La Comisión Europea recomienda a España que refuerce la oferta de hogares sociales y asequibles para hacer frente a la crisis de la vivienda. Esta es una de las principales demandas que hace el ejecutivo comunitario en el 'Paquete de Primavera' publicado esta semana, el documento que analiza los retos sociales y económicos más relevantes de cada estado miembro. En el archivo, Bruselas hace referencia a "las grandes ciudades y a las áreas donde más se concentra el turismo". Por otra parte, y vinculada a la situación de las finanzas públicas, la Comisión ha vuelto a excluir a España de un proceso de déficit excesivo -a pesar de superar los límites marcados en las reglas fiscales- por el impacto "temporal" en las cuentas públicas de las medidas por la dana.
Según la Comisión Europea, el acceso a viviendas accesibles en grandes ciudades y áreas turísticas es uno de los grandes retos del Estado. Tal y como se indica en el 'Paquete de Primavera', la falta de vivienda supone "un gran desafío" sobre todo para las familias con menos recursos y los jóvenes. De acuerdo con los datos del Banco de España recogidos por el ejecutivo comunitario, casi un 40% de los inquilinos españoles destinan el 40% de sus ingresos al alquiler y al pago de servicios públicos, un porcentaje que es del 27% en la media de la UE. Del mismo modo, se calcula que la economía española tiene un déficit de vivienda de aproximadamente 600.000 unidades.
Casi un 40% de los inquilinos españoles destinan el 40% de sus ingresos al alquiler y al pago de servicios públicos
De hecho, el ejecutivo reconoce que "existe una falta de vivienda asequible y social" en España y que éste es "significativamente inferior" a la media de la UE (un 1,5% en España contra el 9% en el conjunto del club comunitario). En este sentido, considera "esencial" revertir todos los factores que limitan la oferta y recomienda al Estado que impulse la construcción residencial y amplíe el mercado de alquiler. "La atención debería centrarse en la rápida provisión de viviendas asequibles, especialmente para los jóvenes y los hogares de menores ingresos", señala la Comisión.
En paralelo, Bruselas insta al Estado a liberar suelo público para ampliar el parque de vivienda social, incrementar la financiación de hogares asequibles, eliminar cuellos de botella "innecesarios" y resolver "la escasez" de mano de obra en la construcción, ya que, según la Comisión, más del 50% de los empresarios dentro del sector reconocen "importantes dificultades" para encontrar trabajadores.
Otras recomendaciones
En un contexto marcado por la amenaza rusa, la Comisión también ha utilizado las recomendaciones a los diferentes estados para expresar sus prioridades de cara a la próxima legislatura. Una de las que aparece en el documento tiene que ver con el incremento del gasto en defensa. En este caso, se insta a España a reforzar este aspecto aprovechando los topes máximos sobre incremento del gasto recomendados por el Consejo de la UE a principios de año.
Vinculado a un incremento de las inversiones, Bruselas hace un llamamiento al Estado para que simplifique regulación, reduzca los trámites administrativos y la "fragmentación reguladora" entre las diferentes regiones. El documento también habla de mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, facilitar la creación de negocios y reforzar los vínculos entre la ciencia y el sector empresarial.
En línea con las recomendaciones del año pasado, la Comisión Europea vuelve a recomendar al Estado que mejore la gestión del agua para hacer frente a los retos que presenta el cambio climático, ya sea reforzando la coordinación entre los diferentes organismos administrativos y "ampliando el abanico de soluciones" para responder ante episodios de sequías o inundaciones. Y recordando el reciente apagón eléctrico, se insta al gobierno español a invertir en almacenamiento de energía, transmisión y distribución de electricidad y mejora de las interconexiones.
Al mismo tiempo, el ejecutivo comunitario pide abordar el problema de la pobreza infantil, sobre todo teniendo en cuenta que España es el segundo país de la UE -sólo superado por Bulgaria- donde un mayor porcentaje de los menores están en riesgo de exclusión social o de pobreza (casi un 35%).