El Consejo de la Unión Europea ha fijado fecha de caducidad para las calderas de gas. Será el 2040, año en el que pasará a estar prohibido que los edificios dispongan de calderas de esta clase o que funcionen con otros combustibles fósiles. Eso sí, las restricciones empezarán en breve: según recoge el texto aprobado, a partir del 2025 se prohibirán las subvenciones para este método de calefacción y sólo se aceptarán incentivos financieros para sistemas híbridos que utilicen una cuota "significativa" de renovables, como por ejemplo los que combinen calderas con bombas de calor o instalaciones solares térmicas.
La medida forma parte de la directiva que pretende conseguir que el parque de edificios de la Unión sea de cero emisiones en el año 2050. En su objetivo final, la ley quiere contribuir de forma significativa a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión, puesto que, según datos de la Comisión Europea, los edificios son los responsables del 36% de las emisiones contaminantes. Después de que la Eurocámara diera el visto bueno definitivo al texto el pasado marzo, la decisión de este viernes por parte del Consejo pone en marcha el contador para la aplicación efectiva de la ley. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los estados dispondrán de dos años para transponerla en ley nacional.
La renovación de edificios, clave en la medida
Más allá de los efectos en los sistemas de calefacción, el documento propone una fuerte apuesta por la renovación de edificios, uno de los pilares de la normativa. Bajo las nuevas normas, todos los edificios de nueva construcción a partir de 2030 tendrán que ser de cero emisiones. En cuanto a los edificios residenciales existentes, los países tendrán que adoptar medidas que garanticen una reducción del consumo de energía primaria de al menos un 16% para 2030 y mínimo del 20% para 2035.
A partir del 2030, todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser de cero emisiones para cumplir los objetivos de cara al 2050
Al mismo tiempo, los estados estarán obligados a la renovación del 16% de los edificios no residenciales menos eficientes para 2030. De cara a 2033, la cuota de renovación debe dispararse hasta el 26%, es decir, tendrán que llevar a cabo cambios en uno de cada cuatro edificios. En paralelo, en los edificios públicos y no residenciales, se prevé la instalación progresiva de placas solares si es "técnica y económicamente adecuado". Para los residenciales de nueva construcción, la instalación de placas solares será obligatoria a partir de 2030. Los únicos edificios exentos de estas normas serán los agrícolas y los que forman parte del patrimonio cultural e histórico. Además, "los países de la UE podrán decidir no aplicar los requisitos a edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, a las construcciones provisionales ya los edificios utilizados como lugares de culta y para actividades religiosas", apunta el documento.