Cada vez estoy más convencido que nos hace falta un diario que publique aquello que es silenciado en nuestra casa. Se podría llamar El censurado. Ignoro las razones de tanta omisión. ¿Será el pacto de no-agresión con Madrid que hace, entre otras cosas, que no llevemos a los tribunales el drenaje fiscal que sufrimos y que, en cambio, sí que denuncia ante el constitucional francés la presidenta de la Región de París en su caso? ¿Cobardía? ¿Incompetencia? ¿Colaboracionismo? Lo ignoro.
La realidad es que hace unos días, VIA Empresa publicó una noticia que los medios catalanes han silenciado, una vez más. Se trata del acuerdo sobre el sistema de patentes europeas al que España no se ha adherido. Resulta que, después de 30 años de negociación, se ha conseguido que presentando una sola solicitud de patente, el producto en cuestión quede registrado y patentado en toda la Unión Europea. ¿Y saben por qué no se ha adherido España? Pues porque no está previsto que los documentos de patente se puedan hacer en español. Se podrán presentar en inglés, en francés y en alemán. Pero no en español. ¿Qué bien, no, que quedamos fuera por esta tontería? No he visto ningún grupo catalán pedir explicaciones en el Congreso de Diputados por las graves repercusiones económicas a consecuencia de esta acción del Gobierno. ¡Claro que ya se sabe que el Gobierno no lo hace por nacionalismo, Déu vos en guard!
El gran problema es que nuestro Gobierno no tiene competencias en inmigración ni, me temo, las quiere tener
El hecho me lleva a reflexionar sobre el retroceso del catalán en el mundo empresarial y laboral. Ya les decía hace unos días que es un tema mal planteado en nuestra casa, una sociedad tocada por la censura del progresismo y la corrección política intransigente y fofa. Todos sabemos que una gran parte de la inmigración proviene de Latinoamérica. Saben el español y, en consecuencia, no necesitan aprender catalán. ¿Los critico? No. La gran diáspora catalana de la Guerra Civil marchó a Latinoamérica para no tener que aprender un idioma nuevo. ¿Y, pregunto, han aprendido los exiliados en Bruselas el flamenco o quizás con el francés han ido tirando?
El gran problema es que nuestro Gobierno no tiene competencias en inmigración ni, me temo, las quiere tener. Todo aquello que sean responsabilidades las rehúye. Por miedo a la crítica, a aquello que ya he mencionado y porque, en el fondo, no sabría por donde empezar. Se quedan contentos diciendo que "no sé cuántos" inmigrantes han aprendido catalán. Pero, cómo de costumbre, nunca nos dan las cifras útiles: ¿Qué porcentaje de inmigrantes aprenden catalán? En el Gobierno se deben de pensar que todos somos burros.
Los amantes de este progresismo intransigente del cual hablaba se refugian en el principio que dice que haciendo obligatorio el catalán no se solucionará el problema. Es cierto. No se solucionará todo el problema, pero es una herramienta más en la solución del problema. Yo propongo hacer el conocimiento del idioma obligatorio en el mundo laboral. Es decir, que nadie pueda ser contratado sin saber catalán y español, que son las dos lenguas oficiales. Esta ley tendría que establecer los consiguientes periodos de carencia para aprender ambas lenguas, lógicamente.
Francia y Alemania han impulsado leyes que obligan los recién llegados a aprender el idioma en un número determinado de meses, bajo la amenaza de la no renovación del permiso de residencia
Otros dirán que esta ley sería impugnada por el Gobierno. Cierto. Los mismos que nos han dejado fuera del sistema de patentes europeos estarían en contra -nosotros somos así de idiotas al aceptar este fariseísmo y esta catalanofobia pasivamente. Pero el tema se podría recurrir a instancias superiores: el Tribunal Constitucional y, casi seguramente, tendríamos que recurrir a los tribunales europeos. Estoy convencido de que tendría recorrido.
Francia y Alemania - entre otros estados miembros de la UE- han impulsado leyes que obligan los recién llegados a aprender el idioma en un número determinado de meses, bajo la amenaza de la no renovación del permiso de residencia -y, por lo tanto, sin poder trabajar-. ¿Si estos estados establecen estas medidas, cómo no lo tiene que poder hacer Catalunya que tiene la supervivencia lingüística amenazada? Alguien cree que los tribunales europeos serían insensibles a una ley que es similar a la promulgada sin trabas por otros estados miembros, pero que, en este caso, afecta una minoría nacional que pretende defender su lengua oficial – ¿Grupo Objetivamente Identificable según la doctrina fijada por el TJUE?-.
Solucionar problemas requiere encararlos. ¿Está nuestro Govern decidido a defender el catalán tanto, al menos, cómo lo están haciendo los otros países europeos? Pues que actúe sin miedo. Aunque sea en el mundo empresarial.