trabajará más, si puede hacerlo", argumenta Hoya.
El IVA, el otro gran problema
La regulación es una de las reivindicaciones más escuchadas y donde la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME) ha decidido hacer más ruido. Maria Helena de Felipe, su presidenta, asegura a VIAempresa que no se pararán en la protesta. "Haremos acciones concretas, iremos a hablar con todos y también con el señor Montoro. Cuando se cobra, se paga el IVA. No lo tenemos que avanzar", afirma rotunda la representante de esta entidad que agrupa pymes de Cataluña .
En este sentido, desde la PMcM se defiende que se haga una inversión del sujeto pasivo, que permitiría que si pasan 60 días y el empresario informa que no ha cobrado, se invierte el sujeto que paga el IVA. "Sería magnífico porque con esto consigues evitar la injusticia, dar liquidez a las empresas y, muy importante: sabes quién está cumpliendo y quien no está cumpliendo la ley", razona Cañete.
Y esto, a pesar de que el artículo 3 de la ley 15/2010 determina que en operaciones comerciales, el margen son 60 días después del recibimiento de la mercancía o prestación de los servicios y en cuanto a la Administración pública, el pago tiene que ser a 30 días. Además, la morosidad, a pesar de que siempre ha existido, se ha acelerado con la crisis.
El último informe, presentado este miércoles en Madrid, llega de la mano de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que lidera el catalán Antoni Cañete, a la vez secretario general de Pimec . El estudio muestra que las grandes compañías de la IBEX liquidan sus facturas en un periodo mediano superior a los 160 días, casi lo triple permitido por la ley, que recordamos es de 60 días. Según su estudio, los atrasos suponen unos intereses de demora que superan los 1.200 millones de euros y un ahorro financiero de más de 1.430 millones de euros. Y en conjunto, su morosidad llega a los 47.375 millones de euros.
Exigencia de un régimen sancionador
Para las pymes, el atraso en el cobro de las facturas por bienes o servicios es una causa de asfixia financiera. "La morosidad no te hace viable y si esto lo escales en un país, hace que el nuestro, siendo tan mal pagadores, sea menos viable que otros países en el ámbito empresarial", explica Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de Pimec Cataluña.
En opinión del empresario, urge la activación de un régimen sancionador para multar aquellas organizaciones que ahogan otras empresas. Su propuesta es obligar al pago de hasta 900.000 euros y acordar cierres temporales de un año de las empresas que suman 3 infracciones severas. "El régimen sancionador permitiría homogeneizar los plazos de pago con Europa y, por lo tanto, que nuestras pymes y autónomos ganen en competitividad", ha añadido.
Las empresas de construcción, las más afectadas
Con el análisis de la PMcM se evidencia que el sector de la construcción e inmobiliario continúa siendo el que registra mayor demora en la liquidación de las facturas. Los plazos medios de pago en 2013 son de 288 días, un 10% menos que en 2012 (319 días), pero los tiempos de liquidación continúan estando fuera de la ley.
Los empresarios consultados por VIAempresa coinciden a afirmar que las empresas del sector de la construcción son las que tienen más problemas con las facturas pendientes. Según Hoya, los relacionados con reformas, obra pública y obra civil. "Es donde se nota más y donde las facturas suelen ser más grandes", dice. Por su parte, Cañete mantiene este argumento y añade al grupo las empresas del sector sanitario. "Por ejemplo las farmacéuticas tienen un grave problema con el pago a proveedores que piden efectivo, porque la Administración todavía los diez más de 100 millones de euros. Las estamos matando despacio".
Los atrasos de la Administración
Según el último informe de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos –publicado en septiembre-, la administración pública de Cataluña es la más tardía a la hora de pagar las facturas del sector autónomo: 138 días de media. Después, País Valenciano (135 días) y Andalucía (132 días). "Antes la Administración tenía atrasos pero no era de tantos días. Ahora se ha hecho muy fuerte", apunta Paco Hoya, presidente de la Organización de Autónomos de Cataluña, Autcat, que agrupa el colectivo de autónomos de Cecot desde el 2004.
Porque no son sólo las empresas. También la Administración pública tarde a pagar, motivo por el cual el sector empresarial, cada vez más, opina que no compensa trabajar con ayuntamientos, diputaciones o ministerios. "Nunca compensa. Quién haya continuado posiblemente sea por otros motivos o porque le compense en alguno otro sentido, como una actividad futura, pero financieramente por supuesto que no. Es una barbaridad tardar un año a cobrar una factura cuando tú has tenido que avanzar el IVA en el pago a tus proveedores...", apunta Hoya.
"Nuestra sensación es que el autónomo que trabaja por la Administración pública ya conoce como funciona y quien decide trabajar yacuenta que tardará a cobrar y entonces ya se lo planifica y se financia él mismo. Pero otra parte de los autónomos, un golpe ha descubierto esto, decide que no trabajará más, si puede hacerlo", argumenta Hoya.
El IVA, el otro gran problema
La regulación es una de las reivindicaciones más escuchadas y donde la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME) ha decidido hacer más ruido. Maria Helena de Felipe, su presidenta, asegura a VIAempresa que no se pararán en la protesta. "Haremos acciones concretas, iremos a hablar con todos y también con el señor Montoro. Cuando se cobra, se paga el IVA. No lo tenemos que avanzar", afirma rotunda la representante de esta entidad que agrupa pymes de Cataluña .
En este sentido, desde la PMcM se defiende que se haga una inversión del sujeto pasivo, que permitiría que si pasan 60 días y el empresario informa que no ha cobrado, se invierte el sujeto que paga el IVA. "Sería magnífico porque con esto consigues evitar la injusticia, dar liquidez a las empresas y, muy importante: sabes quién está cumpliendo y quien no está cumpliendo la ley", razona Cañete.