Que el Gobierno sea tutelado por la Unión Europea tiene cosas buenas y cosas malas. A mi entender pesan las buenas. Cualquier acto que aleje las manos españolas y catalanas de los actos de gobierno más importantes es bueno. ¿Un ejemplo? El juez Lesmes se había empotrado arriba de todo del poder judicial, no se iba ni con fum de sabatots. Cada año amenazaba diciendo que estaba harto y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se tendría que renovar. Todo era puro teatro. Él habría podido permanecer, sine die, bien a gusto. Ahora bien, vino la visita del comisario de justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, el día 28 de septiembre y el día 9 de octubre, el tal Lesmes presenta la dimisión con, “solo”, cuatro años de retraso. Una forma que ha tenido Europa para acelerar la renovación del CGPJ. Por cierto, durante un tiempo tuve una relación, más o menos continuada, con un antiguo miembro del CGPJ. Si me pinchan no me sacan sangre. Desde entonces decidí que, en caso de necesidad, yo no les dejaba vigilar ni la caseta del perro.
El caso es que España ha accedido a 69.500 millones de euros de los fondos Next Generation (formalmente Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR) que, como ya expliqué aquí mismo, serán desembolsados mayoritariamente entre el 2021 y el 2023. El 6% del PIB español. Pronto es dicho. Para poder recibirlos, España explicó a que los dedicaría y eso está perfectamente auditado. Ahora parece que la próxima entrega se retrasará un poco porque el sistema de auditoría mecanizado español no se ha terminado de implementar. Pero no duden que todo esto será transparente. Por la UE, no por nosotros.
Cualquier acto que aleje las manos españolas y catalanas de los actos de gobierno importantes es bueno
España también se comprometió a realizar unas reformas que condicionan la entrega de estos fondos. No sé si ustedes son conscientes, pero las reformas se están llevando a cabo inexorablemente con escasa oposición y propaganda, eso sí. Como que son, en buena parte, impopulares (reformas laborales, de pensiones, etc.) la propaganda es escasa, gracias a una prensa comprada, por supuesto. Y las reformas también cuentan con poca oposición porque nadie (partidos, sindicatos, patronal, etc.) quiere que le cuelguen la etiqueta de que la UE no hace llegar el dinero por culpa que alguien hace oposición y provoca retraso. Hay dos cosas que unen a los españoles por encima de cualquier diferencia política, a saber: la catalanofobia y, siempre que se pueda, no poner obstáculos a vivir de la rifa de los otros, en este caso la UE.
El caso es que el Gobierno ofrece todas las explicaciones a la Comisión Europea -pobre de ellos que no lo hicieran- pero no cuenta nada a la población. La Generalitat, por lo que respecta a las tareas de gestoría que le ha delegado Madrid por el tema Next Generation, tampoco dice nada. Es así que, si ustedes quieren beneficiarse de alguna subvención (coche, paneles, etc.) todo es incierto. Yo mismo quise comprar un coche eléctrico y me dijeron que si llevaba a desguazarlo uno de viejo me darían 7.000 euros. Ahora bien, todo es incierto. Dicen que primero debes comprar el coche y que te pagaran los 7.000 euros al año -dinero que cuenta como ingreso a la renta (impuestos, IRPF) y solo te los darán si, llegado aquel momento, hay presupuesto. ¿Qué lo habrá?, pregunté. No se sabe, contestan los funcionarios. Frente a tanta incertidumbre decidí no comprar el coche ahora.
De momento, el amiguismo, la transparencia y la prensa libre todavía no son temas en los que la Comisión Europea ponga la nariz
Supongo que los fondos Next Generation están yendo a aquello que se conoce como IBEX-35, ya me entienden. ¿Ilegal desde el punto de vista de la UE? No, si se hacen servir para lo que toca a la UE le importa poco el destinatario. ¿Ilegal desde el punto de vista de la transparencia y las democracias españolas y catalanas? Bien, ya estamos acostumbrados. De momento, el amiguismo, la transparencia y la prensa libre todavía no son temas en los que la Comisión Europea ponga la nariz. Ojalá algún día lo hagan.