De Locke a Vidal
06
de Marzo
de
2015
John Locke (1632-1704), filósofo y pedagogo inglés y uno de los padres del Liberalismo, incorporó a la ciencia política el concepto de división de poderes para evitar el abuso del poder absoluto. Según su propuesta de estructura política explicada a los Dos tratados sobre el gobierno civil (1689), el legislativo, elegido y nombrado por el pueblo, constituye el máximo poder (Asamblea) y tiene que responder a la confianza que el pueblo le ha depositado.
El poder ejecutivo tiene que realizar los mandatos del legislativo. No considera el poder judicial como independiente, sino únicamente un aspecto del ejecutivo. Su seguidor, Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquiu es el que dictamina y crea la teoría de la separación de los tres poderes en El espíritu de las leyes (1748), para que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no puedan concentrarse en las mismas manos, como garantía para evitar el nepotismo y la dictadura. "Huis del país donde un sol ejerce todos los poderes: es un país de esclavos" (Simó Bolívar).
Es evidente que en los últimos tiempos se ha ido difuminando la separación de poderes del Estado. La mayoría absoluta en el Parlamento, las elecciones de las cúpulas judiciales por acuerdos políticos y no por calificación profesional, y la tranquilidad que le da al poder ejecutivo la aplicación del carrete parlamentario para aprobar cualquier ley que le parezca adecuada, ha hecho que nuestro sistema democrático haya perdido las bases liberales del equilibrio resultante de la separación de poderes, teniendo tendencia a convertirse en un sistema muy alejado del que votamos el 1978.
Para dar una fecha comparativa de la poca importancia que, voluntariamente, se da a la Justicia, los Presupuestos del Estado han adjudicado a esta tarea una cifra de 1.475 millones de euros, para el 2015. Una reducción del 20% en los últimos cinco años. Como contrapartida, sólo en inversión para la construcción de trenes de alta velocidad el presupuesto del 2015 recoge la cifra de 3.623 millones de euros, para continuar haciendo líneas deficitarias de alta velocidad para ir de en ninguna parte a en ninguna parte, sin, por otro lado, realizar el arco del mediterráneo ferroviario que une Algeciras con la frontera con Francia, por donde se mueven la mayoría de los millones de turistas que nos visitan, representa el 50% de la población, el 50% del PIB y mes del 60% de las exportaciones de España.
Esta reducción voluntaria de la inversión en la Justicia, no incrementando personal ni modernizando estructuras se complementa con el récord que los dos primeros jueces que se atrevieron a tomarse seriamente los más grandes casos de corrupción del país, pidiendo prisión para relevantes ciudadanos protegidos, fueron inmediatamente expulsados de la profesión.
Ahora mismo, el juez Santiago Vidal, para hacer, fuera de horas de trabajo, el redactado de un borrador de que podría ser una Constitución para Cataluña, ha sido castigado con la prohibición de ejercer su profesión durante tres años. Tendremos que estar pendientes de los designios de esta justicia con su dictamen sobre la treintena de juristas de Madrid (jueces, secretarios y funcionarios de alto rango) que cobraron, según el diario El País, más de 200.000 euros de una empresa privada para asesorar sobre mejoras en nuevos sistemas informáticos.
Curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no es punible pues representa "una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica" y no una posible causa de aplicación del Código Penal (artículos 422 y 424). Parece que en el caso del juez Vidal, sus superiores no han querido entender que hacer, a casa, el borrador de una posible Constitución, es una auténtica actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica y no un delito. Esperamos que la Justicia se pronuncie y sea igual para todo el mundo. Cómo decía el Papa Pau VI: "Si quieres la paz lucha por la Justicia".
El poder ejecutivo tiene que realizar los mandatos del legislativo. No considera el poder judicial como independiente, sino únicamente un aspecto del ejecutivo. Su seguidor, Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquiu es el que dictamina y crea la teoría de la separación de los tres poderes en El espíritu de las leyes (1748), para que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no puedan concentrarse en las mismas manos, como garantía para evitar el nepotismo y la dictadura. "Huis del país donde un sol ejerce todos los poderes: es un país de esclavos" (Simó Bolívar).
Es evidente que en los últimos tiempos se ha ido difuminando la separación de poderes del Estado. La mayoría absoluta en el Parlamento, las elecciones de las cúpulas judiciales por acuerdos políticos y no por calificación profesional, y la tranquilidad que le da al poder ejecutivo la aplicación del carrete parlamentario para aprobar cualquier ley que le parezca adecuada, ha hecho que nuestro sistema democrático haya perdido las bases liberales del equilibrio resultante de la separación de poderes, teniendo tendencia a convertirse en un sistema muy alejado del que votamos el 1978.
Para dar una fecha comparativa de la poca importancia que, voluntariamente, se da a la Justicia, los Presupuestos del Estado han adjudicado a esta tarea una cifra de 1.475 millones de euros, para el 2015. Una reducción del 20% en los últimos cinco años. Como contrapartida, sólo en inversión para la construcción de trenes de alta velocidad el presupuesto del 2015 recoge la cifra de 3.623 millones de euros, para continuar haciendo líneas deficitarias de alta velocidad para ir de en ninguna parte a en ninguna parte, sin, por otro lado, realizar el arco del mediterráneo ferroviario que une Algeciras con la frontera con Francia, por donde se mueven la mayoría de los millones de turistas que nos visitan, representa el 50% de la población, el 50% del PIB y mes del 60% de las exportaciones de España.
Esta reducción voluntaria de la inversión en la Justicia, no incrementando personal ni modernizando estructuras se complementa con el récord que los dos primeros jueces que se atrevieron a tomarse seriamente los más grandes casos de corrupción del país, pidiendo prisión para relevantes ciudadanos protegidos, fueron inmediatamente expulsados de la profesión.
Ahora mismo, el juez Santiago Vidal, para hacer, fuera de horas de trabajo, el redactado de un borrador de que podría ser una Constitución para Cataluña, ha sido castigado con la prohibición de ejercer su profesión durante tres años. Tendremos que estar pendientes de los designios de esta justicia con su dictamen sobre la treintena de juristas de Madrid (jueces, secretarios y funcionarios de alto rango) que cobraron, según el diario El País, más de 200.000 euros de una empresa privada para asesorar sobre mejoras en nuevos sistemas informáticos.
Curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no es punible pues representa "una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica" y no una posible causa de aplicación del Código Penal (artículos 422 y 424). Parece que en el caso del juez Vidal, sus superiores no han querido entender que hacer, a casa, el borrador de una posible Constitución, es una auténtica actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica y no un delito. Esperamos que la Justicia se pronuncie y sea igual para todo el mundo. Cómo decía el Papa Pau VI: "Si quieres la paz lucha por la Justicia".