Catalunya gasta 49,80 euros por cada demandante de trabajo. La catalana es la cuarta comunidad que más gasta por parado en políticas de ocupación y la tercera que más dinero invierte, en total 335 millones de euros el 2017, el 11,3% del total del Estado. Aún así, el 41% del presupuesto se queda sin gastar, una práctica habitual entre las CCAA, pero que sorprende, teniendo en cuenta que el Principat cerró el año pasado con un 11,5% de parados.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado por primera vez las cifras que se gastan las administraciones en políticas activas de ocupación. España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales en este aspecto y según la entidad, existe "un amplio margen de mejora en la governanza y la eficacia de estas políticas".
La AIReF cuestiona la eficacia de 6.500 millones de euros de gasto en políticas de ocupación
La AIReF ha advertido de las dificultades de determinar con exactitud cuánto se gasta en España en estas partidas, dadas las diferencias en criterios contables que se aplican en las diferentes administraciones autonómicas y locales, lo cual impide también poder evaluar bien los resultados.
Se trata, explican desde la AIReF, de partidas que financia el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) y después transfiere a las comunidades y entes locales donde se suman fondos propios y se aplican diferentes criterios contables. "Los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable", apuntan desde la entidad, que ha contado para este estudio con información del SEPE y de las Comunidades Autónomas y entes locales del año 2017.
"Todo esto articula un complejo mapa de financiación (...) "La trazabilidad del gasto es insuficiente y los criterios contables no están normalizados", subrayan. Hay una importante complejidad administrativa, añade la AIReF que recuerda que en España hay 709 oficinas de ocupación y más de 14.000 centros habilitados para la formación.
En el estudio, el tercero de la institución dentro de su proceso de revisión integral del gasto público (Spending Review), la AIReF cuestiona el funcionamiento del sistema de subvenciones para la formación, así como los resultados de programas concretos como lo Prepara o el funcionamiento de las oficinas de ocupación.
La AIReF también apunta que del total del gasto en España, el 40% se destina a incentivos a la contratación, muy por encima del otros países, como Alemania o Finlandia que han puesto como modelos de gestión más eficaz de estas políticas.
El estudio incluye una medición de la eficacia de los servicios públicos de ocupación por Comunidades Autónomas que sitúa a Asturias, Aragón y Catalunya al frente.