Entre los años 60 y 80 del pasado siglo, Catalunya experimentó un importante crecimiento de su industria y de las infraestructuras necesarias para desarrollarse. Fueron los años del despliegue de importantes zonas industriales, especialmente en la región metropolitana, que se llenaban de naves industriales y utilizaban para hacer sus cubiertas un material como el fibrocemento, que era económico, ligero y fácil de colocar. Para reforzar su consistencia, durante 20 años, se le añadió amianto, un componente altamente peligroso para los pulmones humanos cuando empieza a degradarse. En 2002, las administraciones tomaron conciencia de este hecho y prohibieron su utilización en todos los procesos constructivos, pero el daño ya estaba hecho.
La Generalitat tiene censadas 122.460 cubiertas en Catalunya con fibrocemento
La Generalitat tiene censadas 122.460 cubiertas en Catalunya con fibrocemento, el equivalente a 40 kilómetros cuadrados de superficie o, en términos futbolísticos, unos 27.000 campos del Barça, poca broma. Y todo esto sin contar con los depósitos, tuberías y desagües que tienen muchas casas con este material. En conjunto, el peso de todo este fibrocemento que habrá que sustituir es de unos cuatro millones de toneladas. En términos generales, habrá que retirar 142 millones de metros cuadrados de placas de uralita que, a un coste actual de retirada y sustitución de 100 euros por metro cuadrado, ya nos indica la inversión que será necesaria en menos de nueve años. Siguiendo la directiva europea, estamos hablando de "14.000 millones de euros".
Este no es un problema solo nuestro, sino de toda Europa y forma parte de la agenda europea como una de las prioridades hasta 2032, fecha límite para la retirada de este material tóxico de todo el continente, pero los costos de esta transformación recaerán básicamente en el sector empresarial. Solos, sin embargo, no podrán hacerlo; un proyecto de esta envergadura necesita la cooperación público-privada, y por ello el Govern de la Generalitat puso a consulta el mes de enero de este año el Anteproyecto de Ley de gestión y retirada del amianto en Catalunya con el objetivo de sentar las bases sobre las que fundamentar este proceso. Es una iniciativa a celebrar, pero preocupa su contenido actual, que está lleno de lagunas y dudas como bien se pone de manifiesto en la propuesta que la patronal Cecot ha elevado al Govern. Habrá que ser muy cuidadoso en la redacción del texto legal y de los reglamentos que se deberán desplegar si no queremos que se generen cuellos de botella que hagan inviable llevarlo a buen término.
Para empezar, hay que analizar si se han previsto incentivos al sector empresarial para hacer la sustitución, si los presupuestos contemplan las partidas necesarias, si los plazos son correctos, si los recursos humanos del sector público son suficientes, si tenemos las empresas especializadas necesarias para gestionarlo y si tenemos personal cualificado para hacerlo. Y la respuesta es clara: no lo tenemos ni hay señales de que pueda mejorar pronto. Y el reloj corre inexorablemente. Solo con que se confirme que alguno de estos factores imprescindibles no esté previsto y operativo hará descarrilar todo el tren. Para acabarlo de complicar y suponiendo que la planificación y ejecución de la retirada masiva del amianto funcione, tendremos que ver qué hacemos con estos residuos. ¿Dónde los verteremos?
El amianto no se puede arrojar en cualquier sitio y requiere espacios concretos, preparados y autorizados para hacerlo
Como todos somos conscientes a estas alturas de nuestra cultura ambiental, el amianto no se puede arrojar en cualquier sitio y requiere espacios concretos, preparados y autorizados para hacerlo y, en la actualidad, solo disponemos de un vertedero en la planta de Castellolí, en la comarca del Anoia y cerca de Òdena. ¿Podrá esta planta absorber toda la demanda que se generará? Imposible. Necesitaremos decenas de nuevas plantas para cubrir la demanda. Plantas que no existen, que no están planificadas y que habrá que crear con urgencia. Solo los trámites ambientales para autorizar los espacios pueden tardar años, y llevar a cabo las plantas de tratamiento con personal cualificado que ni existe ni se le espera, unos cuantos años más... El Govern deberá explicar con claridad cómo prevé hacerlo.
La iniciativa pública es correcta, pero carece de realismo en su ejecución. La envergadura del proyecto es hercúlea y si no se le da un enfoque de viabilidad no lo conseguiremos:
- Pensar que el empresariado movilizará 14.000 millones de euros para cambiar las cubiertas sin incentivos económico-fiscales no es realista. No lo harán, ni la administración se atreverá a sancionar a cerca del 30% de los titulares del parque industrial de Catalunya. Se necesitan calendarios concretos, definiciones claras de apoyos y una gran campaña de sensibilización.
- No tener a estas alturas previstas las plantas de tratamiento del amianto ya anticipa cómo no comenzará la fiesta. No se podrá retirar ni un kilogramo de las cubiertas hasta que se resuelva el destino de estos residuos.
Pero quizás es el momento de combinar diferentes soluciones a distintos problemas que tenemos como país: tenemos una necesidad prioritaria que es el amianto que, abordado como problema aislado, parece irresoluble, pero si lo consideramos acompañado de la voluntad de descarbonizar el país, podríamos considerar seriamente la posibilidad de sustituir las cubiertas de uralita por cubiertas fotovoltaicas que faciliten el autoconsumo y el autoconsumo compartido, con una generación kilómetro cero y que, con el volumen de cubiertas que necesitan ser cambiadas, nos acercaría a una independencia energética de fuentes de combustibles fósiles o de plantas de generación verde alejadas de los centros de consumo, poco eficientes por los costos del transporte y las pérdidas por distancia.
Catalunya se ha quedado con un parque industrial antiguo y anticuado. Nuestros polígonos han quedado desfasados, con naves industriales con deficientes prestaciones de eficiencia energética, de alturas, de accesos, mantenimientos de viales, potencias instaladas, limpieza, e imagen poco homologables con otras zonas europeas. Pero recuerden que nuestros políticos suelen prestar más atención a los votos que a los problemas reales y, en este caso, los polígonos no votan, por tanto, son los grandes olvidados de nuestras ciudades.
Catalunya se ha quedado con un parque industrial antiguo y anticuado
Ahora tenemos una oportunidad de oro de aprovechar esta coyuntura del amianto para revisar y valorar nuestra oferta para atraer industria del siglo XXI, conectar mejor los espacios urbanos con industriales, revalorar estos activos, mejorar la salud colectiva, generar energía limpia para autoconsumo propio y compartido, y reducir emisiones de CO2. Muchas dinámicas virtuosas si las jugamos a la vez, pero no necesitaremos una Ley de retirada del amianto, sino un Pacto Nacional de regeneración de los espacios industriales.