Nadie debería sorprenderse de que los políticos y responsables del proceso independentista catalán estuviesen vigilados, espiados, seguidos, investigados y auditados. Seguro que les repasaron las cuentas, las propiedades, los antecedentes y la hemeroteca. Seguro que se intentó averiguar con quién se reunían, de qué hablaban y qué se proponían. Con quién hacían negocios, con quién se besaban y con quién iban a cenar. Seguro que unos lo querían averiguar todo, y los otros iban con cuidado para evitarlo. Toda la vida se ha hecho, y seguramente se continuará haciendo toda la vida.
El tema es que si lo haces ha de ser dentro de la ley, y la ley es clara: el artículo 18 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas y telefónicas, excepto que haya una resolución judicial. Por ejemplo, sólo se puede espiar el teléfono de alguien si un juez lo autoriza. Una rigurosa investigación internacional confirma que alguien ha contratado servicios empresariales para espiar durante años y de manera masiva a miembros de la sociedad civil y la clase política independentista catalana. Se ha demostrado de manera irrefutable que como mínimo 65 personas han sido atacadas, entre las cuales todos los Presidents de la Generalitat de los últimos 12 años, 2 presidentes del Parlament, 12 diputados de ERC, 11 de Junts, 4 de la CUP, miembros de la ANC i Òmnium, abogados, periodistas, informáticos, empresarios… demostrado y acreditado: el caso de espionaje político más grande de la historia de Europa. No hay constancia de que algún juez lo haya ordenado, y en cualquier caso cuesta creer que todos estos casos puedan tener amparo judicial, así que lo que tenemos encima de la mesa es la evidencia técnica de que se ha cometido un delito.
Ronan Farrow, ganador del premio Pullitzer por un artículo en The New Yorker denunciando los abusos sexuales de Harvey Weinstein que dio pie al movimiento Me Too, ha publicado este lunes otro muy documentado artículo de investigación explicando cómo funciona esta nueva industria de espionaje tecnológico. Farrow ha estado dos años investigando el tema, viajando por todo el mundo y conociendo de primera mano a sus protagonistas. Su artículo empieza hablando del caso catalán, y explica que una de las principales empresas responsable de estas acciones es la israelí NSO, una empresa que sólo trabaja para estados y jamás para particulares, y que todas sus operaciones están supervisadas y autorizadas por el gobierno de Israel. Farrow explica que el responsable de NSO le confirmó que había trabajado para el gobierno español, pero no quiso especificar en qué tema. Eso sí, afirma que si España le hubiese pedido espiar a los independentistas catalanes lo habría hecho convencido de que sería legal.
Todos los ciudadanos sabemos que somos vulnerables, y sabemos que nuestros políticos y nuestras instituciones también lo son. Una vez más necesitamos organizaciones civiles e independientes que vigilen, molesten, propongan y actúen
En 2016 The New York Times informó cuáles eran entonces las tarifas de NSO. Utilizar su solución Pegasus tenía un coste de instalación de 500.000 dólares, y a partir de aquí ir sumando 650.000 dólares por cada 10 terminales que se quieran espiar. Teniendo en cuenta que e Catalunya hay personas que han sido espiadas en más de una ocasión (el teléfono de Jordi Sánchez ha sido comprometido como mínimo en 16 ocasiones) el caso catalán le ha supuesto a alguien un coste mínimo de casi 10 millones de dólares. Que habrán sido muchos más, porque seguro que estas investigaciones sólo han detectado algunos de los muchos casos de espionaje que se han llevado a cabo, y que se están llevando a cabo.
El trabajo de auditoría tecnológica efectuado por Citizen Lab ha consistido en demostrar que hay terminales telefónicos que han sido espiados de manera ilegal. Ahora tocaría averiguar quién ha encargado esta acción delictiva. El Gobierno español niega tener nada que ver, así que ahora se abren dos caminos: pedir explicaciones al Gobierno de Israel, pues en teoría da el visto bueno a todas las operaciones, o bien reseguir movimientos bancarios e identificar quién ha hecho pagos millonarios a la empresa NSO. Lo normal sería que fiscalía, ahora que sabe que se ha cometido un delito, iniciase un proceso de investigación. Si la fiscalía española no lo considera pertinente, por la razón que sea, lo podría hacer la fiscalía europea pues entre las víctimas hay eurodiputados que representan políticamente a 450 millones de ciudadanos europeos. Pero en quien más confío es en alguien que trabaja o haya trabajado para NSO o para algún Estado que, harto de ver cada día las malas prácticas que ve, filtre las pruebas necesarias para saber qué ha pasado y quién lo ha hecho. Estamos en la sociedad digital y todo deja rastros. Todo se puede saber, y todo se sabrá.
Todos los ciudadanos sabemos que somos vulnerables, y sabemos que nuestros políticos y nuestras instituciones también lo son. Una vez más necesitamos organizaciones civiles e independientes que vigilen, molesten, propongan y actúen, pues los hechos demuestran que hay una clara tendencia al abuso que se ha de combatir con agilidad y libertad. Gracias CitizenLab, X-Net, Civio y tantos otros. Sois la infraestructura del futuro.