Crear empresas mercantiles vinculadas a una cooperativa de trabajo asociado. Esta es la estrategia utilizada hasta ahora por algunas compañías para desarrollar las tareas de producción a los mataderos del sector carni. Un ejemplo es lo GrupoJorge , que bajo el paraguas de marcas como Le Cerdo Gourmet o Axparia, ha operado en Lleida y Vic, dos de los polos en Cataluña del sacrificio de la carne de cerdo.
Los trabajadores piden más cambios en la Ley de Cooperativas porque no se favorezca la competencia desleal, el abaratamiento de los costes laborales y los incumplimientos del convenio
Estas prácticas se están reduciendo por la entrada en juego de la Inspección de Trabajo. La acción del organismo ha provocado que las firmas den de alta los trabajadores al régimen general de la Seguridad Social, que hasta ahora cotizaban como falsos autónomos, y se investiguen las prácticas laborales empleadas por las compañías y denunciadas por los responsables sindicales. Uno de los casos se ha dado al matadero que el Grupo Jorge tiene en Mollerussa (Pla d'Urgell). "Antes las falsas cooperativas eran una moma patronal", explica Antonio Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria Construcción y Agricultura (METE) de la UGT de las Tierras de Lleida.
Abusos laborales
Rodríguez comenta que las prácticas de abusos laborales, como las practicadas del Grupo Jorge en Mollerussa, con jornadas de más de 14 horas diarias y salarios por debajo el convenio, van a la baja. "Ahora está mal ver y hace más miedo porque las multas son elevadas". El representante sindical lo ha vivido en primera persona. A mediados de enero, él y dos trabajadores más fueron despedidos y readmitidos con el argumento que "fue un error y su baja a la Seguridad ya ha sido anulada", según el comunicado de la empresa Axparia Trade. Aún así, la UGT convocó una huelga por finales de enero y principios de febrero, que acabó desconvocando por la predisposición de la empresa a negociar el cumplimiento del convenio.
"Existe el compromiso de Axparia para empezar a trabajar, pero en el matadero, los empleados no perciben el mismo". Este proceso de negociación se enmarca en un contexto de elecciones sindicales, donde en aproximadamente un mes, la plantilla escogerá sus representantes. Rodríguez añade que "contratar falsos autónomos supone un abuso porque tratos los trabajadores como empleados de tercer orden". En la mayoría de casos, los contratos se realizan a personas inmigrantes.
Desde los sindicatos, se recuerda que la práctica permite abaratar costes laborales y por eso anuncian que denunciarán todos los casos que comprueben. De momento, en las Tierras de Lleida, todavía tienen detectados los mataderos de Servicarne, Avidel, algunos de la Corporación Alimentaria de Guissona y Sami, ubicado en Balaguer.
Multas millonarias
La Inspección de Trabajo, con una sentencia del mes de diciembre de 2018, obligó el Grupo Jorge a pagar más de 6 millones de euros para regularizar los 1.616 falsos autónomos que había contratado a los mataderos de Santa Eugènia de Berga y Mollerussa. Este fue el punto de partida que constataba el castigo y las multas a un modelo laboral considerado fraudulento.
El movimiento de la Inspección de Trabajo ha favorecido que algunas empresas estén rescindiendo el contrato de los trabajadores y dándolos de alta fuera de Cataluña. Por este motivo, los sindicatos piden más cambios en la Ley de Cooperativas, que eviten la competencia desleal, el abaratamiento de costes laborales y los incumplimientos del convenio. A estas alturas, los empleados han pasado a tener las mismas condiciones laborales que el resto de compañeros. Además, sus representantes estudian traer los casos ante la Fiscalía por si se han producido delitos sociales.
Para revertir esta situación, Antonio Rodríguez recuerda que en algunas empresas, como el caso de Argal en Miralcamp (Pla d'Urgell), son los mismos cooperativistas quién ha montado las compañías.
Puerta a la exportación
La puesta en marcha de una Unidad de Certificaciones de Exportaciones, constituida recientemente, ayudará pronto a las empresas càrnies leridanas a vender sus productos al exterior. El presidente de Edullesa, la aduana de Lleida, Joan Serentill, anuncia que "en pocas semanas pusieron en marcha la unidad veterinaria". El área de Certificaciones permitirá a las compañías realizar los trámites para exportar animales vivos, productos de origen animal por el consumo humano y por la alimentación animal.
El sector ganadero, que en Lleida mueve un volumen de negocio de 3.000 millones de euros anuales, está viviendo un cambio de modelo en los procesos de contratación. Tal como asegura el trabajador de un matadero, "antes denunciabas y no te hacían caso, ahora, las empresas tienen miedo y están obligadas a pagar sino siguen las reglas laborales".