"Ahora han aparecido muchos casos de corrupción, pero la mayoría se produjeron en la época de expansión". Lo ha asegurado este martes Javier Salinas, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los autores del IEB Report sobre la corrupción que se ha presentado este martes en la Universitat de Barcelona. El trabajo que ha presentado el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) repasa la evolución de la percepción ciudadana sobre el fenómeno de la corrupción, y analiza las vías para combatirla y qué efecto tiene sobre el juego democrático. Por Salinas, "la crisis y los casos más mediáticos han hecho aumentar la preocupación ciudadana, pero cómo que los fondos y la contratación pública han disminuido y hay más control, actualmente hay menos casos de corrupción a pesar de que la percepción sea mayor".
El estudio económico de la corrupción tiene en cuenta aquella que se produce con la presencia de agentes públicos "que abusan de su poder discrecional con el fin de obtener un interés propio", ha definido el catedrático. Una situación "difícil de medir como todas las actividades ocultas", ha reconocido; y que por lo tanto se traduce en recuento de indicadores objetivos (sentencias, casos destapados a la prensa) y subjetivos (percepción ciudadana).
"Que en Alemania haya más sentencias que a Zimbàbue no quiere decir que haya más corrupción", advierte Salinas sobre la imperfección de estos indicadores. Para corregirlos se acostumbra a tener en cuenta los estudios del Banco Mundial y el Índice de Corrupción Percibida que elabora Transparencia Internacional.
España, posición intermedia
A escala europea, España ocupa una posición intermedia en percepción de corrupción (19è lugar de 32), lejos de los países nórdicos pero también muy lejos de países en peor situación como Grecia, Italia o Rumanía. "El índice se ha mantenido estable los últimos años; pero sí que ha perdido respete los tiempos de antes de la crisis", ha explicado Salinas. Si 100 es la mejor puntuación, España ha perdido 10 puntos en estos años (de 70 a 60).
De hecho, el 95% de la población española considera la corrupción como un fenómeno muy extendido. "Es una cifra muy superior a la media europea (76%)", alerta Salinas. Además, un 67% considera que la corrupción la afecta a su vida diaria (la media europea es un 25%). Aún así, "cuando se pregunta a los ciudadanos si han sido partícipes de una actividad de corrupción, sólo un 2% dice que sí, cuando la media europea es del 4%", indica el catedrático madrileño. La explicación es que "aquí asociamos la corrupción a los grandes negocios".
La corrupción también es un fenómeno preocupante para las empresas. Según las encuestas del Informe contra la Corrupción elaborado por la UE, el 54% considera que es un problema grave, y un 46% evidencia que los tratos de favor o nepotismo afectan gravemente la actividad empresarial.
La Ley de Transparencia: más vale tarde que nunca
A la hora de buscar armas para combatir la corrupción, enseguida surge siempre el término transparencia. "No es la panacea, pero sí que es un instrumento importante para acabar con la corrupción. Cuanto más hay, menos margen queda para poder cometer actas corruptas", asegura Javier Salinas.
"Hace que la Administración sea como una casa de vidrio, donde se puedan ver las decisiones que se toman y cómo afectan a todo el mundo. La corrupción siempre va ligada a la opacidad", ha destacado. Las nuevas tecnologías e Internet están siendo, en este sentido, un elemento dinamizador de la transparencia activa, la que trae la administración a difundir toda su información.
En España, en 2013 se aprobó la Ley de Transparencia donde se establece la puesta en marcha del web de transparencia de la Administración central. Una ley que llega bastante tarde respeto el resto de países europeos. "España ha sido el último país de la UE de más de un millón de habitantes a tener una ley de transparencia", ha lamentado Salinas, a pesar de matizar que trata "de una cuestión más de voluntad política que de leyes".
Aun así, el portal que vio la luz a mediados del 2014, ha recibido muchas críticas porque la mayoría de datos que contiene ya eran públicas. Además, "escasean los archivos descarregables que se puedan reutilizar y no contiene información de comunidades autónomas, entidades locales, sociedades estatales, fundaciones y órganos constitucionales", lamenta.
Sea como fuere, las diferencias también son importantes entre comunidades autónomas. Mientras Cataluña, Castilla y León y el País Vasco obtienen la máxima puntuación en el Índice de Transparencia (100 puntos sobre 100), otras autonomías como Madrid (65) o Murcia (78,8) todavía tienen mucho camino para recorrer.
Más allá de las medidas de transparencia, la corrupción también se combate a través de la actuación judicial. En este campo, un golpe más, España va tarde y a remolque de la media europea. "En España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes (10 menos que la media europea) y el gasto en justicia por habitante es la mitad", critica el catedrático; que también lamenta "su carencia de informatización, que contrasta con la de la Agencia Tributaria".
El voto como arma contra la corrupción
Jordi Muñoz (@jordimunozm), investigador Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona, destaca que "la paradoja fundamental es que los políticos implicados en casos de corrupción muchos golpes siguen siendo reelegidos". Y esto todo y el consenso general que la corrupción tiene efectos negativos sobre la sociedad y el crecimiento económico.
"Si todos nos ponemos de acuerdo en las consecuencias negativas para la sociedad, habría que esperar que los votantes utilizaran el voto para castigar los que la cometen", apunta Muñoz. En este supuesto, "las elecciones serían un elemento muy efectivo en contra de la corrupción. Si los políticos perciben la amenaza de la no reelección, no tendrían que participar en actas corruptas".
Aun así, los datos demuestran que "la democracia coexiste de forma estable con niveles elevados de corrupción en muchos casos". Ahora bien, esto tampoco significa que no sea del todo útil. Un estudio en el Brasil ha demostrado que los niveles de sostracció eran un 27% más elevados entre los alcaldes que no se podían volver a presentar a la reelección. Por lo tanto, concluye Muñoz, "la democracia sigue teniendo un papel para limitar y prevenir la corrupción".
"Ropa pero hace cosas"
Todos los estudios apuntan que los castigos electorales a la corrupción existen, pero "son moderados y conviven con tasas elevadas de reelección", dice Muñoz. En España, por ejemplo, este castigo se estima en una pérdida de entre el 3 y 4% de los votos. "La corrupción tiene un coste electoral, pero es limitado", asegura el investigador.
Esto se explica, en primer lugar, porque no todos los casos de corrupción son tratados igual por los electores. "Las típicas recalificaciones que fomentaban la actividad económica del municipio no se castigaban tanto, e incluso podían recibir algún premio", recuerda Jordi Muñoz. Además, la decisión del voto implica muchas dimensiones. "Aunque haya corrupción, quizás este candidato tiene otras características que disminuyen el efecto negativo. Al final muchos golpes se cumple el tópico latinoamericano del "ropa pero hace cosas", subraya.
El estudio económico de la corrupción tiene en cuenta aquella que se produce con la presencia de agentes públicos "que abusan de su poder discrecional con el fin de obtener un interés propio", ha definido el catedrático. Una situación "difícil de medir como todas las actividades ocultas", ha reconocido; y que por lo tanto se traduce en recuento de indicadores objetivos (sentencias, casos destapados a la prensa) y subjetivos (percepción ciudadana).
"Que en Alemania haya más sentencias que a Zimbàbue no quiere decir que haya más corrupción", advierte Salinas sobre la imperfección de estos indicadores. Para corregirlos se acostumbra a tener en cuenta los estudios del Banco Mundial y el Índice de Corrupción Percibida que elabora Transparencia Internacional.
España, posición intermedia
A escala europea, España ocupa una posición intermedia en percepción de corrupción (19è lugar de 32), lejos de los países nórdicos pero también muy lejos de países en peor situación como Grecia, Italia o Rumanía. "El índice se ha mantenido estable los últimos años; pero sí que ha perdido respete los tiempos de antes de la crisis", ha explicado Salinas. Si 100 es la mejor puntuación, España ha perdido 10 puntos en estos años (de 70 a 60).
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| Javier Salinas y Jordi Muñoz han presentado el primero IEB Report del 2015. PGF |
De hecho, el 95% de la población española considera la corrupción como un fenómeno muy extendido. "Es una cifra muy superior a la media europea (76%)", alerta Salinas. Además, un 67% considera que la corrupción la afecta a su vida diaria (la media europea es un 25%). Aún así, "cuando se pregunta a los ciudadanos si han sido partícipes de una actividad de corrupción, sólo un 2% dice que sí, cuando la media europea es del 4%", indica el catedrático madrileño. La explicación es que "aquí asociamos la corrupción a los grandes negocios".
La corrupción también es un fenómeno preocupante para las empresas. Según las encuestas del Informe contra la Corrupción elaborado por la UE, el 54% considera que es un problema grave, y un 46% evidencia que los tratos de favor o nepotismo afectan gravemente la actividad empresarial.
La Ley de Transparencia: más vale tarde que nunca
A la hora de buscar armas para combatir la corrupción, enseguida surge siempre el término transparencia. "No es la panacea, pero sí que es un instrumento importante para acabar con la corrupción. Cuanto más hay, menos margen queda para poder cometer actas corruptas", asegura Javier Salinas.
"Hace que la Administración sea como una casa de vidrio, donde se puedan ver las decisiones que se toman y cómo afectan a todo el mundo. La corrupción siempre va ligada a la opacidad", ha destacado. Las nuevas tecnologías e Internet están siendo, en este sentido, un elemento dinamizador de la transparencia activa, la que trae la administración a difundir toda su información.
En España, en 2013 se aprobó la Ley de Transparencia donde se establece la puesta en marcha del web de transparencia de la Administración central. Una ley que llega bastante tarde respeto el resto de países europeos. "España ha sido el último país de la UE de más de un millón de habitantes a tener una ley de transparencia", ha lamentado Salinas, a pesar de matizar que trata "de una cuestión más de voluntad política que de leyes".
Aun así, el portal que vio la luz a mediados del 2014, ha recibido muchas críticas porque la mayoría de datos que contiene ya eran públicas. Además, "escasean los archivos descarregables que se puedan reutilizar y no contiene información de comunidades autónomas, entidades locales, sociedades estatales, fundaciones y órganos constitucionales", lamenta.
Sea como fuere, las diferencias también son importantes entre comunidades autónomas. Mientras Cataluña, Castilla y León y el País Vasco obtienen la máxima puntuación en el Índice de Transparencia (100 puntos sobre 100), otras autonomías como Madrid (65) o Murcia (78,8) todavía tienen mucho camino para recorrer.
Más allá de las medidas de transparencia, la corrupción también se combate a través de la actuación judicial. En este campo, un golpe más, España va tarde y a remolque de la media europea. "En España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes (10 menos que la media europea) y el gasto en justicia por habitante es la mitad", critica el catedrático; que también lamenta "su carencia de informatización, que contrasta con la de la Agencia Tributaria".
El voto como arma contra la corrupción
Jordi Muñoz (@jordimunozm), investigador Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona, destaca que "la paradoja fundamental es que los políticos implicados en casos de corrupción muchos golpes siguen siendo reelegidos". Y esto todo y el consenso general que la corrupción tiene efectos negativos sobre la sociedad y el crecimiento económico.
"Si todos nos ponemos de acuerdo en las consecuencias negativas para la sociedad, habría que esperar que los votantes utilizaran el voto para castigar los que la cometen", apunta Muñoz. En este supuesto, "las elecciones serían un elemento muy efectivo en contra de la corrupción. Si los políticos perciben la amenaza de la no reelección, no tendrían que participar en actas corruptas".
Aun así, los datos demuestran que "la democracia coexiste de forma estable con niveles elevados de corrupción en muchos casos". Ahora bien, esto tampoco significa que no sea del todo útil. Un estudio en el Brasil ha demostrado que los niveles de sostracció eran un 27% más elevados entre los alcaldes que no se podían volver a presentar a la reelección. Por lo tanto, concluye Muñoz, "la democracia sigue teniendo un papel para limitar y prevenir la corrupción".
"Ropa pero hace cosas"
Todos los estudios apuntan que los castigos electorales a la corrupción existen, pero "son moderados y conviven con tasas elevadas de reelección", dice Muñoz. En España, por ejemplo, este castigo se estima en una pérdida de entre el 3 y 4% de los votos. "La corrupción tiene un coste electoral, pero es limitado", asegura el investigador.
Esto se explica, en primer lugar, porque no todos los casos de corrupción son tratados igual por los electores. "Las típicas recalificaciones que fomentaban la actividad económica del municipio no se castigaban tanto, e incluso podían recibir algún premio", recuerda Jordi Muñoz. Además, la decisión del voto implica muchas dimensiones. "Aunque haya corrupción, quizás este candidato tiene otras características que disminuyen el efecto negativo. Al final muchos golpes se cumple el tópico latinoamericano del "ropa pero hace cosas", subraya.
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