Sant Andreu de la Barca reclama mantener todos los puestos de trabajo de Celsa

El alcalde pide una reunión con los nuevos propietarios de la planta de Catellbisbal para "conocer las perspectivas de futuro"

Un operario de Celsa Group en las instalaciones de la firma en Castellbisbal | ACN Un operario de Celsa Group en las instalaciones de la firma en Castellbisbal | ACN

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) reclama que el cambio de propietarios de Celsa no altere la plantilla de la planta de Catellbisbal. En un comunicado, el consistorio recuerda que, de los 800 trabajadores de las instalaciones, cerca de 200 son vecinos de Sant Andreu. "Es imprescindible mantener los puestos de trabajo", apunta el gobierno municipal el día siguiente de la sentencia que avala el cambio de propiedad.

El alcalde Marc Giribet ha pedido una reunión con los nuevos dueños para "conocer las perspectivas de futuro" del gigante fabricante de acero e insta a los gobiernos catalán y español a garantizar el cumplimiento "estricto" de la resolución en cuanto a los compromisos de los acreedores de "preservar e incrementar el valor de la compañía, manteniendo su integridad y conservando los puestos de trabajo".

De los 800 trabajadores de la planta de Catellbisbal, cerca de 200 son vecinos de Sant Andreu

"Mejorar la gestión operativa", compromiso de los nuevos propietarios

Después de conocer el contenido de la sentencia, los acreedores de Celsa emitieron un comunicado este lunes en que aseguraban que algunas de las "prioridades clave" del nuevo consejo de administración serán "mejorar la gestión operativa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera". Así mismo, señala que los acreedores "están comprometidos" con el mantenimiento de la actividad en España.

Més info: El juez aprueba el plan de reestructuración de Celsa

Además, deja claro que el siguiente paso de los nuevos propietarios será "trabajar estrechamente con todas las partes interesadas" con el objetivo de garantizar que el plan de reestructuración se lleve a cabo "de la mejor manera posible" y "reconociendo la naturaleza estratégica de la empresa y de su importancia para la economía española". Según el comunicado de los acreedores, el plan aprobado por el juez es una solución con capital privado y que no requerirá la ayuda de la SEPI, valorada en 550 millones de euros.

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