El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entre las decisiones tomadas destacan el aplazamiento del pago de todos los tributos municipales, la creación del Instituto Municipal de Hacienda y la prórroga de las sanciones a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
El ejecutivo de Ada Colau ha acordado flexibilizar los plazos y trámites para cobrar los impuestos municipales. En este sentido, aplicará dos opciones: o bien aplazar el pago o fraccionarlo con planes personalizados. Así, mientras dure el estado de alarma no se pagará la recogida de residuos comerciales e industriales ni a los comercios, ni a los establecimientos de restauración ni a cualquier empresa y autónomo afectado por el confinamiento. Este tributo se cobra entre octubre y diciembre y será entonces cuando se descontará la parte proporcional a las semanas bajo estado de alarma.
Para aplazar cualquier tasa municipal, el ciudadano o empresa tendrá que solicitarlo antes de que se acabe el año. Para informar de las posibilidades de fraccionamiento y aplazamiento, se ha creado una oficina tributaria de atención y asesoramiento por la crisis del Covid-19.
Tasa turística y de terrazas
Para aliviar la presión económica del sector turístico, el consistorio ha aplicado la medida que anunció el Govern de aplazar el pago de la tasa turística hasta septiembre. Además, el ayuntamiento devolverá a los establecimientos de restauración que tengan terraza la tasa de terrazas correspondiente a los días en los que no hayan podido hacer uso del espacio público, es decir, de las semanas que dure el estado de alarma.
Si todavía no se ha pagado este impuesto, se reducirá la parte proporcional de la factura. Además, las fechas para pagarlo se prorrogan hasta julio (ahora se tenían que pagar o en abril en el caso de los recibos no domiciliados y en junio para los que sí lo están). A través de un comunicado, el ayuntamiento asegura que más adelante se estudiará la posibilidad de cambiar las licencias en caso de caída del consumo. Es decir, que se reduzcan los espacios si, una vez levantado el estado de alarma, las terrazas no se llenan.
Una de las medidas más polémicas que ha tomado el ayuntamiento este año, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), también tendrá que esperar para entrar en vigor. Las sanciones para circular por las áreas restringidas con coches con una antigüedad y nivel de contaminación superiores a los establecidos, no se aplicarán en abril como estaba previsto. El consistorio esperará a ver cómo evoluciona la situación para establecer una nueva fecha.
También en relación a la movilidad, Colau ya decidió no multar para aparcar en las zonas azul y verde. Además, se facilitan la carga y descarga para abastecer supermercados y mercados también en horario diurno.
Contratos y obras públicas
El paquete de medidas también incluye la voluntad del ayuntamiento de elaborar un decreto para garantizar la continuidad de todos los contratos públicos. De este modo, el consistorio quiere asegurar la liquidez de todas las empresas proveedoras de servicios al ayuntamiento y que estas puedan mantener los puestos de trabajo. En el supuesto de que no se puedan prestar los servicios, el gobierno municipal aplicará un sistema de compensaciones.
Todas las obras públicas se paralizan. Las 72 actuaciones que hay en marcha en la ciudad, como la de la plaza de las Glòries, quedan temporalmente paradas. La única obra que se mantendrá será la de reparación del dique de cobijo del Port Fòrum, deteriorado por los efectos de la tormenta Gloria. Las obras privadas que no pueden garantizar las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias también se tendrán que parar.
Con todo, el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al Estado poder destinar el superávit del municipio a luchar contra las consecuencias del Covid-19. Esto supondría la modificación de la Ley de Estabilidad, para introducir nuevos supuestos de aplicación del superávit de los municipios.