Las
infraestructuras tienen una incidencia fundamental en el bienestar de las personas y también en
el desarrollo económico. Así, en los análisis sobre la atracción de localizaciones de
empresas o de
inversión extranjera es decisiva la existencia de buenas
infraestructuras.
Desgraciadamente, muchos estudios, como los de la
Cámara de comercio de Barcelona, por ejemplo, ponen de manifiesto que
Cataluña sufre un déficit muy significativo en
las inversiones del Estado español. En otro estudio, el
Colegio de Economistas cifra este
déficit en un 5,5% del
PIB en el periodo 2007-2012. Este porcentaje se obtiene por la diferencia entre la aportación de Cataluña
al PIB español (19%) y la participación de Cataluña
en el total de la
inversión española en
infraestructuras (13,5%).
Para poner un ejemplo, entre Valencia y Barcelona
hay 350 kilómetros, más o menos los mismos que entre Valencia y Madrid. Desde Valencia, para ir
en Barcelona hay una autopista de peaje o un tren que tarda 210 minutos. En cambio, para ir en Madrid desde Valencia hay una autovía gratuita y el AVE tarda 98 minutos.
El vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña pretendía corregir este déficit con la disposición adicional tercera que establece que las
inversiones del Estado en
infraestructuras en Cataluña se tienen que equiparar a su porcentaje del PIB respecto del total. Desgraciadamente, la realidad ha ido empeorando cada año.
Así, en este reciente 2014,
Cataluña ha sido la región más perjudicada por el plan estatal d
'infraestructuras y su participación en el total ha bajado hasta el 9,5%. Y no olvidamos que este porcentaje es una previsión: la realidad demuestra que en
Cataluña la ejecución es tradicionalmente menor a la previsión inicial. En otras regiones, pasa sistemáticamente el contrario, puesto que la inversión
ejecutada es siempre superior a la prevista inicialmente.
En definitiva, tenemos un problema que se agrava cada día más y afecta nuestra
competitividad económica.