Teletrabajo, hostelería, cultura, movilidad, contradicciones y poca escucha por parte de aquellos que nos gobiernan a los sectores más damnificados por la crisis económica provocada por la covid-19. Venimos de una nueva semana llena de idas y venidas de las diferentes administraciones, de aplicación de medidas todavía más restrictivas y de incoherencias entre miembros de los mismos ejecutivos. "Son medidas muy duras que las tenemos que aceptar a pesar de que no conocemos las motivaciones", es decir, "no sabemos qué nivel de contagios hay por sectores", lamentaba el presidente de Pimec, Josep González, este jueves, justamente dos días más tarde de que VIA Empresa se reuniera con él en la sede de Pimec para hacer una radiografía general de la situación actual. Entonces, González ya se quejaba de que prácticamente no se les consulta para nada, sino que, generalmente, el Govern los llama para reunirse con ellos, pero sólo para informarles de las nuevas decisiones. Decisiones que hacen que 19.500 empresas estén en riesgo de cierre, lo que hace peligrar 73.500 puestos de trabajo.
La semana pasada, el Ejecutivo catalán aprobaba el decreto que reduce al 50% el alquiler de los negocios cerrados por la pandemia. Un decreto que "pasa la pelota al propietario" y que, hacía saber González, "no nos lo han consultado, nos enteramos por los medios". De hecho, parece ser que esta es la tónica a seguir, sobre todo desde que estalló la pandemia. O los agentes sociales y económicos reciben la información a través de las noticias, o se les convoca pocas horas antes de anunciar las nuevas medidas sin ningún tipo de margen a rectificar según sus opiniones.
En este sentido, y antes de que el Govern alargara durante 15 días más el cierre de bares y restaurantes, tanto las patronales como la Cambra de Comerç de Barcelona ya habían advertido que con 40 millones de euros no iban a ninguna parte para ayudar al mundo de la hostelería puesto que sólo tocaban a 1.500 euros por establecimiento, sea del tamaño que sea. Pedían 100 millones para estas dos semanas. Pero una vez anunciado el alargamiento del cierre de bares y restaurantes, el Ejecutivo catalán puso encima de la mesa que añadiría 50 millones de euros más para el sector, un dinero que González vuelve a tildar d"insuficientes" por el impacto que tendrá tener estos establecimientos con la persiana bajada durante 15 días más.
González: "Son medidas muy duras que las tenemos que aceptar a pesar de que no conocemos las motivaciones, no sabemos qué nivel de contagios hay por sectores"
Justamente estas medidas tampoco fueron consultadas con las patronales. El Govern las anunciaba este jueves a mediodía y, por ejemplo Pimec, no se reunía con el Ejecutivo catalán hasta el viernes por la tarde. De hecho, poco rato antes del anuncio, la patronal de las pymes pedía a la Generalitat que revisara el levantamiento de la medida del cierre total de la restauración y proponía que, al menos, se permitiera una "apertura parcial" puesto que la entidad considera que "es una medida excesiva". No sirvió para nada. Sea como sea, durante los primeros 15 días de cierre, bares y restaurantes han perdido un total de 780 millones de euros según Pimec, una cifra que poco se compensa con 40 millones de euros, ni siquiera con los 90 millones que suman en total las ayudas para un mes.
También Foment del Treball se pronunció en esta línea y, como Pimec, tilda de "insfucients" el incremento de las ayudas económicas con unas medidas que "paralizan la economía y hunden los sectores del turismo, comercio, hostelería, restauración, ocio, centros de estética, transportes, cultura y deportes". Además, la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre apunta que, a pesar de que "comparte la necesidad de medidas extraordinarias para dificultar la propagación del virus", "considera que algunas de las medidas se adoptan sin considerar la realidad de la actividad empresarial, lo cual hace muy difícil su aplicación". Precisamente por eso, las patronales insisten en "la necesidad de que se dialogue y se escuche previamente a los representantes de los sectores afectados y se propongan, al mismo tiempo, las ayudas económicas realistas para salvar el hundimiento de todos los sectores económicos de los servicios más afectados".
Movilidad y teletrabajo. ¿Dónde está el punto medio?
Justamente el martes, cuando VIA Empresa se reunía con el presidente de Pimec, el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, afirmaba en Rac1 que habría sanciones para las compañías que no hagan trabajo a distancia pudiéndolo hacer. Antes de las declaraciones de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, rectificando las palabras del Homrani bajo el argumento de que el Govern "no tiene competencias para regular el teletrabajo", González se mostraba contundente: "Se ha pasado" porque esta "es una medida aceptable en la medida que se pueda hacer", porque no a todas las empresas les salió bien el hecho de teletrabajar durante el primer confinamiento, ni todas pueden hacerlo.
También Llibre defendía que "el teletrabajo tiene que ser promovido, pero no impuesto por obligación" y, de hecho, las dos patronales recuerdan que precisamente ellos han promovido el teletrabajo desde el principio, pero consideran que llegar al punto de sancionar es extralimitarse. "Los empresarios no pueden asumir nuevas obligaciones, ni mucho menos sanciones. Que la actividad se pueda realizar de manera telemática no es motivo suficiente para obligar al teletrabajo, y el empresario tiene que tener el margen de libertad para tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades y asegurar la productividad, eficiencia y competencia de sus servicios", ratificaba el presidente de Foment.
Llibre: "Que la actividad se pueda realizar de manera telemática no es motivo suficiente para obligar al teletrabajo, y el empresario tiene que tener el margen de libertad para tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades"
Y, ¿cuáles podrían ser las soluciones que permitieran compaginar ambas cosas? González lo tiene claro, pero, de momento, todavía no lo escuchan. A su parecer, ahora sería la hora de "hacer medidas excepcionales en momentos excepcionales" y estas pasarían por "fomentar el transporte privado" para evitar que se colapse el transporte público. Porque, lo queramos o no, hay mucha gente que no puede teletrebajar.
No es que Pimec haya dejado de lado la línea de la sostenibilidad, al contrario, pero saben bien que la ocasión se merece hacer cosas que en una situación "normal" no se habrían planteado. Entre sus propuestas para complementar la medida del teletrabajo -y para todos aquellos trabajos que no puedan hacerlo-, destacan la de "suprimir los peajes de las autopistas" o "dejar libres de cargo las zonas azules y verdes de las ciudades". Esta sería una manera de "facilitar el uso del coche privado" sólo durante el tiempo que dure la pandemia.
Objetivo: una hoja de ruta clara y contundente
Todos estos son sólo algunos ejemplos del día a día de las patronales con las administraciones. Y es que desde que todo empezó, agentes sociales y económicos se han adentrado en una lucha de peticiones sin regreso, empezando por los ERTE -siempre han estado pidiendo que se alarguen y no se ha hecho hasta el último momento- y pasando por la suspensión de impuestos y ayudas directas y más potentes a las empresas más afectadas.
González: "Tenemos que fomentar la movilidad privada para evitar los contagios suprimiendo los peajes de las autopistas o dejando libres de cargos las zonas verdes y azules"
En este sentido, González también se lamentaba que desde Pimec se ha pedido en varias ocasiones que se hagan campañas para "concienciar la gente" porque en el puesto de trabajo tienen un comportamiento ejemplar, pero cuando salen -o salían- a tomar algo a un bar o restaurante se olvidaban de las mascarillas. "Nunca se nos ha dado respuesta a esto", insistía, al mismo tiempo que señalaba: "Quizás es una tonteria, pero yo creo que es necesario porque sino es un despropósito total".
Patronales ignoradas, ¿administraciones ignorantes? Sea como sea, estamos de lleno en la segunda ola y, como decía el doctor e investigador, Oriol Mitjà, "volvemos a estar sin ningún plan". Precisamente por eso, tanto él como los agentes sociales reclaman que se establezca una hoja de ruta para "evitar un tercer confinamiento" y que no nos vuelva a coger por "sorpresa" y sin el trabajo hecho una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir.