La gravedad del problema social de la vivienda exige, no tanto una política general, como un verdadero plan de choque. Así como admitir que la urgencia es aprender a leer y escribir y no querer resolver todos los niveles de la educación, que también debemos organizar, pero un paso después. La propuesta de plan inmediato contendría:
- Una acción anual de 1 vivienda por cada mil habitantes, unos 8.000 en Catalunya, y repetirlo durante unos diez años.
- Construir sobre suelo público existente, que lo hay, adjudicado por concesión sin coste.
- Incluir la iniciativa privada en la construcción y gestión.
- Definir unas viviendas de reducida superficie e industrializadas, un mínimo social.
- Generar una inversión productiva de 400 millones de euros por año.
La cuota representaría unas 200 viviendas/año en las cuatro ciudades más grandes (>200 mil hab.), pero 1600 en Barcelona, un objetivo casi imposible, al igual que en su periferia inmediata, pero plenamente factible más allá. Y serían 100 viviendas en cada una de las 6 ciudades de cien mil habitantes, un horizonte perfectamente realizable. La dificultad de Barcelona y su entorno requiere cooperación regional y entender esta solidaridad en términos de un mejor trato a las periferias (en inversión, asentamiento de actividades, movilidad). Podemos comenzar con lo prioritario, pero después, por rigor, será necesario un reequilibrio metropolitano.
La dificultad de Barcelona y su entorno requiere cooperación regional y entender esta solidaridad en términos de un mejor trato a las periferias (en inversión, asentamiento de actividades, movilidad)
Los 400 millones de euros de inversión por año (a 50 metros cuadrados por unidad a 1000 euros/metro cuadrado) requieren una organización de apoyo al mundo local por parte del INCASOL (Instituto Catalán del Suelo, Generalitat) y el ITEC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya), con la voluntad de cubrir todo el Principado, con agencias a la dimensión mínima de la escala de unos doscientos mil habitantes, ya sean ciudades, comarcas o regiones.
La inversión privada equivaldría a hacer apartamentos, desde la experiencia de haber hecho aparcamientos concedidos en suelo público. El alquiler pagaría la amortización, una vez establecido el hecho de actuar sin carga de suelo, y el umbral de alquiler dependería de la duración de la concesión. Y la estrategia se orientaría a la formación de un futuro patrimonio público de vivienda a varias décadas vista. Una construcción masiva implicaría un baremo menos estricto en el derecho de acceso, que debería ser siempre social, pero con una visión amplia. Y un gran volumen promovido implicaría una incidencia positiva en el resto del mercado.
La cooperación y la asistencia de la Generalitat podrían destinar un cierto número de unidades a vivienda de emergencia, y deberían agilizar los trámites para aprovechar el suelo existente (recalificación urbanística puntual) y aportar experiencia, con descentralización. Todo esto es plenamente factible en el marco de un plan de choque, un plan que sería ajustable en el tiempo. La necesidad de un plan de choque no consta en el proyecto de Plan territorial sectorial de vivienda de Catalunya, redactado por la Generalitat, pero esta es la primera diagnosis y prescripción que habría que hacer.
La inversión privada equivaldría a hacer apartamentos, desde la experiencia de haber hecho aparcamientos concedidos en suelo público
El factor clave es el coste de la vivienda, el cual determina los alquileres y el tiempo de amortización. Reducir el coste requiere industrializar y racionalizar los tipos arquitectónicos. La industrialización se convierte en el elemento que lo haría posible porque, ni una mayor duración de la concesión, ni un mayor precio del alquiler, alcanzan el mismo peso que el coste de la construcción. Las ayudas públicas serían el equivalente a una reducción de coste y su efecto sería un alquiler más social, con un menor periodo de amortización y una reversión anticipada al patrimonio público. Necesitamos superar las marginales acciones puntuales públicas actuales, realizadas por solo algunas pocas administraciones, para lograr una acción público-privada con efectos reales y sistemáticos, al menos durante los próximos diez años. No dictaminar ni implementar un plan de choque presupone un error de base. Y los primeros años son tiempo suficiente para preparar una actuación urbana más amplia.
Si esto no se hace, es porque no se quiere, por una mirada burocrática, por un clasismo injustificable e incluso por una renuncia a la política económica y social. En síntesis, por falta de un diagnóstico adecuado y por ausencia de determinación para actuar, porque se prefiere un gran problema irresoluble, que engrandece al supuesto planificador, al precio de no hacer nada. Pero la gravedad de la situación exige un liderazgo activo del gobierno de la Generalitat, requiere cooperación con el mundo local e implica una gestión privada en buena parte de la ejecución del Plan.