El cierre kafkiano del Segrià

Los establecimientos y la restauración auguran que el 30% de los negocios tendrán que cerrar después de que el Gobierno haya aprobado el confinamiento de la economía a través de un decreto ley

Reunió mantinguda a la Diputació de Lleida entre membres del Govern i representants del teixit empresarial del Segrià | L. Cortés (ACN) Reunió mantinguda a la Diputació de Lleida entre membres del Govern i representants del teixit empresarial del Segrià | L. Cortés (ACN)

La decisión del Gobierno catalán respecto al Segrià ha ocasionado un cierto malestar entre los comerciantes de los dos ejes de la ciudad de Lleida. Es el caso de Josep Bellera, propietario de una óptica situada en la plaza Ricard Viñes. Bellera recuerda que "los ciudadanos estamos muy indignados y dolidos por la actitud de la Administración, que propuso un cierre kafkiano que después anuló una jueza". Bellera lamenta que se intente confinar a los colectivos que "estamos haciendo las cosas bien, como los propietarios de negocios o de establecimientos hoteleros". Bellera, que también es el presidente de los comerciantes de la Zona Alta, advierte de los graves perjuicios que puede provocar la medida del confinamiento con restricciones: "Intentaremos mantener una cierta normalidad porque el decreto ley no obliga al cierre de los locales, pero somos conscientes que con el sistema de cita previa, nuestras ventas caerán". Es uno de los testimonios que llega desde el Segrià, donde la semana está siendo especialmente complicada por la decisión que una jueza ha puesto en tela de juicio.

Una sensación similar a la de Bellera la tienen en la tienda de artesanía Artfang, ubicada en la céntrica plaza San Juan de Lleida. Dedicada a la venta de artesanía, su propietaria, Maria Josep Rovira, precisa que "aunque nos dejen abrir, me resulta imposible mantener el personal si no tengo ventas". Para Rovira, la desorientación de los ciudadanos ha hecho que la gente no salga a la calle y ni se acerque a las tiendas. Esta incertidumbre se refleja en el aspecto de la calle Mayor de Lleida, con establecimientos y bares abiertos y otros que han decidido no hacerlo.

Bellera: "Intentaremos mantener una cierta normalidad porque el decreto ley no obliga al cierre de los locales, pero con el sistema de cita previa, nuestras ventas caerán"

El Gobierno catalán intenta poner calma y este martes ha vuelto a desembarcar en Lleida para anunciar y concretar las ayudas extraordinarias por las empresas y entidades del Segrià. Después de la manifestación del domingo 12 de julio, en la cual unas 300 personas se movilizaron ante la sede de los Servicios Territoriales de Salud en Lleida para protestar contra el confinamiento, y de las críticas del tejido empresarial por la carencia de medidas para compensar la decisión, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonés, y la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, después de reunirse con las autoridades locales, han detallado que de los 6,5 millones de euros que llegarán a la comarca del Segrià, cuatro se destinarán prioritariamente a ayudas directas por los comercios y dos, a los ayuntamientos.

La decisión se toma después de una semana de disputas políticas esperpénticas, en que la iniciativa del Ejecutivo catalán de cerrar la comarca del Segrià y permitir sólo las actividades económicas esenciales la anuló una jueza de guardia la madrugada de lunes. Una vez rehecho el texto, transformando las obligaciones de confinamiento domiciliario en recomendaciones, el Consell de Govern aprueba un decreto ley, que ahora sí, parece tiene el visto bueno del Gobierno central.

Rovira: "Aunque nos dejen abrir, me resulta imposible mantener el personal si no tengo ventas"

La llegada de Aragonés y Jordà en Lleida, donde se reúnen con el alcalde, Miquel Pueyo, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y con el delegado del Gobierno en Lleida, Ramon Farré, ha ido acompañada de la garantía de ayudas, pero sin concretar los plazos. En este sentido, Aragonés ha manifestado que se concederán "con celeridad y lo mejor posible". En el encuentro, se ha analizado el impacto del Covid-19.

Peligro por el comercio

Con la intención de rebatir la visión de la sociedad civil y el tejido empresarial, que acusaban el Govern de olvidarse de Lleida, Aragonés asegura que "doy la cara con medidas para minimizar los efectos del Covid-19 en el ámbito sanitario y económico". El alcalde de Lleida ha pedido que el proceso de reconstrucción "tenga las menores bajas posibles". Aún así, las previsiones empresariales no son tan optimistas.

Desde el Eje Comercial, su presidente, Llorenç González, muestra su preocupación e incertidumbre ante el confinamiento. González, que el pasado domingo increpó verbalmente el alcalde de Lleida a la salida de una reunión, teme que "el confinamiento genere el cierre del 30% de las tiendas y las que no lo hagan, tengan que despedir trabajadores o aplicar recortes de sueldos". Además de los comerciantes, las patronales Pimec y Coell lamentan "la mala imagen de la empresariado leridano por culpa de la nefasta gestión sanitaria del virus".

Las patronales Pimec y Coell lamentan "la mala imagen de la empresariado leridano por culpa de la nefasta gestión sanitaria del virus"

Los representantes empresariales proponen que la limitación de la actividad económica se realice a partir de microconfinamientos territoriales. Así lo pide la patronal Pimec, que considera que "un control sanitario específico favorecería velar más por la economía global de la comarca del Segrià en vez de malograrla".

Más ERTE y ayudas a los autónomos

Además de las ayudas directas prometidos por la Generalitat, desde el sector del comercio y de la hostelería se reclama que se permita la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) y dotar de más fondos a los autónomos que notarán el impacto de la pandemia del Covid-19 por el cese de la actividad.

Los comerciantes recuerdan que todavía se están recuperando del confinamiento total que se decretó el pasado mes de marzo. De hecho, señalan que algunos se encuentran todavía en ERTE de reducciones de jornada y la situación no mejorará a consecuencia de las limitaciones de movimiento, lo que hará peligrar la viabilidad de los establecimientos.

Confinamiento con matices

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha avalado las medidas del decreto ley de la Generalitat, excepto la limitación de confinamiento en Massalcoreig, el pueblo más pequeño de la zona del Baix Segre. De este modo, las medidas del Gobierno se aplican a partir de miércoles y durante 15 días a la ciudad de Lleida, los municipios de Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre y las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de Sucs y Raimat.

Todo y las restricciones implantadas por el Gobierno catalán, desde la Administración catalana se ha descartado que sea un confinamiento domiciliario, a pesar de que se pide "salir de casa sólo por las actividades esenciales". La Generalitat mantiene el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià. Es decir, los trabajadores podrán ir al trabajo si esta está al mismo municipio y no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo. Desplazarse fuera de la comarca por motivos laborales sólo será viable si se ejerce una actividad esencial. En el caso de los empleados no esenciales, la Generalitat permitirá durante 24 horas que entren o salgan de la comarca del Segrià para recoger los elementos necesarios para realizar la modalidad de teletrabajo.

Los leridanos podrán ir a los establecimientos de alimentación, pero tendrán que pedir cita previa al resto de tiendas, igual que sucedía a las primeras fases del plan de desescalada del Gobierno central. En el caso de la restauración y la hostelería, sólo podrán ofrecer servicios a domicilio o de recogida previa.

Parece que las primeras medidas de ayudas del Gobierno catalán han calmado un poco los ánimos del tejido empresarial leridano, que desde el anuncio del confinamiento sábado 11 de julio, ha mostrado su rechazo y su voluntad de luchar contra la posibilidad de un cierre total. Creen que una decisión así sería demoledora para la supervivencia de comercios y establecimientos de restauración.

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