El 23 de septiembre la Asociación Pro Guardia Civil se preguntó a través de twitter si España era un Estado fallido. Al margen de las consideraciones que hubieran llevado a esta agrupación de personas unidas para expresar su apoyo a la benemérita a hacerse la pregunta, considero que se trata de una cuestión muy seria, por lo que he decidido dedicarle unos minutos a intentar indagar en qué posición se encuentra la respuesta, si cerca del sí, o cerca del no.
Que un Estado se colapse no parece que sea una cosa probable en un Mundo donde la multilateralidad es el remedio que nos preserva de los peligros de la coyuntura y ataques de enemigos y competidores. Que no sea probable no significa que no sea posible. Sobre la que es posible frente a lo que es probable podemos recordar que en una Europa multilateral estalló una guerra poco probable donde se perpetraron crímenes execrables menos probables aún. Fue en los ’90, en los Balcanes.
¿Qué es un Estado fallido?, desde mi punto de vista el que no cumple con su Misión, que no es otra que la de proteger a sus ciudadanos. Naturalmente, lo que entendemos por protección en 2020 tiene que ver con la garantía de un estándar de bienestar que va desde la atención a las necesidades vitales primarias, a la garantía de educación, de habitación, de atención sanitaria universal, de sustento económico cuando baja nuestra productividad, a la construcción y el mantenimiento del marco de acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad, sin importar género, procedencia, raza, orientación sexual y convicciones ideológicas, a la garantía de libertad de empresa y de acceso al mercado en condiciones de competencia leal… Vamos, un espacio en el que se las personas podamos vivir y desarrollarnos con justicia y seguridad. El COVID19 está suponiendo para el Estado una prueba de estrés sobre su capacidad para cumplir o no con su Misión. Repasemos su actuación.
"La COVID-19 está suponiendo para el Estado una prueba de estrés sobre su capacidad para cumplir o no con su misión"
La primera oleada de la pandemia y el parón en seco de la economía europea tuvo como respuesta de los principales países otra oleada, en este caso de ayudas de apoyo y soporte a su tejido productivo; apoyo a pymes y microempresas, autónomos, sectores económicos clave. Zafarrancho de combate para presupuestos y gasto público, “Salvar al Soldado PIB” fue la proclama de técnicos, políticos y ejecutivos de los grandes conglomerados empresariales allende Europa durante la última primavera. Reducción de IVA entre dos y tres puntos y extensión de los ERTE hasta finales de 2021 (Alemania); reducción de los impuestos de sociedades y apoyo con 40.000 millones para reindustrializar el país (Francia); reducción de impuestos laborales, 600€ al mes para cada familia que contrate canguros que se ocupen de hijos de padres que teletrabajen, estímulos al pago electrónico, 500€ por adulto que veranera en el país (Italia).
En este contexto, qué podemos decir del Estado Español: que está en la cola en la ayudas directas a las empresas, y en la indirectas; que España fue la última en poner en marcha los ERTE y que después de seis meses la administración laboral no ha sido capaz de hacerlos funcionar correctamente, y echando la culpa a las empresas; España ha seguido cobrando impuestos a autónomos y empresas y no ha procedido a rebaja alguna de la carga impositiva sobre sus ciudadanos.
El asunto de los ERTE ha tenido una derivada trágica para muchos ciudadanos, ha expuesto a la luz pública el mal funcionamiento de la administración laboral, del SEPE, que ha hecho un ejercicio de dejación de responsabilidad sin parangón; hoy, más de seis meses después del inicio de la crisis sanitaria, las oficinas que atienden a los desempleados siguen cerradas al público, imposible concretar una cita previa, imposible hacer un trámite administrativo a través de sede electrónica, imposible contactar telefónicamente: de los dos teléfonos de contacto que aparecen en su web, uno no existe y el otro está desconectado. En un país con más de cuatro millones de parados y 800.000 esperando en capilla, se puede reservar una mesa en un restaurante, pero es imposible obtener una cita con el SEPE. La última, desde julio se han presentado un millón de peticiones de Ingreso Mínimo Vital; a finales de septiembre sólo se habían tramitado 90.000.
"En un país con más de cuatro millones de parados y 800.000 esperando en capilla, se puede reservar una mesa en un restaurante, pero es imposible obtener una cita con el SEPE"
Cambiando de ámbito, cuando hablamos de España, hablamos de un país en el que el 20% de sus jóvenes no completan la ESO; ¿para qué? deben pensar, si formarse como médico y obtener plaza de residente te supone un ingreso mensual de poco más de 1000€ el primer año de residencia y 1500€ el quinto. ¿Esta realidad es propia de un Estado fuerte y que siente que es responsable del bienestar de sus ciudadanos?
España también es uno de los campeones europeos de la economía sumergida -sólo la entrada en avalancha de los países del Este la han puesto en la media europea- al mismo tiempo que es uno de los países de la UE con la presión fiscal efectiva más baja, un 35% aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, el tipo efectivo sobre el consumo es del 16% (un 21% en UE) y el tipo medio efectivo sobre la renta de las personas es del 15% (un 36% en Dinamarca, un 22% en Italia, un 17% en Portugal).
Pero no todo son posiciones en la cola de Europa. España, por ejemplo, es campeona en corrupción política: 863 millones de euros defraudados en la trama Gürtel (Partido Popular), 680 en el fraude de los ERES (PSOE) y 64 millones defraudados en cursos de formación, ambos en Andalucía (PSOE, otra vez).
Ponemos también poner encima de la mesa cuestiones políticas; el señalamiento por parte del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que hace de España en 2019 y 2020 y la denuncia del Consejo de Europa sobre la falta de independencia de la justicia española; cuestiones institucionales, como la interinidad en la que están el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo por la falta de diálogo y lealtad institucional entre los principales partidos políticos españoles (y yo añadiría falta de respeto a valores esenciales de la democracia como es el acatamiento de los resultados que otorgan las urnas). En este contexto, la marcha a Dubai del Rey Emérito puede que no tenga que ver con sus problemas con la justicia suiza sino que sea una manera de evadirse del espectáculo de deslealtades y puñaladas entre instituciones en el que el régimen se ha instalado. Último acto, la filtración del posicionamiento de su hijo -¿anticonstitucional?- sobre su ausencia en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Vallvidrera.
No hace falta señalar la gestión de la pandemia medida en términos de afectados y control de su expansión, lo hemos visto todos. La actuación de algunos gestores y la de algunos actores ha sido grotesca - esperpento valleinclanesco - mostrando un desprecio absoluto a enfermos y personal sanitario, desde “el virus no conoce fronteras” (a excepción de la de España con Portugal, añadiría yo) al confinamiento por procedencia social que se está viviendo en Madrid.
No sé si con todo esto la Asociación Pro Guardia Civil tiene información suficiente para contestarse a su pregunta. Hay más cosas: la liquidación de la hucha de las pensiones, el nivel de endeudamiento del Estado que puede alcanzar el 120% a final del año, el número creciente de familias en las que ninguno de sus miembros ingresa un euro al mes, la falta de liquidez del Estado para hacer frente a la emergencia social porque la Constitución da prioridad al pago de la Deuda Pública sobre las necesidades de las familias (gracias, PSOE, gracias PP).
Yo no sé si España es un Estado fallido, si que sé que es un Estado que está fallando a todos sus ciudadanos.