Los
presupuestos de la Generalitat del 2014 parece que inaugurarán la fiscalidad
verde en nuestro país. Se nos anuncia el impuesto sobre las nucleares, el impuesto sobre las emisiones de la aviación comercial y, finalmente, el impuesto sobre la emisión de gases contaminantes por parte de instalaciones industriales. Las necesidades de financiación de las agotadas finanzas catalanas parece que han acabado de convencer el ejecutivo de comenzar propiamente una fiscalidad sobre
consumos y emisiones
contaminantes o potencialmente contaminantes. En sentido estricto, los gobiernos anteriores ya habían implantado gravámenes de este tipo: desde el llamado céntimo sanitario sobre las gasolinas del tripartito hasta el último aumento en la fiscalidad del agua, del consejero Recoder, para mirar de internalitzar los costes reales del tratamiento del agua grabando mucho más los que másgastan.
Es una lástima que se empiece a abordar la fiscalidad verde principalmente como salvavidas de la crisis de las finanzas públicas, pero los deberes que no se hicieron en época de expansión vale más hacerlos tarde que nunca.
El limitado margen fiscal que tiene el gobierno de Cataluña, pero, impide plantear un modelo global y eficiente de fiscalidad verde. El ahogo financiero en que nos encontramos hace también impensable determinar qué otros aspectos de la fiscalidad reducimos –por ejemplo, sobre el trabajo, o sobre determinados consumos- para no aumentar la presión fiscal global. Todo y con esto, hay que ir pensando por cuando Cataluña, más bien que tarde, pueda disponer de un sistema fiscal propio y de plena capacidad normativa sobre el origen de sus recursos.