El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central ha establecido las bases que regirán la concesión de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) correspondiente al vehículo eléctrico y conectado. Esta normativa, ya publicada en el BOE, establecerá las condiciones del reparto de los cerca de 3.000 millones de euros asignados al proyecto, y llega después de la aprobación por parte de la Comisión Europea y la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos.
De los 2.975 millones de euros asignados al Perte para el periodo 2021-2023, 1.425 MEUR llegarán a las empresas en forma de préstamo, mientras que los 1.550 millones de euros restantes lo harán como subvenciones. El Estado espera que las inversiones del proyecto movilicen una inversión privada de 11.900 millones de euros, lo que suponeria un efecto multiplicador de cuatro veces el montante de las ayudas.
Los beneficiarios de las ayudas en este periodo 2021-2023 tendrán un plazo máximo de ejecución de los proyectos hasta el 2025. Las subvenciones y préstamos, según la normativa publicada al Boletín Oficial del Estado, podrían tener un carácter plurianual, y se formalizarían mediante el fondo de recuperación o con ayudas directas de presupuestos, o bien con una combinación de ambas modalidades.
Las ayudas complementarán otras concesiones públicas al sector, como el Plan Moves, que llevaría el fondo de subvenciones y préstamos al sector de la automoción hasta los 4.300 millones de euros. Con todo, el desarrollo del Perte tendrá una inversión total de 24.000 millones de euros entre sector público y privado, con el objetivo de promover la fabricación integral del vehículo eléctrico en elEstado español.
Empresas beneficiarias
El Perte del vehículo eléctrico y conectado establece un modelo de subvenciones colaborativo, mediante el cual los demandantes interesados tendrían que establecer agrupaciones empresariales sin personalidad jurídica y con un acuerdo previo. Los proyectos se dividirían en tres grupos: los tractores, que ocupen varias partes de la cadena de valor; los de fabricación y ensamblaje, dedicado a las baterías, pilas y otros componentes esenciales del vehículo eléctrico; y los adicionales, dedicados a la fabricación de componentes de conectividad de los vehículos inteligentes.
Según establece la normativa, las agrupaciones deberán tener una composición de como mínimo un 40% de pequeñas y medianas empresas, además de un proveedor tecnológico con capacidad técnica para el desarrollo de la R+D del plan que se financie con el Perte. Por otro lado, los grupos solicitantes contarán con empresas de fabricación de vehículos de motor y de componentes de piezas y accesorios con representación conjunta en al menos dos comunidades autónomas.
Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central, Reyes Maroto, el Gobierno logra con esta normativa "el compromiso de terminar la estructura del proyecto estratégico a finales de año". La ministra ha valorado las propuestas que se presenten y su capacidad de favorecer "la atracción de inversiones y el refuerzo a todo el ecosistema de la automoción" del Estado español.