APEU, pero tarde (I)

El nuevo instrumento de gestión del espacio comercial urbano espera turno en el Parlament

La propuesta de las Áreas de Promoción Económica Urbana. | EP La propuesta de las Áreas de Promoción Económica Urbana. | EP

Quedan dos meses para que el legislativo catalán pueda aprobar 48 futuras leyes que ya han iniciado el trámite parlamentario. Por tercera vez, llega a finales de una legislatura la propuesta de las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU), la versión catalana de los Business Improvement Districts (BIDs) de origen anglosajón.

La primera vez fue con el segundo tripartito, con Josep Huguet de conseller y Gemma Puig de directora general de comercio. Fue en aquella propuesta donde se estableció la denominación de APEU para los futuros BIDs catalanes. La segunda vez fue la legislatura pasada, finalizada abruptamente, y ya con Muntsa Vilalta de directora general.

"Quedan dos meses para que el legislativo catalán pueda aprobar 48 futuras leyes que ya han iniciado el trámite parlamentario"

Del conseller o consellera de turno no hablemos, porque el departamento lleva el récord de cambios de titularidad del Govern, junto con Cultura. Esperamos que ahora sea la definitiva y los esfuerzos del nuevo conseller, Ramon Tremosa, para que este sea uno de los proyectos de ley que se acaben aprobando en el Parlament y llegue a buen puerto.

Los BIDS, colaboración publicoprivada de matriz anglosajona

Recordamos que los BIDs nacen en 60 en Canadá y en Estados Unidos como una fórmula que los operadores económicos que están presentes y el ayuntamiento respectivo se corresponsabilizan en la gestión de determinados espacios urbanos con fuerte presencia comercial. Los BIDs serían un tipo de asociación de comerciantes -y otros operadores- en que después de elaborar un proyecto de actuación y de ganar eventualmente un referéndum entre los operadores de la zona, todo el mundo se ve obligado a pagar la cuota y durante tres o cinco años se desarrolla un proyecto de actuación que después tiene que ser ratificado, o no, otra vez en referéndum. Y así sucesivamente.

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Los BIDs presentan diferentes variedades -incluso dentro de un mismo país- de plazos, de mayorías cualificadas, de extensión de las áreas a gestionar, de participación o no de los propietarios de locales o de los negocios que no son a pie de calle y del tipo de servicios a prestar. En los deprimidos centros urbanos norteamericanos de hace 40 o 50 años, los BIDs sobre todo reforzaban la actuación municipal en materia de seguridad, información, mantenimiento y limpieza, mobiliario urbano... Y han sido un éxito generalizado

De Norteamérica a Europa

A comienzos de este siglo, los BIDs saltaron el Atlántico a través de la Gran Bretaña y llegaron con fuerza también en Alemania y su área de influencia. En un entorno europeo, con más protagonismo de los ayuntamientos en el espacio urbano y con centros de ciudades mucho más vigorosos, la penetración ha sido más lenta. La concertación pública privada no tiene el mismo nivel de tradición que en Norteamérica y los ayuntamientos son mucho más recelosos a la hora de dejar que una parte de la ciudad sea gestionada en su día a día por una agrupación de comerciantes. Un recelo importante por mucho que el programa anual de actuación requiera el visto bueno municipal y en muchos casos las subvenciones de los ayuntamientos complementen los ingresos derivados de las cuotas obligatorias.

De cabeza hacia el Constitucional?

En Catalunya -y en algunos otros territorios, como en el País Valencià- la transposición de los BIDs está encima de la mesa de técnicos y expertos desde hace dos décadas. Desde el Estado, los gobiernos del PP no han querido oir a hablar nunca de nuevas imposiciones, aunque que sean establecidas en referéndum y tengan fecha de caducidad si los participantes y contribuyentes no vuelven a acordarlo. Cuándo ha mandado el PSOE, esto de la colaboración publicoprivada no lo han acabado de digerir demasiado. Y tanto los unos como los otros, que una comunidad autónoma implante estas novedades, ni que tenga todas las competencias transferidas en materia de promoción y ordenación comercial, no les hace mucha gracia.

"Los juristas de la Generalitat parecen haber encontrado el recurso legal para que se pueda implantar la financiación obligatoria de los APEUs"

Es decir, ya veremos si en caso de aprobarse la ley, esta no acaba frenada por un recurso de anticonstitucionalidad de los unos y/o de los otros. En todo caso, los juristas de la Generalitat parecen haber encontrado el recurso legal para que se pueda implantar la financiación obligatoria de los APEUs, que era el gran obstáculo contra el que repetidamente se habían estrellado todos los esfuerzos normativos previos.

Urbanismo táctico en Barcelona?

En Catalunya, también ha habido que ir ganando voluntades. La antigua CDC no quería saber demasiado, muy influenciada por el Consejo de Gremios. El Consejo se oponía a que unos eventuales BIDs reforzaran las asociaciones de base territorial en detrimento de sus organizaciones, de base sectorial. La quiebra del Consejo de hace unos pocos años ha ayudado a disminuir las reticencias. Los grandes ayuntamientos socialistas -ahora muchos menos- se lo han mirado de lejos, pero en Barcelona la participación socialista en los gobiernos Colau siempre se ha saldado con concejalía de comercio socialista y firmemente partidaria de los APEUs.

Colau y los comunes formalmente han dejado hacer, pero compartir la gestión de la ciudad con los agentes económicos organizados siempre les ha dado urticaria. Es conocido el caso de la placeta de Ramon Berenguer en que, al final del mandato el gobierno Trias había pactado con los operadores de la Via Laietana que ellos financiarían la viananización. Una de las primeras decisiones de Colau fue desestimar el acuerdo porque esta era tarea del Ayuntamiento en exclusiva y que después efectuó con recursos propios.

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Ahora sólo hay que pensar en la polémica entre comerciantes y Ayuntamiento por la implantación de medidas postcovid restrictivas al tránsito, el famoso «urbanismo táctico». Hay que prever que, de aprobarse y mantenerse en vigor la ley, tendrán que hacer muchos esfuerzos unos y otros para sustituir el actual enfrentamiento abierto entre comerciantes y administración local por nuevos consensos. Con vecinos y todo, está claro.

Con todo ello, los APEUs llegan tarde. Todo ha cambiado mucho desde 2008, y con la pandemia todavía más. Un instrumento que hace veinte o treinta años hubiera sido muy útil, ahora lo será mucho menos. Lo explicaremos en el próximo artículo.

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