El consejo de administración de Aigua Ter-Llobregat ha planteado un incremento de un 33,7% de la tarifa media del agua, que pasará de 0,74 a 0,99 euros por metro cúbico. La decisión también deberá ser validada por el consejo de administración de la Agència Catalana de l'Aigua. Entre los motivos de la subida, que acaba con una congelación de precios vigente desde 2017, se encuentran la sequía, el precio de la luz y el sobrecoste que causa en el uso de plantas desaladoras. El ATL gestiona la red de abastecimiento de agua del 90% de la población de Catalunya. El ente recuerda que ha mantenido su tarifa congelada desde hace seis años. De hecho, indica que en 2022 el Govern renovó su decisión de mantener esta medida un año más por el contexto económico de subida general de precios.
Asimismo, recuerda que desde 2019, cuando el Ejecutivo volvió a asumir la gestión pública de la empresa, la tarifa del agua no se ha equilibrado en los costes que genera. A esta situación se suma otra, la de reducir la captación de agua del Ter a partir de 2024, lo que según prevé ATL implicará un mayor uso de las plantas desalinizadoras, que tienen un mayor gasto energético que las plantas potabilizadoras tradicionales. Además, se argumenta que más allá de incrementarse el uso de la energía, subirá también su coste, ya que el nuevo contrato de suministro de energía eléctrica para el período 2023-2025 ha sufrido un aumento del 50% en el precio del kWh.
Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó al Gobierno a devolver a la empresa Acciona 304 millones de euros por la finalización del contrato de gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATL). La Generalitat reclamó a la empresa unos 38 millones de euros después de asumir la gestión del servicio en 2019, pero finalmente el TSJC ha dado la razón a Acciona y la Generalitat deberá abonar la indemnización correspondiente al conglomerado español.
La cronología se remonta a 2012, cuando el Govern de Artur Mas realizó la privatización de la empresa pública ATL y la adjudicó a un consorcio liderado por Acciona. El TSJC anuló en el 2015 la adjudicación y el Tribunal Supremo la confirmó en febrero del 2018 al encontrar que el sistema de adjudicación no había sido el adecuado. Acciona debía gestionar ATL en los próximos 50 años a partir de un contrato valorado en 1.000 millones de euros.