El dicho "dime de qué presumes y te diré de qué careces" cobra sentido en un contexto de Covid-19 dónde, poniendo por delante que nos hemos encontrado con una situación imprevista y excepcional a nivel planetario, hemos constatado numerosas declaraciones y anuncios públicos de los ejecutivos para hacer frente a la crisis sanitaria que finalmente, o no se han materializado o han llegado tarde.
Cómo decía hace unos días el filósofo Daniel Innerarity en una sesión virtual en nuestra casa, "desconfiamos de aquellos que ya sabían lo que se tenía que hacer, y apostemos por aquellos que han hecho un aprendizaje y previsión de la situación para las próximas ocasiones".
Por lo tanto, rehuyendo atrevernos a decir cómo se tendría que haber gestionado la pandemia sanitaria, sí quiero reiterar el malestar del sector empresarial asociado a la Cecot por el hecho de que desde el minuto uno nos pusimos a disposición del Ejecutivo para poder trabajar y analizar conjuntamente las consecuencias sobre las empresas y la actividad productiva sin encontrar concreción; para poder prever el impacto de la Covid-19 y proponer medidas y acciones que permitieran la supervivencia (puestos de trabajo y empresas y autónomos) y la reactivación con la máxima rápidez. La prueba son todos los documentos que hemos elaborado desde la primera semana de confinamiento, desde el Plan de Choque que elaboramos para hacer frente a la crisis, el documento de propuestas para reactivar la economía y relanzar las empresas, la guía para que las empresas elaboraran su plan de contingencia la primera semana de confinamiento, y la reiterada correspondencia con los Ministerios de Hacienda, de Seguridad Social o de Trabajo antes, durante y después del estado de alarma con un único objetivo: sumar y formar parte activa de la recuperación de la actividad económica a la hora de equilibrar las acciones para mantener la cohesión social.
"La tónica del Gobierno durante los últimos meses ha sido la de realizar anuncios, contra anuncios, poner en marcha medidas sin haber contrastado los recursos para ejecutarlas o, simplemente no consensuar la fecha de entrada en vigor"
Aun así, pese a estos ofrecimientos, la dinámica y la tónica del Gobierno durante los últimos meses ha sido la de realizar anuncios, contra anuncios, poner en marcha medidas sin haber contrastado los recursos para ejecutarlas o, incluso, simplemente no consensuar la fecha de entrada en vigor con calendarios ya establecidos en procesos ordinarios. Para poner un ejemplo, la puesta en marcha de suspensiones de cuotas a la SS para empresas y autónomos afectados por el RDL 8/2020, aprobada en Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los Diputados el mismo día de vencimiento para efectuar el pago, generando desconcierto, dudas e inseguridad jurídica en las empresas. Una simple coordinación con los representantes empresariales y sindicales hubiera ajustado estos calendarios y, posiblemente, reducido el volumen de incertidumbre y consultas.
Pero el ejemplo más gráfico y más claro es la gestión de los ERTEs. La propuesta "estrella" del Gobierno que durante la primera etapa de la crisis sanitaria, tanto patronales como sindicatos consideramos como una buena vía para dar sostenibilidad económica a las empresas, ahora está resultando un campo de minas. Perjudicial por cómo se está desarrollando su gestión. Todavía a estas alturas hay trabajadores sin cobrar la prestación y el SEPE está colapsado. Ni sabemos el total de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación, por lo que ya hemos tramitado una pregunta parlamentaria escrita dirigida a la Ministra de Trabajo para intentar conocer la magnitud de la tragedia, ni tampoco podemos poner alternativas para descolapsar el SEPE como serían las oficinas de los Servicios Públicos de Ocupación de las comunidades autónomas porque el proceso está centralizado y el mismo SEPE desestimó el ofrecimiento de las CCAA. Y la guinda del pastel la pone el hecho de que, a pesar de hay empresas que todavía permanecen cerradas, tienen que continuar abonando pagos, cuotas en la seguridad social y anticipando o complementando nóminas para que sus plantillas puedan contar con un ingreso para hacer frente a sus gastos.
Otro de los argumentos que se hicieron correr al inicio de la pandemia era el hecho de que nunca se había puesto tanto dinero a disposición del tejido productivo, en un discurso grandiloecuente, cuando en realidad con este dinero se estaban refiriendo a avales y no a ayudas directas. A diferencia de la crisis del 2008 donde algunos pecaron y todo el resto lo tuvimos que pagar, esta crisis ha llegado con un tejido empresarial intacto, sin burbujas, y ocasionada por la obligatoriedad de suspender más del cincuenta por ciento de la actividad productiva por un real decreto ley. El sector empresarial, como es obvio ante la incertidumbre de la pandemia, lo que no querían es endeudarse y, teniendo en cuenta nuestra demografía empresarial donde predomina un 98% de microempresas y pymes, muchas de ellas no tenían bastante cash para hacer frente a un mes entero sin actividad. Mucho menos tres. El Estado español no salió a salvar la economía a diferencia del resto de la UE. Qué gran diferencia en términos de competitividad y reanudación económica entre subsidiar puestos de trabajo en empresas vivas o dejarlas caer y atender personas en paro.
"Los ERTEs, la propuesta "estrella" del Gobierno está resultando ahora un campo de minas por cómo se está desarrollando su gestión"
Cuando la política es tan exhibicionista y tan poco empática, tan poco preocupada en la gestión de nuestros sufrimientos y alejada del bien común, la calidad de la democracia se resiente y, en consecuencia, la posibilidad de progresar y mejorar conjuntamente.
Ciertamente, situaciones como estas dicen poco de un Estado a quién la sociedad le está pidiendo que se ponga a su lado para ir avanzando, y no tenerlo encarado delante por delante. Lo he dicho en muchas ocasiones pero en la Cecot promulgamos alejarnos del rol de vasallos que pagan tributos para transformarnos en una democracia moderna donde empresas y ciudadanos se sientan contribuyentes, partícipes y corresponsables con los aspectos estructurales y la mejora del bienestar social. No concebimos el crecimiento económico sin una correlación con la cohesión social y esto sólo se consigue si recuperamos la confianza institucional y las instituciones confían en la ciudadanía. Los estados, sólos, no podrán cambiar las cosas y la ciudadanía, por sí sola, tampoco podrá corregirlo. Hace falta una gran concertación social y acuerdos con las administraciones para reconducirlo. Más acción y menos exhibicionismo.