El subvencionar sin una carga pedagógica o un propósito de orientación al interés general hay que interpretarlo meramente como clientelismo.
Recientemente se ha aprobado en Consejo de ministros el bono de emancipación para jóvenes de hasta 35 años. Una medida que a priori alguien puede interpretar como positiva para ayudar a los jóvenes a liberarse. En sí mismo el concepto subvención a la emancipación ya rechina un poco porque, ¿cuál es el bien que esto aporta a la sociedad, más allá de encarecer el mercado del alquiler? Pero creo que el problema más importante viene en el condicionante. La ayuda se fija en 250 euros mensuales durante un plazo de dos años para cada joven, siempre y cuando tengan una fuente regular de ingresos y que estos ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a 3 IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).El IPREM es un indicador o referencia del nivel de renta que sirve para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios o servicios públicos del Estado, y que sustituye en esta función al salario mínimo interprofesional (SMI).
Es muy cuestionable que la medida deje fuera a los jóvenes que sigan estudios post obligatorios a partir de los 18 años, puesto que probablemente no dispondrán de una fuente regular de ingresos
De entrada es muy cuestionable que la medida deje fuera a los jóvenes que sigan estudios post obligatorios a partir de los dieciocho años, puesto que probablemente no dispondrán de una fuente regular de ingresos. Queriendo orientar el futuro de los jóvenes, con la mejor intención, ¿no habría que priorizar su progreso? ¿Anteponer su capacitación, formación y actitudes? ¿O es que no hay consciencia política de las necesidades de la sociedad? ¡Que nos pregunten! Y responderemos.
Aconsejemos bien a los jóvenes porque su futuro será más firme si se dedican a formarse y obtener buenos resultados. Solo hay que analizar la oferta y la demanda de trabajo. En consecuencia, la orientación y el estímulo debería ser para los jóvenes que sigan estudios post obligatorios y aprueben los cursos. Es lo que la sociedad necesita y espera. Lo que beneficiaría de verdad la competitividad del país. Mejor harían los gobiernos incentivando la capacitación de los jóvenes en vez de su emancipación.
Se puede interpretar que lo que se pretende es promover otro perfil de cliente. Porque entre los condicionantes reza el hecho que esta ayuda es compatible con otras, entendiendo como tales las que “determinan las propias Comunidades o Ciudades Autónomas” que tienen un margen para definir colectivos más específicos según convenga.
En resumen, ¿el objetivo es atender al bien común de los jóvenes o a expectativas políticas? Prioricemos el talento.